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Estas son las multas y penas que enfrentarían los sospechosos de corrupción en obras

Casa Presidencial, el MOPT y el CONAVI fueron allanados como parte de un operativo que tuvo como fin detener a funcionarios, dueños y colaboradores de empresas privadas relacionados con supuestos pagos irregulares de contratos administrativos de obra vial

Este lunes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público llevaron a cabo un operativo que tuvo como fin detener a funcionarios, así como a dueños y colaboradores de empresas privadas, por pagos irregulares y otros delitos en los contratos administrativos relacionados con obra vial.

Los presuntos involucrados son 19 funcionarios -entre ellos el asesor presidencial Camilo Saldarriaga– y 13 trabajadores de empresas privadas, que habrían influido para favorecer proyectos de las constructoras involucradas, como H. Solís y MECO.

Se acusan además por motivos como tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas, falsedad ideológica, cohecho y peculado. La tesis judicial es la aparente malversación de fondos que generó un déficit de ¢78.000 millones contra las finanzas públicas, entre el 2018 y el 2020.

Allanamientos y detenciones

Como parte de la investigación que realiza el OIJ y el Ministerio Público, allanaron Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Al respecto, Casa Presidencial comunicó que ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando. Además, reiteraron la convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas.

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La Contraloría General de la República (CGR) de igual manera informó que en el operativo se nombra el gerente de la División de Contratación Administrativa de la institución, el Lic. Allan Ugalde Rojas, división que tiene a su cargo la revisión de controles previos a la contratación administrativa.

Por lo que el organismo contralor aseguró que “tanto el gerente como la institución estamos en total disposición de documentar todo lo que estimen las autoridades judiciales. Don Allan se presentará de oficio hoy mismo a las autoridades para ponerse a las órdenes para lo que corresponda”.

En lugares como Escazú, Santa Ana, Curridabat, Alajuela, Heredia, Coronado, Sabanilla y Cartago el OIJ detuvo a 28 personas:

  • MECO: Cerdas Araya
  • MECO: Bolaños Salazar
  • MECO: González Carballo
  • MECO: Arce Alpízar
  • MECO: Bonilla Guillén
  • H. Solís: Solís Vargas
  • H. Solís: Abarca Quesada
  • ITP S.A.: Martínez Martínez
  • Constructora Herrera: Herrera Chacón
  • Constructora Montedes: Castro Rodríguez
  • Diccoc: Cervantes Morales
  • Conavi: Solís Murillo
  • Conavi: Zúñiga Fallas
  • Conavi: Madrigal Rímola
  • Conavi: Carmona Rivas
  • Conavi: Mora Obando
  • Conavi: Ortiz Vega
  • Conavi: Chaves Mora
  • Conavi: Rojas Monge
  • Quesada Pérez
  • Conavi: May Cantillano
  • Zamora Zamora
  • Ureña Villalobos
  • Tribunal Administrativo de Transporte: Quesada Aguirre
  • Conavi: Sánchez Castro
  • Conavi: Lobo Bejarano
  • Conavi: Monge Hernández
  • Rodríguez Araya

Sanciones a las que se exponen

Pero, ¿a cuáles sanciones se exponen los funcionarios y empresarios involucrados en el caso? De acuerdo con José Luis Campos, experto laboral de Alta Batalla, en caso de que finalmente se llegue a declarar la responsabilidad penal de los investigados, tendrían que enfrentar estas multas y penas:

  • Pagos irregulares de contratos administrativos: Uno a tres años de prisión.
  • Tráfico de influencias: de dos a cinco años de prisión.
  • Malversación de fondos: Uno a ocho años de prisión.
  • Asociación ilícita: Uno a seis años de prisión
  • Estafa: Prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario base o prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario base (el salario base de referencia para el año 2021 a efecto de este delito es de ₡462.200).
  • Falsedad ideológica: Uno a seis años de prisión.
  • Cohecho: Hay dos tipos de cohecho; el propio, que consiste en que el funcionario por sí o por persona interpuesta recibe una dádiva o cualquier otra ventaja o acepta la promesa directa o indirecta de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto propio de sus funciones. Además, se le impondrá una multa hasta de treinta veces el monto equivalente al beneficio patrimonial obtenido o prometido. Si es un cohecho impropio, que se da cuando el funcionario público, por sí o por persona interpuesta, reciba una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o acepte la promesa de una retribución de esa naturaleza para hacer un acto propio de sus funciones, la pena va de uno a cinco años de prisión. Además, se le impondrá una multa hasta de quince veces el monto equivalente al beneficio patrimonial obtenido o prometido. “Hay que agregar que se aplica la misma pena para la persona que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida”, comentó el experto.
  • Peculado: Tres a doce años de prisión.

De acuerdo con Campos, la ley actúa de una manera diferente por tratarse de supuesto dinero público desviado. “Todos los delitos investigados son delitos contra los deberes de la función pública. Este tipo de delitos también protege a la Hacienda Pública, tanto en su integridad como en el debido uso de estos fondos públicos”, aseguró el experto.

Asimismo, indicó que los funcionarios supuestamente involucrados no tienen inmunidad de ningún tipo. “Únicamente el Presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros de Gobierno, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones tienen este fuero de inmunidad. Los demás funcionarios públicos pueden ser sujetos de persecución penal como cualquier otro ciudadano” concluyó.

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Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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