Por: Alberto Porras, GCF Consultores
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que había presentado una propuesta para modificar ciertos artículos del proyecto de Ley 22.382 “Impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo“.
Este había sido presentado por el Poder Ejecutivo en enero de este año, es decir, tan solo cinco meses después proponen una nueva modificación, demostrando nuevamente la falta de un rumbo claro de la actual administración.
A pesar de los intentos del Gobierno de minimizar el impacto del presente proyecto, lo cierto del caso es que se pretende incrementar en gran manera la tarifa y los tramos. Al día de hoy, la tarifa del impuesto inicia en 0,25% hasta los 335 millones de colones y no es sino hasta los ¢1.667 millones que se llega a la tarifa del 0,50%, queriendo el gobierno pasar a una tarifa del 0,50% a partir de los ¢150 millones de colones (325 salarios base).
Según el comunicado, se incluyen las siguientes exenciones:
- Los bienes inmuebles propiedad de Asociaciones o Fundaciones que realicen obras de bien social, autorizadas para recibir donaciones deducibles del impuesto sobre la renta.
- Los bienes inmuebles que hayan sido adjudicados como herencia con anterioridad al 1 de marzo del 2021.
- Los bienes inmuebles donde el terreno representa más del 40% del valor del inmueble (esta exención aplicará únicamente para inmuebles que tengan un valor inferior a los 455 salarios base aproximadamente ¢210 millones).
Señala con bombos y platillos el Ministerio de Hacienda que únicamente el 2% de las propiedades registradas pagará el impuesto; sin embargo, lo que no señalan es que las propiedades se revalorizan según métodos que el mismo Ministerio aprueba y aplica mediante su órgano de normalización técnica.
Merece la pena recordar que, en octubre de 2020, 189.000 propiedades sufrieron un aumento de valor -producto de los métodos antes dichos- que derivó en un mayor pago del impuesto de bienes inmuebles para los contribuyentes en plena pandemia.
Preocupa la insistencia del Gobierno en aumentar los impuestos y la suscripción de nuevos créditos en lugar de contener y disminuir el gasto.
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