El 24 de marzo del 2021 se aprobó la Ley 9.961 contra la Adulteración, Imitación y Contrabando de bebidas con contenido alcohólico. Su reglamentación podía hacerse incluso 18 meses después de su aprobación; sin embargo, pasaron dos años y el reglamento no se publicó.
De acuerdo con Hacienda, el reglamento no se hizo porque hicieron un análisis costo-beneficio para determinar si era procedente implementar las medidas dispuestas en la Ley aprobada por el Congreso y al parecer no lo son.
Sin embargo, surgen dos cuestionamientos: 1. fue una ley que se vio minada por un fuerte cabildeo por parte de la industria de licores; y 2. se están utilizando números errados utilizados erradamente y denunciados por los diputados José María Villalta y Daniel Ulate en 2019.
De qué se trata esta Ley
La Ley aprobada indica que el Ministerio de Hacienda es el encargado de establecer un mecanismo tecnológico de track and trace (identificación y control) para identificar la importación y producción legal de bebidas alcohólicas. Esta debe ser no ser manipulable, no replicable, confiable y fidedigna. Además, debe permitir la trazabilidad fiscal y la posibilidad de que las personas identifiquen si las bebidas son legales, si pagaron los impuestos debidos y si son confiables para su ingesta.
Hacienda realizó estudio costo-beneficio
Según la información brindada la Unidad de Comunicación de Hacienda a aDiarioCR:
Este mecanismo tiene poca posibilidad de obtener resultados favorables para las finanzas públicas.
Dado el alcance de la Ley 9.961 y los costos de adquisición del membrete, así como los costos del proceso de etiquetado que recaerían sobre el Ministerio de Hacienda, es muy poco probable que se obtenga un resultado favorable para las finanzas públicas, por lo que no se recomienda la adopción del mecanismo de control, derivado de la Ley.
El estudio costo-beneficio realizado por Hacienda detalla que si bien la metodología estima el monto total de evasión y contrabando, “debe tenerse en cuenta las experiencias de otros países para contrarrestar este flagelo, que no han logrado erradicar por completo estas situaciones fuera de ley, logrando bajos porcentajes de recuperación. Si bien es cierto algunos países muestran al inicio resultados favorables, en el mediano plazo se observa que los resultados no son los esperados, generan costos muy elevados para la industria”.
Para desarrollar este mecanismo, el estudio consideró dos opciones cuyos montos son de aproximadamente 0,02% del valor de la bebida, donde las empresas usan muestras de bebidas entre USS$30 y US$40, lo que dio como resultado un rango de costo de etiqueta entre los US$0,06 y US$0,08.
Hacienda agregó otros costos como despaletizar, abrir las cajas, etiquetar cada unidad, sellar las cajas y repaletizarlos, casos en los que necesitaban personal, seguros y equipo necesario. El costo más bajo de estas funciones fue de US$0,033 por envase y el mayor de US$0,50.
La institución explicó que no toda ley debe reglamentarse y que en este caso en específico, la reglamentación dependía de los estudios del análisis requerido por el legislador y realizado por la cartera.
Números errados
Sin embargo, los números de Hacienda se basan en números errados que en su momento fueron rectificados y dirigidos al Diputado José María Villalta, pero siguen sin ser difundidos ni utilizados (DGH-545-2019). En aquel momento, el Director General de Hacienda, Juan Carlos Brenes aseguró:
Hay que aclarar que el estudio de bebidas alcohólicas fue elaborado por la División de Política Fiscal de la Dirección General de Hacienda y que existe una diferencia con los datos presentados en la Asamblea en cuanto a la cantidad de envases, ya que hubo un error en la interpretación por parte de los encargados de realizar el estudio con respecto al porcentaje de volumen de alcohol según los mililitros e bebida por presentación.
En un inicio se tomó el porcentaje de alcohol por volumen, como los mililitros de alcohol en cada bebida y que lo que debían hacer era multiplicar el porcentaje de volumen de alcohol por los mililitros de bebida.
Hacienda corrige datos falsos que brindó en Asamblea Legislativa
Reglamento debía realizarse si el estudio costo-beneficio garantiza beneficio
Con esta Ley, se reformó el artículo 15 de la Ley 9047 Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, del 25 de junio de 2012. Su reglamento, debía realizarse siempre que el estudio costo-beneficio demostrara que se cumplen el beneficio de poder identificar la importación y producción legal de bebidas alcohólicas, a excepción de las de producción nacional, las obtenidas de la fermentación de cereales y las de volumen menor a 9%.
Existen casos de éxitos de países que implementaron este mecanismo. Por ejemplo, Ecuador donde el Gobierno aumentó la recaudación por cerveza artesanal en 383%, por bebidas alcohólicas en 7% y por cerveza industrial en 22%. También incrementó en 138% el catastro de contribuyentes e incautó un 234% de productos de más.
República Dominicana implementó en 2018 un sistema de trazabilidad similar al que se desea implementar en Costa Rica. Antes de ponerse en marcha en 2018, impuestos internos recaudó 30,610 millones de dólares republicanos en impuestos selectivos a bebidas alcohólicas, mientras que en el 2021 esa cifra alcanzó los 39,822 millones de impuestos internos, es decir, un aumento del 30%.
Aplicación de la ley se dificulta sin reglamentación
Si una ley no se reglamenta, su aplicación se dificulta. Así lo considera el Ministerio de Salud, cuya oficina de prensa señaló que a pesar de no existir un reglamento, continúan cumpliendo con la aplicación de pruebas de adulteración.
“La falta de reglamentación no afecta las competencias del Ministerio de Salud, debido a que se cumple con cabalidad con la realización de las pruebas de adulteración establecidas”, resaltó la oficina de prensa.
Asimismo, hizo énfasis en que a través de la Ley General de Salud, se tiene potestad para el control, decomiso, retención y clausura de establecimientos, entre otros.
Experto en trazabilidad había advertido que la industria se opondría
En enero del 2020, el diputado Daniel Ulate había traído al Congreso a Michael Eads quien aseguró que:
Los sistemas de trazabilidad son utilizados en aproximadamente 150 países. La mayoría son casos de éxito que se han logrado por medio del compromiso del gobierno, la industria y el fomento de nuevas políticas con el fin de resguardar la salud y las finanzas.
El experto internacional en aduanas, comercio, impuestos especiales y gestión de fronteras advirtió en ese momento que las industrias a controlarse brindan información falsa a gobiernos y medios de comunicación para que se opongan a los sistemas de trazabilidad. Invierten tiempo y dinero en posicionar mitos sobre los sistemas de trazabilidad diciendo que son demasiado caros, que las marcas fiscales no funcionan, que la tecnología no está lista, entre otros muchos.
“El éxito de la trazabilidad está en el compromiso del gobierno”
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