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Etiquetado frontal de alimentos generaría ambiente más saludable en el país

Etiquetado frontal de advertencia en los alimentos preenvasados funciona como una guía en las decisiones de compra y evita que los ciudadanos consuman en exceso azúcares, grasas y sodio

Etiquetas sobre un envase de ketchup Heinz en Chile, de acuerdo con la ley N° 20.606.

El etiquetado frontal de advertencia en los alimentos preenvasados es una estrategia implementada por países como Uruguay, Chile, Perú y Argentina, para informar a la población sobre los productos que pueden afectar su salud.

De esta manera, los gobiernos ayudan a guiar las decisiones de compra y evitan que los ciudadanos consuman exceso de azúcar, grasa y sodio. Estos elementos se asocian con enfermedades no transmisibles como: obesidad, hipertensión arterial y diabetes.

Estas enfermedades son los tres factores de riesgo más asociados a la mortalidad en Argentina (ocasionan 140.000 muertes al año), donde la herramienta fue aprobada esta semana en un plenario de cuatro comisiones de la Cámara baja.

Argentina ya presentaba avances regulatorios para la eliminación de grasas trans y su Cámara de Senadores había aprobado la obligatoriedad del etiquetado frontal en octubre de 2020. Sin embargo, estuvo nueve meses esperando ser tratado por los diputados.

Instrumento de salud pública 

Etiquetado frontal de alimentos en una góndola en México

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sistema de etiquetado frontal funciona empleando sellos con texto informativo en la etiqueta delantera del envase.

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“La herramienta ha sido reconocida por organismos internacionales como un instrumento de salud pública costo-efectivo para facilitarle a la población la toma de decisiones saludables. Además de advertir del contenido en exceso de nutrientes críticos como sodio, azúcares y grasas saturadas, en productos envasados, que se han relacionado con el desarrollo de enfermedades no transmisibles”, explicó la Dra. Karol Madriz, nutricionista e investigadora.

En el caso de Costa Rica, la experta comentó que garantizaría el derecho humano a la alimentación y otros derechos como a la salud y a la información. “Contribuiría a generar un ambiente alimentario para que la población tome decisiones saludables con relación a su alimentación”, manifestó.

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que el 14,8% de la población costarricense mayor de 20 años es diabética, 34% padece de hipertensión arterial y 64,5% de obesidad, cifra que convierte a Costa Rica en el sexto país de Latinoamérica con más sobrepeso.

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Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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