El Poder Judicial enfrenta un nuevo recorte presupuestario que podría reducir en ₡23.722 millones los recursos destinados a su operación durante lo que resta de 2026.
La propuesta fue comunicada por el Ministerio de Hacienda mediante un presupuesto extraordinario que deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa. De acuerdo con el Poder Judicial, la reducción podría afectar la persecución penal, las acciones contra la delincuencia y distintos servicios dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
OIJ sería el más afectado por el recorte
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor reducción propuesta, con ₡9.536,3 millones.
El planteamiento llega mientras el OIJ mantiene investigaciones y operativos contra estructuras de delincuencia organizada y desarrolla acciones que han permitido la detención de líderes criminales.
Además del OIJ, el recorte alcanzaría recursos para juzgados y tribunales, la Defensa Pública, el Ministerio Público y los programas de atención y protección de víctimas y testigos.
¿Cómo se distribuiría el recorte al Poder Judicial?
La propuesta de reducción contempla los siguientes montos:
| Dependencia o área | Recorte propuesto |
|---|---|
| Organismo de Investigación Judicial (OIJ) | ₡9.536,3 millones |
| Administración y operación | ₡8.728,8 millones |
| Juzgados y tribunales | ₡3.287,9 millones |
| Defensa Pública | ₡1.087 millones |
| Ministerio Público | ₡558,1 millones |
| Atención y Protección de Víctimas y Testigos | ₡335,7 millones |
| Fondo de Jubilaciones y Pensiones | ₡187,8 millones |
El rebajo corresponde a partidas del presupuesto aprobado que están vinculadas con la operación institucional para lo que resta de 2026.
Poder Judicial cuestiona cálculo utilizado por Hacienda
Uno de los principales puntos de preocupación del Poder Judicial es la metodología utilizada para determinar cuánto dinero podría recortarse.
Según el comunicado, Hacienda elaboró una estimación estadística con información disponible al 30 de junio de 2026, utilizando patrones históricos de ejecución presupuestaria.
El Poder Judicial advierte que esta metodología permite proyectar cuánto podría ejecutarse al finalizar el año, pero no necesariamente determina cuánto dinero está realmente disponible para ser recortado.
Desde el 30 de junio, la institución ha continuado realizando procesos de contratación, adjudicaciones, adquisiciones de bienes y servicios, además de asumir otros compromisos y pagos correspondientes al segundo semestre.
Un estudio técnico realizado por el propio Poder Judicial determinó que 56 de las 85 subpartidas seleccionadas por Hacienda presentan un disponible inferior al monto que se pretende rebajar.
Esto significa que, según el análisis institucional, en esas partidas los recursos que Hacienda considera susceptibles de recorte no estarían disponibles en la magnitud proyectada.
Poder Judicial analiza acciones legales
Ante las diferencias detectadas entre las proyecciones de Hacienda y la disponibilidad real de algunas partidas, el Poder Judicial evaluará las acciones legales que correspondan.
El tema será conocido con prioridad por la Corte Plena el lunes 24 de agosto.
El recorte de ₡23.722 millones es adicional a otros recursos
El Poder Judicial también hizo una aclaración sobre los diferentes movimientos presupuestarios que se han producido durante 2026.
El pasado 29 de junio, la Corte Plena acordó ceder ₡13.242,08 millones de su presupuesto en ejecución, atendiendo una solicitud del Ministerio de Hacienda y como parte de los esfuerzos institucionales para contribuir a la sostenibilidad fiscal del país.
Sin embargo, esos ₡13.242 millones no están incluidos en los ₡23.722 millones que Hacienda pretende rebajar mediante el presupuesto extraordinario. Se trata, según el Poder Judicial, de una reducción adicional.
A esto se suma que Hacienda había informado previamente que liberaría ₡3.053 millones correspondientes a las cuotas del tercer y cuarto trimestre de 2026, recursos que inicialmente pretendía retener.
Esa liberación ocurrió después de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, presentara un recurso de revocatoria contra la retención de esos fondos.
¿Qué pasa con el fideicomiso de infraestructura judicial?
El Poder Judicial también aclaró información relacionada con el fideicomiso destinado a infraestructura judicial.
Según la institución, el fideicomiso tiene un monto de $82 millones, y no de $700 millones o $600 millones. Además, estos recursos no forman parte del presupuesto del Poder Judicial.
El dinero está destinado a proyectos de infraestructura judicial para atender el déficit de edificios y espacios adecuados para brindar los servicios. Las obras también buscan reducir progresivamente el gasto por alquileres y generar ahorros para el Estado.
Depósitos judiciales no pueden utilizarse para financiar al Poder Judicial
Otro punto aclarado por la institución tiene que ver con los depósitos judiciales.
Estos recursos no pertenecen al Poder Judicial ni forman parte de un fideicomiso. Corresponden a dinero de las personas usuarias relacionado con procesos judiciales en los que una autoridad ha ordenado embargos, retenciones u otras medidas.
También incluyen recursos correspondientes a pensiones alimentarias, que son depositados por la persona obligada y posteriormente entregados a la persona beneficiaria.
Por esta razón, el Poder Judicial señala que no puede utilizar esos recursos para financiar su funcionamiento ni destinarlos a otros fines.
¿Qué dice la Constitución sobre el presupuesto del Poder Judicial?
La Constitución Política establece que al Poder Judicial debe asignársele una suma no menor al 6% de los ingresos ordinarios del Estado.
El comunicado señala que esta disposición fue incorporada cuando todavía no existían algunas de las instituciones que actualmente forman parte del Poder Judicial, como el OIJ, el Ministerio Público y la Defensa Pública, cuyos servicios actualmente se financian con el presupuesto judicial.
De acuerdo con la información suministrada por el Poder Judicial, la función jurisdiccional —los juzgados y tribunales encargados de resolver los casos— recibe actualmente el equivalente al 3,61% de los ingresos ordinarios del Estado, por debajo del 6% establecido constitucionalmente.
¿Qué sigue ahora con el recorte al Poder Judicial?
La propuesta de recorte de ₡23.722 millones al presupuesto del Poder Judicial deberá avanzar mediante un presupuesto extraordinario que será conocido por la Asamblea Legislativa.
Mientras tanto, el Poder Judicial analizará las posibles acciones legales y llevará el tema ante la Corte Plena el 24 de agosto, en una discusión que podría definir los siguientes pasos de la institución frente a la reducción presupuestaria.
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Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad de Costa Rica.
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Aaron Ríos
Pasantía en Periodismo. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad de Costa Rica.
