Cabildeo amenaza ley que solucionaría contrabando de bebidas alcohólicas

Este miércoles en Plenario Legislativo, el diputado frenteamplista José María Villalta, denunció las acciones que califica como intentos de sabotaje al proyecto de ley 20.961 contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico.

La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) fue quien propuso la iniciativa como una solución a la problemática que, de acuerdo con gobiernos locales, es de suma preocupación especialmente en un contexto donde hay muertes por intoxicación a causa del consumo de este tipo de productos.

A pesar de que el proyecto es catalogado por algunos legisladores como urgente y de gran importancia, Villalta asegura que hay autoridades como el viceministro de Hacienda Nogui Acosta y empresas del sector privado que no están de acuerdo y se han propuesto actuar para lograr que el proyecto no sea una ley de la República.

Al respecto, Villalta aseguró en Plenario: “Me llamó la atención escuchar en un programa de radio al viceministro de Hacienda, el señor Nogui Acosta, que a veces parece representante de las tabacaleras o de la cervecería. Escucharlo en un programa decir que a él le preocupa que se implemente este sistema de trazabilidad propuesto en este proyecto de ley porque podría ser muy costoso, pero la evidencia que tenemos de países que han aplicado este sistema indica que un mecanismo de estos puede incrementar la recaudación de impuestos por licores y cigarrillos hasta un 50%. Estimaciones de nuestro país indican que el fisco podría recuperar más de $75 millones solo en licores”.

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Precisamente el pasado 6 de agosto Acosta brindó una entrevista a la periodista Amelia Rueda durante su programa Nuestra Voz. En ella, el representante de Hacienda indicó: “Tenemos una gran preocupación porque el costo del ejecutado es más de lo que recaudamos en impuestos. Nosotros hicimos un cálculo de cuántos licores hay en el país con mucha celeridad, y serían como 100 colones por cada botella y en el país se consumen como 150 mil hectolitros que son como 200 millones de botellas, más todas las cervezas”.

También dijo: “En el Ministerio recogemos 45 mil millones que ni siquiera entran en Hacienda porque van a otras entidades, pero entonces Hacienda va a tener que sacar $100 millones de donde no tiene para poder hacer el etiquetado, porque no estamos recaudando nada”.

Según cifras investigadas por el Diputado Daniel Ulate del Partido Liberación Nacional (PLN), uno de los impulsores del proyecto de ley, a través de la información pública de los sistemas de rentas internas del Ecuador y de República Dominicana, un sistema de trazabilidad fiscal cuesta alrededor de $0,03 por botella marcada (¢17,4) y para implementarlo, el legislador asegura que los consumidores no deberán pagar de más porque el sistema se paga solo.

Ulate indicó que el incremento de ingresos para el Estado por dólar invertido puede ir desde $7 hasta $15. Por ejemplo en Ecuador, dijo el diputado, con el sistema de trazabailidad entre 2016 y 2017, la recaudación aumentó 380% en cerveza artesanal, 22% en cerveza y 20% en licores.

Para el diputado Villalta, Costa Rica está obligada a actuar para solucionar esta problemática porque ya se firmó el protocolo contra el comercio ilícito de tabaco, mismo que según mencionó, obliga a implementar un sistema de trazabilidad.

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Sector privado visita constantemente la Asamblea

De acuerdo con Ulate, las cifras que representa el contrabando en materia financiera es un tema preocupante, al igual que el número de muertos que ha dejado el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas.

No obstante, afirmó que le preocupa aún más, al igual que Villalta, las declaraciones del viceministro Acosta en el programa radial.

Otra de las situaciones que amenaza el avance del proyecto, es el cabildeo por parte de empresas privadas del sector privado, especialmente de bebidas alcohólicas en la Asamblea Legislativa. “Me hace pensar que hay que hay gato encerrado”, comentó Ulate al respecto.

Por otra parte, Gerardo Lizano, representante de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) en la Comisión Mixta de Lucha Contra Contrabando, externó en el mismo programa de Nuestra Voz, que le inquieta el costo elevado que puede tener implementar este proyecto de ley.

“Es un costo muy alto para dar la batalla en el último eslabón de la cadena comercial, porque se trata de puntos de venta y es donde más se necesitan recursos para controlar, cuando hay otros puntos anteriores en esa cadena que se podrían ver. La matemática y los cálculos de Nogui no está dando y estamos poniendo toda la plata en la última parte de la cadena”, manifestó Lizano.

Con respecto al tema, el diputado Ulate expresó: “No quisiera pensar tan mal, pero cuando uno escucha hablar a estas personas en un escenario público con estas cifras hacia la población, comienzo a dudar de sus fines”.

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Importancia del proyecto

Roberto Thompson, diputado liberacionista, afirmó que a pesar de que la inversión monetaria es un tema que preocupa a Hacienda, él está convencido de que es mucho más el dinero que se puede recuperar.

El expediente 20.961 fue votado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Económicos y tras la convocatoria del Poder Ejecutivo, llegará al Plenario para las sesiones extraordinarias que se realizarán en el mes de agosto.

“La iniciativa tiene que cumplir con los dos días de mociones que establece el artículo 137 del Reglamento Legislativo, de manera que todos los diputados tendrán derecho a plantear las mociones que esperamos vayan en la línea de enriquecer o mejorar el proyecto, pues serán conocidos por la Comisión hasta que se puedan votar”, concluyó Thompson.

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