Por: Ing. Olivier Álvarez Calderón, Colegio de Ingenieros Químicos
Cuando compramos un alimento, utilizamos un producto elaborado por la industria o vivimos cerca de una instalación donde se manipulan sustancias químicas, confiamos en que detrás de esos procesos existen profesionales capacitados que cumplen con las normas necesarias para proteger nuestra salud y seguridad.
Sin embargo, pocas veces nos preguntamos quién verifica que esas personas tengan la preparación adecuada y quién puede exigirles responsabilidades si incumplen sus obligaciones profesionales.
Esta es una de las principales preocupaciones del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines (CIQPA) ante el proyecto de ley N.° 25.747, que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa y que propone convertir la colegiatura profesional en voluntaria para varias profesiones.
Para comprender sus posibles consecuencias, primero debemos entender qué significa estar colegiado. No se trata simplemente de pagar una cuota o pertenecer a una organización. Los colegios profesionales constituyen un mecanismo de control que contribuye a proteger a las personas que reciben servicios profesionales y a la sociedad en general.
Pensemos, por ejemplo, en una empresa que fabrica alimentos. Los profesionales en Tecnología de Alimentos participan en procesos esenciales para garantizar su calidad e inocuidad. De igual manera, los ingenieros químicos intervienen en actividades industriales que requieren controles rigurosos para prevenir accidentes, mientras que otras profesiones como Ingeniería en Materiales trabajan con materiales y procesos que pueden tener efectos sobre las personas y el ambiente.
La ingeniería química y las profesiones afines intervienen en actividades que pueden tener consecuencias directas sobre la salud de las personas, la seguridad, el ambiente, los procesos industriales y la gestión de sustancias, materiales y alimentos. En estos ámbitos, un ejercicio profesional deficiente no representa únicamente un problema entre un profesional y quien contrata sus servicios: puede generar consecuencias para trabajadores, comunidades, consumidores y el ambiente.
Por ello, resulta especialmente preocupante que el proyecto permita que profesionales no incorporados ejerzan actividades mientras, simultáneamente, establece que las competencias disciplinarias y de supervisión de los colegios se limitarán exclusivamente a sus afiliados. El propio proyecto dispone ambas condiciones. Separar el ejercicio profesional de los mecanismos especializados de fiscalización debilita una garantía construida precisamente para proteger a la sociedad.
La promoción de la competencia y la modernización de la regulación son objetivos que pueden y deben discutirse. Sin embargo, cualquier reforma debe preservar mecanismos efectivos para comprobar la idoneidad profesional, fiscalizar el ejercicio de las profesiones y exigir responsabilidad cuando corresponda. La libre competencia no puede confundirse con la ausencia de control profesional.
La pregunta de fondo no debería ser únicamente si una persona profesional está obligada a pertenecer a un colegio, sino cómo garantizar que todas las personas que ejercen actividades con consecuencias para terceros estén debidamente calificadas, cumplan sus responsabilidades y puedan ser fiscalizadas.
Por eso, nuestra posición ante el proyecto de ley N.° 25.747 responde a una preocupación que va más allá de los intereses de quienes integran el Colegio.
Costa Rica necesita profesionales competentes, pero también mecanismos efectivos para supervisar su ejercicio y actuar ante posibles incumplimientos.
Consideramos indispensable que esta iniciativa siga siendo sometida a un análisis técnico amplio, que permita valorar sus implicaciones y asegurar que cualquier modificación al sistema de colegiatura mantenga controles adecuados.
El CIQPA continuará dando seguimiento al trámite legislativo del expediente N.° 25.747 y participará activamente en los espacios institucionales correspondientes para defender la permanencia y el fortalecimiento de un sistema de regulación profesional que ha contribuido a proteger a Costa Rica y a su población.
Al final, la discusión no es solamente sobre el derecho de ejercer una profesión. Es también sobre el derecho de todas las personas a recibir servicios profesionales responsables y contar con mecanismos que protejan su salud, su seguridad y su bienestar.
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