Este 2021 inició con el reporte de siete casos sospechosos de intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, de los cuales seis fallecieron.
A raíz de esta situación y de que el 2020 cerró con 48 personas muertas por la misma razón, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y el diputado liberacionista Daniel Ulate, solicitan al Gobierno la convocatoria pronta del proyecto de ley 20.961 contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico.
Para la ANAI, la convocatoria es prudente especialmente ahora que la Sala Constitucional declaró inadmisible la consulta facultativa que realizaron 11 diputados sobre la propuesta de ley.
La resolución de la Sala se debe a que tres de los 11 diputados que la presentaron: Pablo Heriberto Abarca, Aracelly Salas y Floria Segreda retiraron sus firmas, y para que la consulta sea resuelta se debe contar con al menos 10 firmas.
No obstante, uno de los magistrados determinó que el proyecto carece de vicios de constitucionalidad en los términos que solicitaron ser examinados.
Proyecto daría herramientas a policías municipales y a Hacienda para atacar el contrabando de bebidas alcohólicasJonathan Espinoza, director ejecutivo de la ANAI. Fuente: Facebook ANAI
La iniciativa que se tramita desde hace año y medio fue aprobada en primer debate en noviembre anterior, con 35 votos a favor. Sin embargo, aún no ha sido convocada para ser discutida una segunda vez.
Para el legislador Ulate, impulsor del proyecto, la importancia de esta propuesta también recae en que el Ministerio de Hacienda tendría una herramienta útil y eficaz para atacar el contrabando de licor, cuya evasión según afirmó, ronda los US$95 millones anuales.
Jonathan Espinoza, director ejecutivo de la ANAI, comentó que con su aprobación, se generarían una serie de mecanismos con los que los cuerpos policiales, incluidas las policías municipales, podrían sumarse a la fiscalización.
“Sabemos que la Policía de Control Fiscal por su centralidad tiene recursos limitados, mientras que los municipios contamos con más de 1.000 efectivos en 30 cantones, y más de 600 inspectores. Sabemos dónde están las patentes, pues las municipalidades son las que la otorgan y deben fiscalizar su funcionamiento y venta de bebidas alcohólicas”, aseveró Espinoza.
El representante de la ANAI agregó que esta propuesta contempla tres aristas: la salud como un derecho fundamental y primario; el control efectivo del comercio y el mejoramiento de la recaudación fiscal.
La iniciativa también incluye que el Ministerio de Hacienda establezca un registro de código de barras y de etiquetados de licor, o cualquier mecanismo que posibilite la identificación de bebidas alcohólicas adulteradas, imitaciones y contrabando, por parte de los consumidores y autoridades policiales.
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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