Hoy Hacienda informó del decomiso de 65 mil unidades de licor. Sin embargo, el ministerio sigue sin implementar el mandato de la Ley 9961.

El 24 de marzo del 2021 se publicó la Ley 9961 para la trazabilidad de licores, LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN, IMITACIÓN Y CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, para ser implementada por el Ministerio de Hacienda.

El Proyecto de Ley 20.961, oficialmente tramitado, fue aprobado definitivamente por la Asamblea Legislativa en marzo del 2021 y su objetivo principal fue proteger la salud pública y frenar la evasión fiscal mediante la trazabilidad y control de los licores en el país.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con todo el mandato de la ley, el cual exige:

Realizar trazabilidad fiscal obligatoria mediante un mecanismo de identificación y registro centralizado para las bebidas alcohólicas para garantizar que los productos sean legales.
Combatir el mercado ilícito de alcohol adulterado (típicamente mezclado con metanol) y el contrabando.
Decomisar y sancionar cuando no se apliquen los mecanismos de seguridad y registro. Cuando el producto no contenga los sellos del Ministerio de Hacienda, se faculta a la Policía Municipal a decomisar el producto.
Clausura de negocios: Las municipalidades están autorizadas para aplicar cierres provisionales y precautorios a aquellos establecimientos que comercialicen bebidas ilegales.

Debe aplicarse sistema de rastreo

La iniciativa para aplicar un sistema de rastreo por ley, fue promovida por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), dictaminada positivamente en la Comisión de Asuntos Económicos, sufrió cambios al sacar a la cerveza de la trazabilidad, se aprobó en segundo debate y finalmente aprobada por los diputados en el 2021. La normativa debería funcionar como una importante reforma y adición directa a la Ley 9047 (Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico).

Por otra parte, Costa Rica ratificó desde el año 2016, el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Este es un tratado internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca erradicar el contrabando y la falsificación mediante el control estricto de la cadena de suministro y la cooperación internacional. Para ello, el país debió haber implementado hace 10 años lo siguiente:

- Control de la cadena de suministro para obligar al licenciamiento de toda la cadena (fabricantes, importadores y distribuidores), exigiendo registros precisos de las transacciones para evitar el desvío de productos.
- Trazabilidad global mediante un sistema de seguimiento y localización (track and trace) que permite a las autoridades identificar el origen y la ruta legal de cada paquete de cigarrillos.
- Cooperación institucional: Involucra la acción conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para combatir la evasión fiscal y el crimen organizado.

El contrabando sigue y la ley no se aplica

Como parte de las acciones para combatir la evasión fiscal y el contrabando, este miércoles, el Ministerio de Hacienda informó que decomisó cerca de 65 mil unidades de licor diverso (wisky, cerveza, ron, cidra y vodka) en un operativo realizado en bodegas y negocios ubicados en Grecia, Heredia y Guadalupe. En algunos casos se presume la evasión de impuestos por parte de los comerciantes, al no contar con los permisos de importación o no disponer de los documentos que respalden la compra de estas mercancías y su venta en el país.

La mayor cantidad de estos licores se encontró en una bodega ubicada en Grecia, donde también se incautaron 2.000 unidades de cigarrillos.

En esta acción participaron funcionarios de las direcciones generales de Aduanas, Tributación y Policía de Control Fiscal (PCF). Además de la incautación de mercancías, se levantaron actas por irregularidades en el cumplimiento de deberes formales ante Tributación, tales como la presentación de declaraciones y pago de impuestos.

Más operativos

Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos, aseguró:

Desde que iniciamos nuestra gestión nos comprometimos a recaudar mejor los impuestos que tenemos, y eso pasa por un mayor control y un aumento de las acciones para combatir la evasión y el contrabando. Lo que decomisamos en solo estos tres días de operativos, demuestra que tenemos capacidad de aumentar aún más las acciones de control. Quienes hacen las cosas bien, no tendrán ningún problema con Hacienda, pero vamos a seguir de frente contra los evasores y contrabandistas."

Patrocinio

Carvajal aseguró, que durante los próximos meses continuarán con operativos más rigurosos en fronteras, carreteras y centros de distribución y venta, con el fin de detectar y sancionar a quienes incumplen la ley.

El impulsor de la ley que se comió la bronca

En marzo del 2021, el diputado liberacionista Daniel Ulate, quien impulsó el proyecto, aseguró:

Se trata de una propuesta que le dará la potestad a las municipalidades para que puedan realizar operativos en los que puedan detectar contrabando de licor, que es una problemática en cuanto a las finanzas del Estado y la salud de las personas que adquieren estos productos.”

Esta propuesta incluyó que el Ministerio de Hacienda establecería un registro de código de barras y de etiquetados de licores para la identificación de bebidas alcohólicas adulteradas, imitaciones y contrabando, por parte de los consumidores y autoridades policiales.

En ese momento, Ulate fue enfático en que:

Este proyecto le permitirá al país tener un repositorio único de bebidas alcohólicas donde mediante un sistema de trazabilidad, Hacienda podrá verificar que tipo de licor es legal y cual ilegal."

Sin embargo, a cinco años de la aprobación de esta ley, Hacienda no la ha implementado.

Track and trace a nivel global

Los sistemas track and trace (rastreo y localización o trazabilidad) asignan un identificador único a cada botella (mediante sellos físicos o códigos digitales) para seguirla desde la fábrica o aduana hasta el consumidor final. Estos sistemas son obligatorios en gran parte de Europa, Turquía, Kenia y Marruecos; mientras que en América se implementan en Canadá, Estados Unidos (California, Massachusetts), Brasil, Chile, Ecuador y República Dominicana.

En Ecuador, por ejemplo, desde la implementación de su sistema, se han marcado miles de millones de productos, logrando un control más estricto del contrabando y un incremento sostenido en las recaudaciones tributarias. República Dominicana, por su parte, es considerado un referente regional con su sistema, ya que ha logrado incautar millones de unidades ilícitas, reducir el contrabando y llevar a cero las muertes por consumo de alcohol adulterado.

No deben bajarse los precios

Ante la duda de si será necesario bajar los precios de productos dañinos para la salud con el fin de disminuir el comercio ilícito, el Banco Mundial es enfático en que no es la forma. Según el estudio "Confronting Illicit Tobacco Trade", el contrabando de tabaco está impulsado fundamentalmente por la debilidad institucional, el crimen organizado y la corrupción aduanera, desmintiendo que los impuestos altos sean la causa principal del mercado ilegal. Los hallazgos principales del Banco Mundial señalan que:

El comercio ilícito es mayor en países con impuestos y precios bajos, donde la débil gobernanza facilita la entrada de productos ilegales.
El contrabando no beneficia al fisco ni a la salud pública, sino que desvía ingresos hacia el crimen organizado y debilita las políticas de salud pública.
Para frenar el mercado ilegal se requiere mejorar el control fronterizo, implementar sistemas de seguimiento (track and trace) y homologar leyes internacionales.