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Conflictos de interés en comisiones, juntas directivas y ministerios

Si bien es cierto que las alianzas público-privadas producen bienestar en muchas sociedades, también es cierto que uno de los deberes del Estado es velar para que las empresas privadas colaboren en la construcción de un mejor país, vendiendo productos y servicios legales, salubres y bajo condiciones equitativas.

Jonathan Marks, director de Bioética de la Universidad Pennsylvania State (PSU).

El abogado y bioético Jonathan H. Marks, director de Bioética de la Universidad Pennsylvania State (PSU), cuestiona la sabiduría popular de que el conflicto es malo mientras que el compromiso, el consenso y la colaboración son buenos. Él lo cuestiona al mostrar cómo los gobiernos pueden perjudicar la salud pública, los derechos humanos y la ecología cuando se asocian con el sector industrial. Es importante y oportuno lo que nos recuerda Marks: “el gobierno tiene la responsabilidad de regular y no la de hacer alianzas (…) el bien común no es lo mismo que el interés común”.

Junta Directiva de la CCSS

Recientemente la Universidad de Costa Rica (UCR) alertó sobre el conflicto de interés por el posible nombramiento en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) del señor Pablo Guzmán Stein, como un representante del sector privado. “Su nombramiento es inconveniente, pues genera un alto potencial de riesgo de conflictos de interés que debe ser previsto y evitado en la administración pública. Sería igualmente inconveniente que, en la misma instancia, se nombrara al rector de la UCR. Ello no solo perjudicaría el equilibrio deseado, sino que sería un descrédito político para la CCSS y, en esta hipotética situación, también para la UCR”, manifestó el rector de ese centro de estudios, el Dr. Henning Jensen.

Ministro de Agricultura y Ganadería

Otro caso lo reveló el diario La República el 19 de mayo pasado, cuando el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, justificó su negativa a la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, porque su “actividad empresarial en los sectores lechero, ganadero y cañero y en otras juntas directivas hace que esté en desacuerdo, ya que esos y otros grupos saldrían perjudicados ante una mayor apertura”, según contestó Alvarado a La República. Puede ser que el señor ministro tenga toda la razón, pero también el conflicto de interés es obvio pues él era el presidente de la Cámara de Porcicultores antes de ser nombrado por el presidente Carlos Alvarado.

Caso del nadador Jonathan Mauri

No podemos dejar de mencionar que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa está investigando el premio Claudia Poll (de ¢233 millones) brindado al nadador Jonathan Mauri, cuando su hermana –Carolina Mauri– era la Ministra de Deportes. El premio fue reclamado por Mauri por quedar campeón en el Campeonato Mundial Master de Natación en Suecia, en 2010, y que los abogados del Estado no supieron negar.

Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito y tabacaleras

Susana Saravia y Teresita Arrieta de la Red Nacional Antitabaco de Costa Rica, asociación que ha tratado de que en Costa Rica se cumpla el Convenio Marco para el Control del Tabaco y que la industria tabacalera no interfiera en las políticas de salud ni de comercio.

También la Red Nacional Antitabaco (Renata) dio a conocer un caso de conflicto de interés. Teresita Arrieta, presidenta de la Red asegura que, en setiembre de 2017, 22 organizaciones no gubernamentales de varios países de América enviaron una carta al Presidente de la República de Costa Rica, a diputados y ministros, advirtiendo de la ilegitimidad que estaba incurriendo el Gobierno en la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito de Costa Rica al hacer participar de la misma a organizaciones que representan a la industria tabacalera.

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La Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito, creada por Decreto Nº38410-MEIC-G-SP-S-H (mayo 2014) del gobierno de Laura Chinchilla, tiene por objetivo coordinar, consolidar y comunicar las políticas, planes y proyectos en contra del comercio ilícito a nivel nacional. Originalmente esta comisión estaba integrada solo por representantes gubernamentales: Ministerio de Economía Industria y Comercio; Ministerio de Gobernación y Policía; Ministerio de Seguridad Pública; Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Salud. Sin embargo, el 22 de agosto de 2016, se reformó el decreto vigente y se incorporó a la comisión representantes de dos cámaras: AmCham (que tiene entre sus miembros a British American Tobacco y a Philip Morris) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector Empresarial Privado (UCCAEP), entre cuyos asociados se encuentran la misma AmCham, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Cámara de Comercio de Costa Rica, que tienen como miembros a empresas de la industria del tabaco.

Para Arrieta, “estas organizaciones representan los intereses de la industria tabacalera y su participación en la Comisión contradice los compromisos asumidos por Costa Rica a través de la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) en 2008 y del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco en 2016”.

El artículo 15 del CMCT señala que los Estados parte tienen el deber de combatir el comercio ilícito de productos de tabaco y en su artículo 5.3 establece que deberán proteger sus políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, ya que existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre dichos intereses y los objetivos de salud pública. Por su parte, el Protocolo subraya la necesidad de “estar alerta ante cualquier intento de la industria del tabaco para socavar o desvirtuar las estrategias destinadas a combatir el comercio ilícito de productos de tabaco” y sostiene que las obligaciones asignadas a una parte no pueden ser cumplidas por la industria tabacalera ni podrán serle delegadas.

La Dra. Nydia Amador, vicepresidenta de Renata, asegura que “existe evidencia que relaciona a la industria tabacalera con el comercio ilegal y que demuestra que, en muchos países, ha evitado que se adopten medidas eficaces para combatir este problema”.

Las organizaciones firmantes de la carta solicitaron que se excluyera de la Comisión a AmCham y a UCCAEP, dejando sin efecto el decreto N° 40014-MEIC-S-G-MSP-MAG-H del 2016, y que desestimara la injerencia directa o indirecta de la industria tabacalera.

Representantes de Renata se reunieron con el entonces viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, y con la sub-directora de la Policía Fiscal, Melissa Rodríguez. Sin embargo, la Dra. Amador asegura que en aquella ocasión, ambos representantes gubernamentales indicaron que para ellos era valioso tener en esta comisión al ex-representante de asuntos corporativos de British American Tobacco Caribe y Centroamérica, Gerardo Lizano, y a otro miembro de UCCAEP, para que les colaboraran con información de todos los productos ilegales, no solo de tabaco. Posteriormente, en enero de este año, Renata recibió un oficio para comunicar que el Comité Técnico acordó legitimar la permanencia de representantes de AmCham y de UCCAEP “pues no se enfocan solo en temas de tabaco sino en la industria en general”.

Para Amador, esto es equivalente a tener avisados a los comerciantes de cómo el Gobierno los controlará. En esta comisión el Gobierno está perdiendo la posibilidad de controlar el comercio ilícito de ciertos productos.

En su carta de respuesta a RENATA, Melissa Rodríguez aseguró que tanto AmCham como UCCAEP tenían voz pero no voto.

¿Ganar-ganar?

Como aseguró Marks el año anterior en TEDTalks Negocios, en la PSU, se nos dice que las relaciones entre gobierno y corporaciones siempre buscan ganar-ganar, pero a veces se les olvida que la comunidad es la que sale perdiendo. Un ejemplo puede ser cuando un gobierno recibe el apoyo de una empresa de productos procesados saturados de dulce para arreglar un parque. Gana la empresa porque se beneficia de la buena reputación, y gana el gobierno porque no tenía el dinero para invertirlo en el parque. Pero, se pregunta Marks: ¿qué pasa con los individuos que luego tienen problemas de obesidad por aumentar el consumo de esos alimentos saturados y procesados que no son controlados por el Estado?

El ganar-ganar entre gobierno y empresa privada debe siempre tomar en cuenta al consumidor y debe desterrar el conflicto de interés.

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