Las multas pendientes de pago por infringir la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (9028), suman actualmente ¢574 millones.
Según el Registro Nacional de Infractores (SINFRA), el monto de multas pendientes de pago es de ¢ 574.487.480.
Actividades como fumar en sitios prohibidos, no colocar avisos de “prohibido fumar, ambiente libre de humo”, permitir que personas fumen donde se prohíbe, vender tabaco en espacios donde es ilegal, suministrar cigarrillos sueltos, son las que se multan con hasta el 50% de un salario base.
Quienes incumplan la obligación de brindar información de los productos de tabaco al Ministerio de Salud, los trámites aduaneros, no coloque advertencias sanitarias, incumpla las especificaciones normativas de empaquetado y etiquetado de estos artículos, o bien, no cumpla con las disposiciones de publicidad, promoción y patrocinio establecidas, pueden recibir una multa de diez salarios base.
Datos alientan a no bajar la guardia con las fiscalizaciones
Para la Red Nacional Antitabaco (RENATA) la cifra tan elevada fue una sorpresa. Diego Montero, vicepresidente de la organización comentó que de este dato se desprenden elementos importantes de analizar.
“No hay que bajar la guardia con respecto a la fiscalización de acciones de incumplimiento a la ley, en especial lo referente a las ventas de cigarrillos ilícitos, publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco”, manifestó Montero.
El Ministerio de Salud realizó dos prórrogas a quienes habían infringido la Ley 9028 o sus reglamentos durante el 2020 y 2021.
“Es contradictorio que en este contexto de pandemia se concedan prórrogas a las infracciones relacionadas con productos de tabaco, que, como sabemos, dañan el sistema respiratorio y son determinantes a la hora de enfermar gravemente o no a causa de Covid-19”, añadió Montero.
Ante este panorama, el vicepresidente de RENATA explicó que ahora más que nunca “es necesario asegurar que el Ministerio de Salud cuente con estos recursos económicos lo más pronto posible para continuar las labores de control de la ley, así como abordar acciones de prevención del tabaquismo, y promoción de estilos de vida saludables, especialmente entre la población joven”.
Dinero recaudado no cubre costos de enfermedades relacionadas al consumo de tabaco
Datos del último estudio realizado por el Instituto de la Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), indican que los impuestos a productos de tabaco recaudan ¢27.185 millones, que no cubre ni el 9% de los costos asociados con las enfermedades que produce este vicio.
El Ministerio de hacienda explicó a aDiarioCR.com que los productos de tabaco, que incluye vaporizadores y cigarrillos electrónicos, se encuentra regulado en la Ley 9028 y sus reglamentos: “de ¢20 colones por cada cigarrillo, purito, cigarro o puro de tabaco y sus derivados, monto que debe ser actualizado anualmente por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)”.
De acuerdo con el Ministerio de Salud existen 113 productos autorizados para uso en vaporizadores; no obstante, los números de Hacienda apuntan a que ninguno está pagando impuestos.
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