Distintos grupos de pescadores, pero en particular los de Puntarenas y el Golfo de Nicoya, han constituido uno de los sectores que exigen al Gobierno soluciones a los problemas que les afectan en su día a día. Así lo informamos hace unos días en aDiarioCR.
Ante la difícil situación económica que enfrenta el sector pesquero, se han planteado en los últimos días varios escenarios de soluciones. Uno de ellos es el que visualiza nuestra lectora Nidia Bonilla:
"Fijar las tarifas que deben ganar los intermediarios en un porcentaje razonable y que el precio final sea equitativo tanto para los pescadores como para los intermediarios y el consumidor, ya que los pescadores están pobres por lo mal que pagan su trabajo y el consumidor final casi no puede consumir el producto por lo exageradamente caro que se vende en el mercado. Abrir cooperativas que respalden y garanticen la recepción del producto y una distribución equitativa de ganancias, préstamos con bajo interés y acceso a mejores condiciones de vida para los pescadores y sus familias".
Protección ambiental y sostenibilidad
Entre los temas que más afectan a los pescadores está la veda que se establece cada año en el Golfo de Nicoya durante la época reproductiva de los peces (de agosto a octubre), con el fin de asegurar que haya suficientes durante el resto del año. Asimismo, se ha discutido mucho sobre la prohibición de la pesca de arrastre y la posibilidad de implementarla pero de forma sostenible.
En el primer caso, el Gobierno anunció que el IMAS destinará ¢652 millones como subsidio para cerca de 1.500 pescadores con licencia durante ese periodo.
El segundo caso ha sido más complejo, pues existen varias posiciones, especialmente en cuanto al criterio técnico y científico que justifique la afectación o no al ambiente de la pesca de arrastre.
Por ejemplo, la diputada Carmen Chan criticó que "la política pública ambiental se ha enfocado en la conservación como vía principal para hacer de Costa Rica un país verde. Sin embargo, ese énfasis dejó de lado la aplicación de la sostenibilidad en el uso de un territorio, y en el aprovechamiento de los recursos naturales para impulsar el desarrollo humano".
Tanto el Gobierno, como el Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y los diputados han buscado los mecanismos para implementar una pesca de arrastre sostenible, pero aún no hay acuerdos. Esta medida, además, cuenta con la oposición de organizaciones ambientalistas, que ayer anunciaron que se manifestarán para defender los recursos naturales y evitar una afectación a pescadores artesanales.
Ministro propone cierre del Incopesca
Una situación que entraba cualquier posible solución a los problemas de los pescadores es el complejo aparato estatal. En la actividad pesquera tienen voz y voto instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Incopesca, el Ministerio de Economía o el Ministerio de Comercio Exterior.
Ante este panorama, el ministro de Agricultura, Renato Alvarado, considera que la solución es hacer más directa la toma de decisiones, iniciando con el cierre del Incopesca.
"Los procesos de inversión, de investigación, de transferencia de tecnologías para la pesca, son nulos hace muchísimos años y los pescadores tienen razón de quejarse, porque el Incopesca no resuelve", denunció.
Alvarado explicó que cualquier iniciativa desde el Ejecutivo puede quedarse en el papel ante la oposición de la Junta Directiva de Incopesca, por lo que pidió a los diputados impulsar una ley para su cierre.
Lo cierto es que el Gobierno debe atender pronto los múltiples retos para solventar las necesidades de los pescadores, uno de los sectores productivos que cada día ven más dificultades para poder vivir de su actividad económica.
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Alejandro Portilla Navarro
Periodista, locutor, productor audiovisual y diseñador web. Bachiller en Periodismo y en Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica.
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