Con 44 votos a favor, el proyecto de ley 20.961 contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico, fue aprobado en segundo debate este martes.
Esta iniciativa pretende brindar herramientas al Estado para atacar el contrabando de licor, desde la perspectiva de evasión fiscal y salud pública.
“Se trata de una propuesta que le dará la potestad a las municipalidades para que puedan realizar operativos en los que puedan detectar contrabando de licor, que es una problemática en cuanto a las finanzas del Estado y la salud de las personas que adquieren estos productos”, comentó el diputado liberacionista Daniel Ulate, quien impulsó el proyecto.
La propuesta incluye que el Ministerio de Hacienda establezca un registro de código de barras y de etiquetados de licor, o cualquier mecanismo que posibilite la identificación de bebidas alcohólicas adulteradas, imitaciones y contrabando, por parte de los consumidores y autoridades policiales.
Ulate fue enfático en que “este proyecto le permitirá al país tener un repositorio único de bebidas alcohólicas donde mediante un sistema de trazabilidad, Hacienda podrá verificar que tipo de licor es legal y cual ilegal”.
Paola Vega denuncia cabildeo en contra de la iniciativa
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, denunció que esta iniciativa tuvo un cabildeo escondido que no dio la cara y que se manifestó en algunos diputados.
“Como politóloga no puedo decir que el cabildeo o el lobby no existe o es innecesario, sí creo que hay maneras en las que el lobby es transparente y construye sobre la mesa de manera pública, y hay otra manera de cabildeo que actúa por debajo de la mesa de manera poco sana, como en este caso”, manifestó Vega.
La congresista felicitó a Ulate por llevar el proyecto adelante y aseguró que espera que lo mismo se haga con otras iniciativas que están encajonadas por la voluntad de pocos.
“Ojalá la rigurosidad que se le aplica a otras propuestas de ley que algunos socios comerciales piden frenar, se aplique a todos los demás proyectos”, expresó Vega.
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Mano de élites económicas estuvo presente
El frenteamplista José María Villalta resaltó la historia de este proyecto de ley, que fue presentado en agosto del 2018 y que calificó como un ejemplo de cómo las influencias de las élites prevalecen en la Asamblea Legislativa
“Su trámite fue tedioso y en esta historia no hay que olvidar el papel jugado por el Ministerio de Hacienda, cuando el exviceministro Nogui Acosta presentó datos falsos sobre el costo-beneficio de este proyecto, en esa presentación infló casi cinco veces el precio del sistema de trazabilidad para impedir que el proyecto avanzara”, enfatizó Villalta.
Además, hizo hincapié en que el mecanismo que propone la iniciativa permitirá combatir el contrabando, al generar un sistema simple de identificación de bebidas alcohólicas y al permitir que Hacienda tenga datos que le permitan saber el volumen real de ventas de los productores formales.
“Los contrabandistas tienen razones para oponerse sin duda a este proyecto y también la tendrían los productores formales que mienten a Hacienda sobre sus verdaderos ingresos por las ventas de las bebidas alcohólicas. Esa es una de las principales interrogantes que nos generó la propuesta, el porqué de tanta insistencia en frenar una iniciativa con tantos beneficios”, finalizó el frenteamplista.
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ACTUALIZACIÓN: El 24 de marzo del 2021 se publicó la Ley 9961 para la trazabilidad de licores, la cual no incluye a las cervezas: LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN, IMITACIÓN Y CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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