Por: Gabriela Zamora Sauma, Comunicadora
Hay algo profundamente contradictorio en el discurso que escuchamos todos los días sobre la necesidad de generar empleo, combatir la pobreza, apoyar a los emprendedores y recuperar la seguridad de Costa Rica, y los bancos. Mientras el país necesita que más personas puedan desarrollar sus negocios, generar ingresos y construir oportunidades, el sistema bancario parece empeñado en ponerles cada vez más obstáculos a quienes intentan hacerlo.
Lo digo por experiencia propia. Recientemente viví un verdadero calvario intentando obtener una línea de crédito en un banco estatal. No estaba solicitando dinero para una idea de negocio que quizás algún día se concretaría, ni para financiar una aventura empresarial sin respaldo. Tenía una contratación firmada, un compromiso comercial concreto y una garantía de respaldo más que importante.
En otras palabras, había un negocio real, un trabajo por ejecutar y una oportunidad de generar ingresos y puestos de trabajo. Lo que necesitaba era una herramienta financiera para poder cumplir con la contratación.
Pero conseguir el financiamiento fue otra historia.
Para una PYME, el proceso puede convertirse en una carrera de obstáculos. Formularios, certificaciones, estados financieros, documentos contables, proyecciones, requisitos y más requisitos del banco estatal. Cada papel representa tiempo y dinero.
Y aquí está uno de los aspectos más injustos del proceso: para un microempresario o emprendedor, preparar toda la documentación que exige un banco -y que cambia entre un mes y otro- puede costar más de ¢250.000. Hay que pagarle al contador, pagar certificaciones y dedicar horas a reunir información que, en muchos casos, el empresario no tiene disponible de manera inmediata.
El empresario hace el esfuerzo. Paga. Reúne los documentos. Presenta el expediente. Espera. Pregunta. Recibe respuestas durante semanas y meses. Se escriben 20 correos entre la empresa y el banco… Y después de todo ese recorrido, el banco puede decirle -cinco meses después- que no le puede prestar porque “hubo un cambio en la normativa para financiamiento con garantía pagaré, el cual únicamente nos permite brindar el financiamiento a clientes AAA”.
¿Quién le devuelve los más de ¢250.000? ¿Quién le reconoce el tiempo invertido? ¿Quién asume el costo de haber intentado acceder a un financiamiento que, desde el principio, quizás no tenía posibilidades reales de conseguir?
Nadie.
Ahora... Sí debo aclarar que mientras el banco privado me lo ofreció en un plazo de 48, el estatal me lo ofreció en unas semanas. Sé que fue una pésima decisión solo por una mejor tasa de interés que al final se la comieron los costos.
Los bancos deben protegerse y proteger
Volvamos al banco estatal. El problema no es que los bancos deban prestar dinero sin analizar los riesgos. Por supuesto que no. Las entidades financieras tienen la responsabilidad de proteger los recursos de sus depositantes y administrar responsablemente el dinero que reciben. La evaluación crediticia es necesaria.
El problema es cuando los procedimientos se convierten en barreras desproporcionadas que ejecutivos(as) -que ni siquiera pueden escribir sin errores ortográficos- aplican sin sentido común.
Hay un gran vacío entre los requisitos del banco y la realidad de las PYMES cuando parece importar más que el expediente esté impecable que comprender la oportunidad de negocio que se tiene enfrente.
¿De qué sirve toda la publicidad que hacen los bancos estatales y el Sistema de Banca para el Desarrollo, si a la hora de que un jardinero, una pintora, una médico, un sastre o un ingeniero les toca la puerta y no hay posibilidad alguna de acceder a un microcrédito de forma eficiente?
¿De qué sirve que los bancos tengan programas para apoyar a las PYMES si acceder a ellos resulta prácticamente imposible para quienes más necesitan ese apoyo cuando se encuentran con una persona que no resuelve?
Pero la frustración se convierte en indignación cuando se observa la otra cara de la moneda.
En Costa Rica hemos conocido casos de grandes deudores que reciben préstamos millonarios en dólares que no están pagando. ¿Aló, ONU?
Y mientras un pequeño empresario debe demostrar hasta el último detalle de su capacidad de pago para conseguir un financiamiento modesto, hay casos en los que grandes deudores acumulan millones en obligaciones impagas y la ciudadanía se pregunta por qué no se ejecutan oportunamente las garantías ni se recuperan los bienes que deberían responder por esas deudas.
No estoy diciendo que todos los casos sean iguales ni que cualquier préstamo millonario sea irregular. Lo que cuestiono es la aparente desigualdad en la rigurosidad, la prevención y las consecuencias. ¡Y la falta de sentido común y de solidaridad!
¿Por qué al pequeño empresario se le exige demostrar que no representa ningún riesgo, mientras que en los grandes créditos hemos visto situaciones que terminan convirtiéndose en verdaderos escándalos?
La pregunta es inevitable: ¿a quién le resulta más fácil acceder al dinero de los bancos?
Y aquí es donde esta discusión deja de ser exclusivamente financiera y se convierte en un asunto de seguridad nacional.
Los préstamos gota a gota
Costa Rica atraviesa una crisis de inseguridad que no se resuelve únicamente con más cárceles o más operativos. Puede ser necesario, pero también tenemos que hablar de las condiciones económicas y sociales que alimentan la delincuencia.
Un joven que no encuentra empleo, una familia que no consigue ingresos suficientes, una persona que intenta emprender y descubre que el sistema le cierra las puertas son parte de una realidad que el país no puede ignorar.
No estoy afirmando que la falta de crédito convierta automáticamente a alguien en delincuente. Sería injusto y simplista. Pero sí sostengo que una sociedad que dificulta la creación de empresas, que limita las oportunidades de empleo y que castiga a quienes intentan salir adelante está debilitando algunas de las herramientas más importantes para prevenir la exclusión y la violencia.
Las pequeñas empresas son fundamentales para la economía costarricense. Generan empleo, dinamizan las comunidades, contratan servicios, pagan impuestos y permiten que miles de familias tengan una fuente de ingresos.
Según una publicación de Diario Extra, el número de denuncias formales por préstamos “gota a gota” en los últimos cinco años, ha ido creciendo. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha recibido 3.923 denuncias entre 2022 y 2026, y un total de 10 distritos acumulan una cuarta parte de los casos (1.053). Se trata de Pavas, San Francisco de Cartago, San Rafael de Alajuela, Desamparados, Cartago, San Isidro de Vázquez de Coronado, los distritos de Carmen y Catedral de San José, y San Miguel y San Antonio de Desamparados. Distritos que son justamente donde hay más problemas de inseguridad.
Como explica el director del OIJ, quienes acuden a este tipo de préstamos terminan pagando entre 5 y 8 veces más de lo que pidieron, y si no pagan o si se atrasan, hay amenazas, disparos en sus casas y hasta muertes.
¿No podrían los micro créditos ayudar a solventar esta inseguridad en estos 10 distritos?
¿No son responsables los bancos públicos de ver más allá de los indicadores financieros? Su función de desarrollo debería reflejarse en políticas de crédito y micro crédito que comprendan la realidad de los pequeños empresarios, los emprendedores y -por qué no- de a quienes les urgen ¢100,000.
Pymes vs. baile de millones
No se trata de regalar dinero. Se trata de prestar con inteligencia, valorar las garantías, comprender los flujos de efectivo, reconocer las contrataciones firmadas y diferenciar entre un negocio que tiene una oportunidad real y uno que simplemente representa una apuesta especulativa.
También se trata de revisar los procedimientos para evitar que los emprendedores gasten cientos de miles de colones preparando expedientes. Los bancos deberían ofrecer una valoración preliminar de viabilidad antes de trasladar al solicitante todos los costos de reunir la documentación.
Y, sobre todo, se trata de aplicar rigurosidad con sentido común: No se le puede pedir lo mismo a un emprendedor o a un pequeño empresario que solicita unos cuantos millones de colones que al gran deudor que recibe millones de dólares.
Costa Rica no puede darse el lujo de tener un sistema financiero que, en la práctica, termine siendo más accesible para quienes ya tienen recursos que para quienes están intentando construirlos.
La seguridad también se construye con empleo, oportunidades, emprendimiento y movilidad social. Y para que eso ocurra, necesitamos entidades financieras que sean aliadas del desarrollo, no obstáculos para quienes quieren trabajar.
De mi experiencia PYME a la inseguridad país
Después de mi experiencia, la cual terminó felizmente con la apertura de la bendita línea de crédito -pero porque tuve acceso a personas clave- me queda una pregunta que deberían hacerse quienes dirigen los bancos públicos y quienes tienen la responsabilidad de supervisarlos: ¿Están los bancos costarricenses facilitando que los ciudadanos construyan oportunidades o están contribuyendo, con sus propias barreras, a cerrarles las puertas y peor a aún a contribuir con la inseguridad de Costa Rica?
Porque cuando a una persona honrada que quiere trabajar, invertir, contratar gente y cumplir con sus compromisos se le hace casi imposible conseguir financiamiento, mientras el país sigue conociendo historias de grandes créditos que no se recuperan, algo está profundamente mal.
Y sí, los bancos también tienen que asumir su parte de responsabilidad en el país que estamos construyendo. Incluso en el país inseguro que hoy nos preocupa a todos.
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