El pueblo de Jacó está molesto. La propuesta del alcalde de Garabito, Francisco José González Madrigal, de abrir un debate nacional para regular el consumo de drogas y establecer una zona permisiva de aproximadamente 70 hectáreas en el cantón para actividades vinculadas con la prostitución y las drogas, provocó una inmediata reacción de rechazo por parte de autoridades judiciales, policiales, representantes del sector turístico nacional y el mismo Concejo Municipal.
Las declaraciones del jerarca municipal, han generado una de las controversias más importantes de los últimos meses en torno al futuro turístico y social de Jacó, uno de los principales destinos turísticos del Pacífico Central:
Qué propone el alcalde
Según explicó González, su idea consiste en incorporar dentro del futuro Plan Regulador de Garabito un área específica de aproximadamente 70 hectáreas donde se permitirían actividades que actualmente se desarrollan de manera dispersa o clandestina.
De acuerdo sus declaraciones, el alcalde planteó la creación de una zona que operaría las 24 horas del día, concentrando actividades relacionadas con prostitución, consumo de drogas y otras dinámicas asociadas al turismo nocturno.
La propuesta fue presentada como una forma de trasladar esas actividades fuera del centro de Jacó, con el argumento de convertir otras zonas del cantón en espacios más orientados al turismo familiar.
Sin embargo, especialistas en derecho han señalado que un gobierno local carece de competencias para legalizar drogas o modificar aspectos regulados por la legislación nacional, por lo que cualquier iniciativa de esa naturaleza requeriría reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa y otras instituciones del Estado.
Fiscal General: declaraciones “desafortunadas”
Uno de los primeros en reaccionar fue el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien calificó las manifestaciones del alcalde como “desafortunadas”.
Díaz expresó su oposición a la propuesta y advirtió sobre las implicaciones que tendría para la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.
La posición del Ministerio Público coincide con los esfuerzos que mantienen las autoridades para combatir redes de narcotráfico, legitimación de capitales, explotación sexual y trata de personas, delitos que históricamente han afectado a distintas zonas costeras del país.
OIJ rechaza convertir a Costa Rica en destino de drogas y explotación sexual
También reaccionó el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas, quien manifestó preocupación por el mensaje que enviaría una propuesta de este tipo.
Soto sostuvo que Costa Rica no debería proyectarse internacionalmente como un destino asociado al consumo de drogas o a la explotación sexual y recordó que muchas de las investigaciones del OIJ en zonas turísticas están relacionadas precisamente con estructuras criminales que obtienen ganancias mediante estas actividades.
Las declaraciones del jerarca policial fueron difundidas luego de que la propuesta comenzara a generar una amplia discusión pública en medios de comunicación y redes sociales.
CANATUR también se opone
La propuesta también encontró resistencia en el sector turístico organizado.
La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) rechazó públicamente la iniciativa y advirtió que una estrategia de este tipo podría afectar la imagen internacional del país.
La organización recordó que Costa Rica ha construido durante décadas una marca turística basada en la sostenibilidad, la naturaleza, la biodiversidad y el turismo familiar, por lo que asociar destinos turísticos con zonas de tolerancia para drogas y prostitución representaría un riesgo reputacional importante para la industria.
Tres exalcaldes de la Municipalidad de Garabito cuestionan el accionar de la actual administración durante el derribo de la aguja ubicada en Punta Leona, realizada el pasado 4 de junio, y coinciden en que esta acción requería una resolución judicial expresa y vigente, al tratarse de un asunto que continúa siendo analizado por los tribunales.
Quién es Francisco González Madrigal
Francisco José González Madrigal es el alcalde de Garabito para el período 2024-2028. Llegó al cargo tras ganar las elecciones municipales de febrero de 2024 con el partido local Pueblo Garabito. Antes había fungido como regidor suplente en el cantón.
Su gestión se ha caracterizado por una postura confrontativa frente a temas de acceso a playas, ordenamiento territorial y uso de espacios públicos.
Desde el 2025, se convirtió en una figura polémica debido a su participación en el conflicto por el acceso a Playa Blanca, en Punta Leona.
A inicios de junio de 2026, la Municipalidad de Garabito ejecutó el derribo de una aguja de control de acceso instalada en la entrada del complejo turístico, alegando el cumplimiento de resoluciones que reconocen la existencia de una vía pública hacia la playa.
La intervención provocó enfrentamientos, denuncias de abuso de autoridad y la detención de dos personas durante los incidentes. Mientras la Municipalidad defendió la medida como una acción para garantizar el acceso público a las playas, representantes de Punta Leona denunciaron daños a infraestructura privada y actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades municipales.
Los exalcaldes de Garabito cuestionaron la intervención del alcalde en Punta Leona. Tobías Murillo Rodríguez, alcalde de Garabito de 2016 al 2024, Marvin Elizondo, de 2007 al 2016 y Víctor Ríos Chavarría, de 1998 al 2002, sostienen que cualquier actuación sobre un acceso cuya naturaleza jurídica permanece en discusión debe fundamentarse en resoluciones judiciales claras y en estricto apego al debido proceso. Los exalcaldes insisten en el respeto a las resoluciones judiciales. Según Murillo: "Si ya había una orden del juez para abrir la calle, lo más correcto era haber demostrado el documento y presentarlo a los representantes de la empresa."
Por otra parte, antes de asumir la alcaldía, González denunció haber recibido amenazas de muerte relacionadas con su participación política.
Según informó La Nación en diciembre de 2023, el entonces candidato aseguró que personas vinculadas a intereses locales le exigían abandonar la política. Posteriormente también trascendió que recibió amenazas atribuidas a un presunto líder criminal conocido como “Oso”, situación que incluso motivó medidas de seguridad personal al asumir el cargo.
Además, este 25 de junio, la Fiscalía de Garabito presentó una acusación contra él por presuntos delitos sexuales en perjuicio de una persona que, según la acusación, era menor de edad al momento de los hechos investigados. En el expediente 24-000448-0645-PE, la Fiscalía solicitó al juzgado admitir la prueba ofrecida y dictar el respectivo auto de apertura a juicio oral y público contra el funcionario municipal.
Los hechos habrían ocurrido entre junio y agosto de 2024, cuando la mujer tenía 17 años, por lo que se acusa a González de los presuntos delitos de relaciones sexuales con persona menor de edad, violación y conducta sexual abusiva. La Fiscalía asegura que cuenta con prueba testimonial, documental, material y digital.
Una propuesta que reabre viejos debates
Las declaraciones del alcalde han reabierto discusiones sobre la realidad de Jacó, una ciudad que desde hace décadas enfrenta desafíos relacionados con narcotráfico, explotación sexual, turismo nocturno, lavado de dinero y seguridad ciudadana.
Aunque la prostitución ejercida voluntariamente por personas adultas no es ilegal en Costa Rica, sí lo son actividades conexas como el proxenetismo, la trata de personas y la explotación sexual comercial. Asimismo, el consumo y comercialización de drogas se encuentran regulados por legislación nacional, por lo que una municipalidad no tiene facultades para establecer excepciones territoriales.
Por ahora, la propuesta no ha sido presentada formalmente ante la Asamblea Legislativa ni ante ninguna institución del Gobierno Central. Sin embargo, ya logró provocar una fuerte reacción de autoridades judiciales, cuerpos policiales, cámaras empresariales y distintos sectores de la sociedad costarricense, que cuestionan si una medida de este tipo contribuiría a resolver los problemas históricos de Garabito o, por el contrario, podría profundizarlos.
Los antecedentes de Jacó: narcotráfico, explotación sexual y crimen organizado
La fuerte reacción que provocaron las declaraciones del alcalde Francisco González no puede entenderse sin revisar los antecedentes que durante décadas han acompañado a Jacó y al cantón de Garabito en materia de narcotráfico, explotación sexual y criminalidad organizada.
Por su condición de destino turístico internacional, cercanía con San José y alta afluencia de visitantes extranjeros, Jacó ha sido señalado recurrentemente por las autoridades como una de las zonas donde convergen diversas actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas, la explotación sexual comercial y el lavado de dinero.
Presencia histórica de redes de narcotráfico
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública han realizado numerosos operativos en Jacó para desarticular organizaciones dedicadas a la venta y distribución de drogas.
En enero de 2024, las autoridades desplegaron un amplio operativo conjunto en Jacó y Herradura tras detectar una creciente presencia de grupos criminales. Durante las intervenciones se decomisaron armas, drogas, vehículos robados y diez radios de comunicación utilizados por organizaciones delictivas para coordinar sus actividades. Las autoridades reconocieron públicamente la existencia de varias bandas operando en la zona.
Años antes, en 2020, el OIJ y la Fiscalía Contra el Narcotráfico desarticularon una organización criminal que utilizaba una finca montañosa en barrio Copey de Jacó como centro de operaciones para almacenar y distribuir cocaína, marihuana y heroína. La investigación permitió la captura de varios sospechosos costarricenses, colombianos y nicaragüenses vinculados con crimen organizado.
Asimismo, en 2021, agentes judiciales realizaron allanamientos simultáneos en Jacó, Quebrada Ganado y barrio Copey para detener a sospechosos que presuntamente distribuían cocaína, crack, marihuana y drogas sintéticas en vía pública, principalmente en el centro de la ciudad.
Las intervenciones contra redes narco no son nuevas. Ya en 2016, el OIJ había desmantelado una organización integrada por ciudadanos colombianos, costarricenses y nicaragüenses que controlaba parte importante del mercado local de drogas en Garabito y que incluso era investigada por robos de cargamentos de droga a bandas rivales.
Investigaciones por explotación sexual y trata de personas
Otro de los factores que explican la preocupación de las autoridades es la existencia de investigaciones relacionadas con explotación sexual y trata de personas.
Recientemente, la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes dirigió allanamientos en Jacó como parte de una investigación contra una organización que presuntamente reclutaba mujeres extranjeras mediante engaños para explotarlas sexualmente en Costa Rica. Según las autoridades, las víctimas eran sometidas a deudas abusivas y obligadas a mantener relaciones sexuales con numerosos clientes para saldar supuestos gastos de traslado y alojamiento.
Además, investigaciones judiciales anteriores han identificado estructuras que operaban en Jacó ofreciendo a turistas extranjeros paquetes que incluían alquiler de residencias de lujo, drogas ilícitas y servicios sexuales. Estas organizaciones utilizaban plataformas digitales para contactar clientes internacionales y habrían generado importantes ganancias mediante actividades ilícitas.
Una preocupación constante para las autoridades
Precisamente por estos antecedentes, tanto el fiscal general Carlo Díaz como el director interino del OIJ, Michael Soto, manifestaron preocupación ante la propuesta del alcalde.
Para los cuerpos policiales y judiciales, Jacó representa una zona estratégica donde históricamente se han concentrado esfuerzos de vigilancia e investigación debido a la presencia de organizaciones criminales que buscan aprovechar la actividad turística para ocultar operaciones vinculadas con narcotráfico, explotación sexual y legitimación de capitales.
Por ello, diversos sectores consideran que una propuesta que vincule la imagen del cantón con la permisividad hacia drogas y prostitución podría enviar señales contradictorias respecto a los esfuerzos institucionales desarrollados durante años para combatir precisamente esos fenómenos criminales.
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Redacción
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Ésto es una resolución retrógrada y anticuada, ya que no pueden resolver el asunto hace décadas, o también no sé cuántos están con beneficios, al separar la zona de los que se divierten queda focalizado.
De lo contrario seguirán haciendo que hacen y no hacen más qué unos cuantos se beneficia económicamente y aquí no ocurre nada.
Y no sólo en la zona mencionada es todo, a lo largo y ancho de Costa Rica.
Los costarricenses estamos bien informados de la enorme corrupción que existe en los 3 poderes de la República.