Los datos deberían servir para algo más que elaborar estadísticas. También deberían ayudarnos a tomar decisiones. Y los datos sobre el gasto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en medicamentos plantean una pregunta que Costa Rica no puede seguir posponiendo: ¿cuánto estamos haciendo para evitar que las personas lleguen a necesitar algunos de los tratamientos más costosos del sistema?
La CCSS destina este año alrededor de ₡228 mil millones a la compra de medicamentos (unos US$507 millones), según la publicación de aDiarioCR: Los 10 medicamentos que más le cuestan a la CCSS. De ese monto, cerca del 22% corresponde a apenas diez medicamentos. El listado incluye tratamientos para cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, hipertensión y esclerosis múltiple.
El medicamento que encabeza la lista es el pembrolizumab, utilizado en tratamientos contra distintos tipos de cáncer, con una inversión anual cercana a US$31,2 millones al año. Le siguen la inmunoglobulina, con US$18,4 millones; pertuzumab; insulina; atezolizumab; albúmina humana; tocilizumab; irbesartán; metformina y ocrelizumab.
Aplausos a la CCSS
No hay nada cuestionable en invertir en estos medicamentos. Todo lo contrario. Una sociedad que garantiza tratamientos de alta complejidad a quien los necesita está protegiendo uno de los derechos fundamentales de su población: el derecho a la salud.
Pero sería un error que la discusión terminara en cuánto cuesta comprar los medicamentos.
La verdadera pregunta es cuánto podríamos ahorrar —en dinero, sufrimiento, discapacidad y vidas— si logramos prevenir una parte de las enfermedades que generan esa enorme demanda.
La diabetes tipo 2 y la hipertensión son ejemplos evidentes. Una alimentación saludable, actividad física, reducción del consumo de sal y azúcar, control del peso, abandono del tabaco y el alcohol, y controles médicos periódicos pueden disminuir significativamente el riesgo de desarrollar estas enfermedades o evitar que progresen hacia complicaciones más graves.
En el caso del cáncer, no todos los tumores pueden prevenirse, pero existen factores modificables que sí tienen un impacto importante: tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo, alimentación poco saludable y exposición excesiva al sol, entre otros. La prevención y la detección temprana deben ser consideradas inversiones, no gastos.
Estamos obligados a mirar más allá de la CCSS
El Poder Ejecutivo debe convertir la prevención de enfermedades crónicas en una política de Estado, con metas medibles y presupuesto suficiente. El Ministerio de Salud y la CCSS deberían utilizar sus propios datos para identificar cuáles factores de riesgo están generando mayor impacto sanitario y económico y dirigir allí buena parte de sus campañas y programas.
La Asamblea Legislativa, por su parte, tiene la responsabilidad de construir un entorno que facilite decisiones saludables. Esto significa avanzar en políticas de alimentación saludable, espacios públicos para actividad física, protección frente al tabaco y los nuevos productos de nicotina, prevención del consumo nocivo de alcohol y fortalecimiento de la detección temprana.
Las municipalidades también tienen un papel. Una ciudad que ofrece parques seguros, aceras transitables, ciclovías y espacios deportivos facilita que la actividad física deje de ser un privilegio y se convierta en una posibilidad cotidiana.
Las ONG y organizaciones sociales pueden contribuir donde el Estado no siempre llega con facilidad: escuelas, comunidades y poblaciones vulnerables. Su papel no debería limitarse a campañas aisladas, sino integrarse a estrategias permanentes de educación, acompañamiento y promoción de estilos de vida saludables.
Y finalmente estamos las personas.
Cada persona debe colaborar promoviendo la salud
No podemos trasladar toda la responsabilidad al Estado. Cada decisión cotidiana cuenta: qué comemos, cuánto nos movemos, si fumamos o tomamos alcohol, si nos hacemos un chequeo, si conocemos nuestros niveles de presión arterial, glucosa y colesterol.
Pero tampoco podemos caer en el discurso simplista de que la salud depende únicamente de la voluntad individual. Las decisiones saludables son más fáciles cuando las políticas públicas, el entorno y las condiciones económicas las hacen posibles.
La CCSS está haciendo un esfuerzo importante para conseguir mejores precios y garantizar el acceso a medicamentos. Según datos publicados por la institución, las estrategias de compra permitieron acumular ahorros por US$117,2 millones entre 2021 y 2025.
Ese esfuerzo debe continuar.
Menos es más
Costa Rica necesita una segunda conversación: no solo cómo comprar medicamentos más baratos, sino cómo conseguir que menos personas necesiten tratamientos de alto costo por enfermedades que, al menos en parte, podemos prevenir o detectar tempranamente.
Porque la mejor medicina para las finanzas públicas no es dejar de tratar a los enfermos. Es evitar que las personas enfermen cuando sabemos que podemos reducir el riesgo.
Los ₡228 mil millones destinados a medicamentos son una inversión necesaria. Pero quizás la próxima gran apuesta del país debería ser invertir mucho más en aquello que no aparece en las farmacias: educación, prevención, alimentación saludable, actividad física, salud mental, detección temprana y entornos que permitan a las personas vivir más y mejor.
Costa Rica no debería conformarse con tener una Caja capaz de pagar las enfermedades. Debe aspirar a construir un país capaz de prevenirlas.
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