
El asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri no puede convertirse en una noticia más que desaparece de los titulares después de unos días, ni en otro expediente judicial que termina archivado mientras una familia espera respuestas que nunca llegan.
Costa Rica tiene una deuda pendiente con el periodismo, con la libertad de expresión y, especialmente, con la justicia. Se llama Ivannia Mora. Y no podemos permitir que ahora también tengamos que pronunciar el nombre de Camilo Rodríguez como el de otro periodista asesinado cuyo crimen quedó impune.
El lunes 16 de noviembre de 2026, Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en su vehículo por San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32. El ataque ocurrió a menos de 50 metros del sitio donde, el 7 de julio de 2001, fue asesinado el periodista Parmenio Medina, director del programa radial La Patada.
La coincidencia geográfica resulta estremecedora. Más de 25 años después del asesinato de Parmenio, otro periodista fue atacado a tiros prácticamente en el mismo lugar. Dos hombres que dedicaron buena parte de sus vidas a comunicar, cuestionar, denunciar y generar discusión pública terminaron siendo víctimas de la violencia armada.
En el caso de Parmenio Medina, la investigación judicial permitió que se identificaran y condenaran a responsables del crimen. No ocurrió lo mismo con Ivannia Mora Rodríguez, periodista de la revista Summa, asesinada el 23 de diciembre de 2003 mientras viajaba en su automóvil por Curridabat.
El caso de Ivannia terminó con la absolución de los imputados por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en setiembre de 2008. La discusión sobre las pruebas, la declaración de un testigo clave y las posibilidades procesales de subsanar las deficiencias de la acusación marcaron un desenlace que dejó a su familia, amigos y colegas sin los responsables pagando su condena.
No podemos repetir la historia de Ivannia
Camilo Rodríguez tenía más de tres décadas de trayectoria en el periodismo, la radio y la televisión. También desarrolló una extensa labor como escritor, con más de 160 libros dedicados a rescatar la historia, la cultura y las instituciones costarricenses. En los últimos años utilizó sus plataformas digitales para divulgar denuncias y señalar presuntas relaciones entre personas y estructuras vinculadas con actividades delictivas de alienación parental, contrabando, narcotráfico y corrupción.
Su estilo podía ser polémico. Sus publicaciones generaban adhesiones, críticas y controversias. Algunas de sus afirmaciones fueron cuestionadas y enfrentó procesos judiciales. No era un personaje ajeno a la discusión pública ni estaba exento de rendir cuentas por lo que decía.
En una democracia, las denuncias se investigan, las acusaciones se demuestran, las personas señaladas tienen derecho a defenderse y los conflictos se resuelven mediante las instituciones. En un estado de derecho los asesinatos no pueden convertirse en mecanismos para silenciar a quienes incomodan.
A estas alturas no corresponde especular sobre quién ordenó el asesinato de Camilo ni señalar culpables desde las redes sociales. Eso le corresponde a las autoridades judiciales, mediante una investigación rigurosa, independiente y sustentada en pruebas. Sin embargo, sí corresponde exigir que esa investigación llegue hasta las últimas consecuencias.
Y esa exigencia debe ser especialmente contundente porque existen antecedentes que no pueden ignorarse. Camilo había presentado denuncias por amenazas durante los últimos dos años. El Ministerio Público confirmó que en algún momento fue referido al programa de atención y protección de víctimas y testigos, pero que no aceptó incorporarse a este servicio, cuya participación es voluntaria.
Ese dato debe formar parte de la investigación, pero no puede convertirse en una excusa para trasladar a la víctima la responsabilidad por su propia muerte. Que una persona rechace un mecanismo de protección no elimina la obligación del Estado de investigar las amenazas denunciadas, identificar a quienes las formularon y determinar si existían riesgos que debían ser atendidos.
La Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tienen ahora una responsabilidad enorme. No basta con detener a quienes eventualmente ejecutaron los disparos. Hay que identificar a los autores intelectuales, establecer si existió una planificación, reconstruir los antecedentes del crimen y determinar si hubo personas que facilitaron, financiaron u ordenaron el asesinato.
La investigación debe revisar las denuncias públicas de Camilo, sus publicaciones, las amenazas que reportó, sus actividades profesionales y cualquier otra línea que permita establecer el móvil. No puede limitarse a una hipótesis ni concentrarse exclusivamente en las personas que él mencionó públicamente. Debe investigar a todos aquellos que, con fundamento en la evidencia, pudieran tener relación con el homicidio.
Exigimos resultados por el asesinato de Camilo Rodríguez
Al OIJ le corresponde desarrollar una investigación técnica, exhaustiva y profesional, con todos los recursos necesarios para identificar a los responsables materiales e intelectuales. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió y por qué asesinaron a un periodista en plena vía pública, a plena luz del día.
Al Poder Judicial le corresponde garantizar que el proceso avance con independencia, rigor y respeto al debido proceso. El país no necesita juicios apresurados ni condenas dictadas por la presión pública. Necesita investigaciones sólidas, pruebas bien sustentadas y decisiones judiciales que permitan que la verdad prevalezca.
Al Poder Ejecutivo le corresponde garantizar los recursos y las condiciones necesarias para que las instituciones responsables de la seguridad y la investigación criminal puedan cumplir su trabajo. También debe asumir con seriedad la protección de quienes reciben amenazas por denunciar actividades criminales, corrupción o situaciones que afectan el interés público.
Y a la Asamblea Legislativa le corresponde ejercer su responsabilidad de control político, revisar las debilidades institucionales que puedan estar dejando desprotegidos a periodistas y ciudadanos denunciantes, y asegurar que el país cuente con herramientas adecuadas para enfrentar el crimen organizado.
No se trata de utilizar este asesinato para alimentar discursos políticos del odio ni para atribuir responsabilidades sin pruebas. Se trata de comprender que cuando se asesina a una persona que ejerce el periodismo y denuncia asuntos de interés público, el daño trasciende a su familia y a sus colegas. También se afecta el derecho de toda la sociedad a recibir información y a vivir en una democracia donde nadie tenga que temer por su vida al denunciar aquello que considera irregular.
Costa Rica no puede normalizar que los sicarios decidan quién tiene derecho a hablar y quién debe guardar silencio. Tampoco puede acostumbrarse a que los asesinatos se conviertan en estadísticas, que las investigaciones pierdan impulso y que las familias terminen resignándose a vivir sin justicia.
El asesinato de Parmenio Medina demostró que es posible llevar a responsables ante los tribunales. El de Ivannia Mora dejó una herida abierta y una lección dolorosa sobre las consecuencias de una investigación que no consiguió sostenerse judicialmente. El de Camilo Rodríguez representa una nueva oportunidad —y una obligación— para que las instituciones demuestren que aprendieron de los errores del pasado.
No queremos que dentro de diez, quince o veinte años tengamos que publicar otro editorial preguntándonos por qué nadie respondió por la muerte de Camilo. No queremos que sus hijos, su familia y sus colegas tengan que cargar durante décadas con la incertidumbre y la frustración de no conocer toda la verdad.
Tampoco queremos que el asesinato de un periodista se convierta en una advertencia para quienes todavía se atreven a denunciar lo que ocurre en nuestro país.
La justicia no puede depender de quién era la víctima, de cuántas personas la admiraban, de cuántas la criticaban o de qué intereses pudo haber incomodado.
Camilo Rodríguez tenía derecho a vivir. Ivannia Mora tenía derecho a vivir. Parmenio Medina tenía derecho a vivir. Y Costa Rica tiene derecho a saber quiénes estuvieron detrás de sus asesinatos.
Desde aDiarioCR hacemos un llamado a la Fiscalía General, al OIJ, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que cumplan con sus respectivas responsabilidades. Que no se limiten a condenar públicamente el crimen, que no permitan que el paso del tiempo debilite la investigación y que no conviertan este caso en otro expediente sin respuestas.
A los responsables de este asesinato, quienes hayan participado en su planificación y quienes lo hayan ejecutado, deben buscarlos, investigarlos y llevarlos ante la justicia, con todas las garantías que establece nuestro Estado de derecho.
Que la muerte de Camilo Rodríguez no quede impune como quedó la de Ivannia Mora. Que esta vez la justicia llegue hasta el final.
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Comparto plenamente el editorial y solidarizo con mis colegas periodistas de Costa Rica, también con la familia de la víctima a quienes por este medio hago llegar nuestras condolencias. Es muy preocupante y a la vez lamentable cómo Costa Rica ha ido retrocediendo hasta el lugar 38 en el índice de libertad de expresión, elaborado por la organización Periodistas Sin Fronteras, en contraste con lo que hasta hace poco tiempo atrás era un verdadero baluarte y expresión de la democracia costarricense, hoy severamente en entredicho. Las autoridades actuales y recientes tienen responsabilidad en ello, las actitudes chabacanas conque algunas de ellos y ellas se comportan en su trato hacia a los medios y especialmente a los reporteros, contribuyen a alentar el desprecio y los crímenes de odio. En un tiempo donde las instituciones suelen ser vulgarizadas incluso por quienes las tienen a su cargo, contradiciendo su deber de salvaguardarlas, hay que hacer recuento de la grave anomia que conlleva intimidar a los periodistas para buscar acallarlos, eso tristemente arrastra a la debilidad y eventual pérdida de la democracia, un valor que junto a la libertad de decir es de los que más enaltece a la nación y el ser costarricenses.