La Caja y el IAFA defienden recursos de la Ley Antitabaco para tratamiento y prevención del cáncer

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre el Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) manifestaron su oposición al proyecto de ley N° 20-923 (Reforma al artículo 29 de la ley N° 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud), iniciativa del liberacionista Luis Antonio Aiza.

Dicha iniciativa de ley pretende modificar la distribución actual del impuesto a productos derivados de tabaco; restando un 5% a cada institución, argumentando que ambas presentan superávit. El dinero se destinaría al Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder) que actualmente recibe un 10% para pasar a recibir un 20% de los impuestos que se recaudan por la Ley 9028. Aproximadamente se recaudan al año ¢32.000 millones.

IAFA invierte en atención a fumadores y prevención

El IAFA dio a conocer que, de aprobarse la reforma, dejaría de percibir alrededor de ¢1.600 millones al año, lo que repercutiría de manera negativa en la atención que se brinda a las personas consumidoras de tabaco y en los programas preventivos enfocados en poblaciones vulnerables, como niños y adolescentes.

"El IAFA atiende a la población que posee problemas de consumo de tabaco y otras drogas, sin ninguna condición de aseguramiento, edad y sin ningún tipo de costo. Actualmente el 10% de los recursos que recibe el IAFA provenientes de la Ley 9028 se utilizan para desarrollar programas institucionales enfocados en prevención y tratamiento, estrategias de promoción de la salud, mantenimiento y fortalecimiento de las clínicas de cesación de fumado, implementación de Centros de Atención en Drogas y Programa de Detección e Intervención Temprana (PDEIT); siendo este el programa preventivo que cubre la población en edad colegial a lo largo de todo el territorio nacional", explicó la institución en un comunicado.

De acuerdo con el IAFA, al disminuir de un 10% a un 5% el monto que le llega gracias a los impuestos de la Ley 9028, se le dificultaría brindar atención a las más de 22.471 personas con trastornos sociales, psicológicos o médicos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas ni a los 89.860 familiares o allegados cercanos a las personas consumidoras, así como desarrollar los programas preventivos actuales que favorecen a más de 1.149.502 personas de los cantones de Pavas, San Isidro del General, Heredia, Liberia Alajuela y Pococí.

Además, señalan que de aprobarse este proyecto de ley no se estaría contemplando las competencias rectoras del IAFA en materia de drogas, los compromisos adquiridos en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, las funciones específicas de IAFA respecto a la Ley 9028 como lo son la creación y aprobación de programas de cesación de fumado y la afectación presupuestaria en proyectos que ya están en marcha.

Asimismo, no se cumpliría con lo establecido en la Estrategia Nacional para el Abordaje Integral y la Reducción del consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de salud pública de Costa Rica 2016-2021.

La CCSS tiene los recursos comprometidos

Patrocinio

Con la reforma, la Caja Costarricense de Seguro Social perdería el mismo monto que el IAFA y asegura que esos recursos son usados para la atención de pacientes, la formación de profesionales, la compra de equipos y la educación en las comunidades.

"La Junta Directiva en pleno había expresado su oposición ante la Comisión de Asuntos Económicos y los directores presentaron el estado de la situación real de la enfermedad y de los recursos: ante el aumento de casos de cáncer en el país, la institución necesita aumentar cada año la inversión contra la enfermedad, por lo que es inadecuado pensar que se pueda hacerlo con menos recursos cada vez", detalló la CCSS en un comunicado.

El Dr. Roberto Cervantes Barrantes, gerente general, asegura que todos los recursos son usados de inmediato o se reservan para proyectos que están en marcha en algún punto de planificación. Con estos fondos se ha fortalecido el diagnóstico temprano de los cánceres más comunes en el país para dar mayor oportunidad de sobrevida o recuperación, entre ellos el de mama, de cérvix, estómago, próstata y piel.

Sin embargo, algunos fondos comprometidos no se presentan como ejecutados porque no han terminado su proceso de desarrollo, por lo que se ha dado a entender que no se usan, cuando ocurre lo contrario: están totalmente asignados a grandes compromisos que impactarán a los pacientes.

De los fondos asignados (¢70 mil millones) para próxima ejecución, ¢47 mil millones están destinados a los siguientes proyectos:

La reposición de los tomógrafos para los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia
El centro conjunto de radioterapia donde se instalarán los aceleradores lineales para los hospitales San Juan de Dios, Nacional de Geriatría y Gerontología y el Nacional de Niños.
La torre de hemato-oncología del Hospital Calderón Guardia para el estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades benignas y malignas concernientes a las células y componentes sanguíneos.

“Es incorrecto decir que tenemos recursos ociosos cuando en realidad los tenemos reservados para grandes proyectos que impactarán positivamente el tratamiento de los pacientes”, dice el gerente general , haciendo un llamado a los diputados mantengan los fondos frescos donde se necesitan.

Cigarrillos no pagarán parte del IVA

Además de la afectación que tendrían la CCSS y el IAFA, el Estado también dejará de percibir cerca de ¢3.200 millones anuales por concepto del IVA en productos de tabaco, pues la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocida como Plan Fiscal) dejó por fuera el impuesto específico de la Ley 9028 en el cálculo de la base imponible del nuevo impuesto. Esa cifra es superior a la cantidad de recursos que se retirarían a dichas instituciones de prosperar el proyecto del diputado Aiza.