El sector pesquero presentó una denuncia penal contra el presidente de la República Carlos Alvarado, el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, la jefa del Despacho del MAG, Ana María Conejo y el ex presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Moisés Mug.
La causa es un posible delito de prevaricato, por las pérdidas causadas al Estado por el cambio en la metodología para la venta de licencias para pesca de atún con cerco, publicado en un decreto en marzo del 2019.
En la denuncia, la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la Cámara de Pescadores de Quepos y la Cámara Nacional de la Industria Palangera, solicitó al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y procesar a estos jerarcas por el delito que habrían incurrido el año pasado.
De acuerdo con el sector, “el decreto no tiene fundamento jurídico ni técnico para establecer la subasta pública, como la nueva metodología de venta de las licencias para la pesca de atún, por parte de las embarcaciones cerqueras de bandera extranjera”.
Autoridades no consultaron a junta directiva de Incopesca
Según los denunciantes, el decreto fue promulgado sin consultarse a la junta directiva de Incopesca, ente rector en materia de pesca.
Asimismo, alegan que esta institución no generó ningún ingreso por este concepto, ya que no vendió ninguna licencia, mientras que, en el 2018, entregó a flotas internacionales 12 licencias de pesca.
“Lo peor de esta situación, es que tras de haber anunciado con bombos y platillos esta medida, un año después, el MAG publicó un nuevo decreto donde derogaba la metodología de subastas. En ese mismo decreto se indica que se realizaron estudios técnicos posteriores a la implementación de la medida, y que estos revelaron que no era viable”, detalló Mauricio González, vocero del Sector Pesquero Nacional.
Sanción podría ser de hasta seis años de prisión
La denuncia se basa en el Artículo 357 del Código Penal. Según indica González, establece sanciones de prisión de dos a seis años al funcionario administrativo o judicial que declare resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos.
En la demanda se acusa al presidente de la República y al ministro del MAG por haber firmado el decreto que, de acuerdo con el sector pesquero, no contaba con sustento legal. En el caso de Mug, quien dirigía la institución en ese momento, la demanda se fundamenta en que no consultó la metodología de la Junta Directiva del Instituto. Conejo por su parte, fue denunciada por ser la coordinadora de la Comisión Técnica que acordó el cambio.
“La funcionaria Ana María Conejo, en apariencia recomendó la implementación de la medida sin que se supiera si el modelo resultaría o no viable. Mientras que el señor Moisés Mug anunció la medida como un gran logro para la institucionalidad y el sector pesquero, aludiendo a los beneficios económicos que traería, que resultaron incomprensibles ante la carencia de fundamento técnico de la medida”, señalaron en la demanda los representantes del sector pesquero.
Según González, también la promulgación del decreto al no contar con los estudios técnicos de viabilidad, puede clasificarse como un abuso de autoridad: “el funcionario público abusó de su cargo afectando directamente a Incopesca”.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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