Este martes se aprobó en primer debate – tras nueve horas de sesión- el proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. La propuesta es una iniciativa del liberacionista Carlos Ricardo Benavides, y contó con el voto a favor de 40 diputados y 15 en contra.
La iniciativa estipula que las huelgas son ilegales en los servicios públicos esenciales: comedores escolares, sector salud, policías, suministros de agua, electricidad, combustibles y rescate de personas.
Este mismo expediente, el Nº 21.049, se enviará a Sala Constitucional luego de que ayer diez diputados firmaran la consulta para enviarlo. Se trata de los siete legisladores que conforman el bloque Nueva República, además de Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Walter Muñoz del Partido Integración Nacional (PIN) y Dragos Donalescu del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
“Como ya expresé en control político y durante el primer debate del Proyecto de Huelgas, hay una serie de aspectos que nos preocupan a los diputados de Nueva República en esta propuesta de Ley que se está tramitando en el Congreso. En varios artículos del texto se pueden apreciar conceptos que no están definidos claramente y que quedarían a la libre interpretación del que aplica la norma”, explicó la diputada Carmen Chan.
Por su parte, el legislador Muñoz indicó que una de las mayores preocupaciones sobre este proyecto es la suspensión de salarios que pretenden hacer a quienes se integren a las huelgas desde el primer día.
Educación fuera de los servicios esenciales
Tras diálogos con los sindicatos del sector educativo, se acordó que esta no sería considerada un servicio esencial, pero sí uno de “importancia trascendental”. Con ello, los funcionarios de este sector tienen la posibilidad de hacer huelgas de hasta 21 días consecutivos o 10 días de manera discontinua.
Sin embargo, para que puedan ir a huelga deben primero garantizar que las escuelas y colegios estén abiertos y, además, establecer un esquema de prestación mínimo de sus servicios.
En cuanto a las huelgas en comedores y albergues que atienden a poblaciones vulnerables, quedaron prohibidas desde la entrada en vigencia del artículo 376 del Código de Trabajo.
Mociones aprobadas
Entre las mociones de reiteración que fueron aprobadas, se encuentra la propuesta de la legisladora Ivonne Acuña que permite las huelgas políticas por períodos de 48 horas. Asimismo, la que impulsó el diputado Pedro Muñoz para que se suspenda el pago de salarios a los trabajadores desde el momento que inicien la huelga.
También fue aprobada la moción presentada por la el frenteamplista José María Villalta, para que los trabajadores que pertenecen a servicios públicos tengan como requisito hacer aviso de huelga a su patrono antes de realizarla. En caso de coaliciones de trabajadores, deberán incluir un correo electrónico para recibir las notificaciones.
Durante la tramitación de este proyecto se realizaron más de 300 consultas a distintas organizaciones y a sectores privados y públicos. El proyecto recibió 222 mociones de fondo y los congresistas votaron 69 mociones de reiteración en el Plenario Legislativo.
Proyecto solventa deficiencias de la legislación actual
De acuerdo con el abogado Rafael Rodríguez, de La Firma de Abogados CR, este proyecto solventará las deficiencias de la legislación actual.
“No se tenían claras algunas situaciones por las que no eran permisibles las huelgas. Con esta nueva Ley lo que se viene es a regular algo que no estaba regulado, bajo el contexto de que se están indicando cuáles son los servicios esenciales que no pueden ir a huelga y qué sucede con los trabajadores que van a estas manifestaciones en relación con sus salarios”, detalló Rodríguez.
Para el experto, este proyecto es un avance para el país. “El Código Laboral de Costa Rica tiene más de 100 años de existir. Nuestro país es el único donde a las personas en huelga se les reconoce el salario, una normativa que no se cambió con la reforma procesal laboral y ahora se está haciendo en virtud de lo que sucedió en la última huelga, que fue utilizada por muchos para exigir más privilegios”, acotó el abogado.
Aseguró que eran de esperarse las acciones para declarar inconstitucional el proyecto; y recalcó que ahora será la Sala la encargada de dictar si algún artículo tiene que revertirse o arreglarse, de lo contrario, el jueves se podría votar el segundo debate del proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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