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Costa Rica podría perder ayuda internacional en 2028

Costa Rica sería considerada país de ingreso alto en enero 2028 basándose en estudio de OCDE

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Edificio de la OCDE en Boulogne

La salida de la lista de países elegibles para recibir Ayuda Oficial al Desarrollo está prevista para 2028. Aunque el Gobierno presenta el cambio como un reconocimiento al desarrollo nacional, el país podría perder recursos y cooperación técnica en medio de importantes desigualdades sociales.

Costa Rica está a las puertas de un cambio en su relación con la cooperación internacional que el Gobierno presenta como un reconocimiento a los avances económicos del país. Sin embargo, detrás de la clasificación como economía de ingreso alto existe una pregunta que merece mucho más análisis: ¿realmente le conviene a Costa Rica dejar de recibir ayuda internacional o está renunciando a recursos que todavía necesita para atender sus problemas estructurales?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó este 19 de noviembre el estudio OCDE: Costa Rica’s Graduation from Official Development Assistance (2026), en el que analiza las consecuencias de que el país deje de ser elegible para recibir este tipo de cooperación a partir del 1º de enero de 2028.

La transición está relacionada con la clasificación que el Banco Mundial otorgó a Costa Rica en 2025, cuando pasó a la categoría de economía de ingreso alto. De acuerdo con las reglas del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, los países que permanecen durante tres años consecutivos por encima del umbral de ingreso alto pueden graduarse de la lista de receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo.

No obstante, la decisión definitiva dependerá de que se mantengan las condiciones y de la aprobación correspondiente durante la revisión prevista para 2027.

costa rica
Plaza de la Cultura, San José, Costa Rica

Costa Rica podría dejar de recibir millones de dólares en cooperación

Uno de los datos más importantes del estudio de la OCDE es que entre 2022 y 2024 Costa Rica recibió, en promedio, US$172 millones anuales en ayuda bilateral para el desarrollo.

Aunque el organismo señala que ese monto representa apenas un 2,2% de los flujos de financiamiento externo del país, no se trata de recursos insignificantes, especialmente cuando se analiza el tipo de proyectos y sectores que se benefician de ellos.

La cooperación bilateral se ha concentrado principalmente en políticas ambientales y climáticas, inclusión social y asistencia técnica especializada.

Por tanto, aunque el Gobierno y la OCDE consideran manejable el impacto financiero directo de la graduación, la pregunta es quién asumirá el financiamiento de los proyectos que actualmente reciben este respaldo y qué sucederá con las iniciativas que dependen de conocimientos, asesoría y acompañamiento internacional.

El estudio advierte que el mayor riesgo no necesariamente está en perder dinero, sino en dejar de recibir otras formas de cooperación que resultan difíciles de sustituir, como la asistencia técnica, el intercambio de conocimientos y el acompañamiento para desarrollar políticas públicas.

En otras palabras, Costa Rica podría seguir teniendo acceso a financiamiento internacional, pero bajo condiciones y modalidades diferentes.

¿Qué gana Costa Rica al ser considerada una economía de ingreso alto?

La clasificación de ingreso alto sí tiene ventajas. Es un reconocimiento a la evolución de los indicadores económicos nacionales y a la capacidad productiva que el país ha desarrollado durante décadas.

También puede fortalecer su posicionamiento internacional, facilitar la atracción de inversiones y permitirle asumir un papel más activo como socio de cooperación con otras naciones.

Costa Rica, además, tiene experiencia que puede compartir en áreas como conservación ambiental, biodiversidad, políticas climáticas y desarrollo institucional.

La cooperación Sur-Sur y triangular, mediante la cual el país intercambia conocimientos y experiencias con otras naciones, adquiere mayor importancia en este nuevo escenario.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre mejorar la posición económica de un país y resolver los problemas que afectan a su población.

La clasificación de ingreso alto se basa en el ingreso nacional bruto per cápita. No significa que todos los habitantes tengan ingresos elevados, que se haya eliminado la pobreza o que las oportunidades estén distribuidas de manera equitativa.

De hecho, en el estudio del Banco Mundial, Situación económica y cartera de proyectos en Costa Rica, señala que Costa Rica mantiene importantes desafíos: la pobreza nacional fue de 15,2% en 2025 y el índice de desigualdad de Gini alcanzó 48,8. También persisten diferencias territoriales, problemas de infraestructura y brechas en el acceso a mejores oportunidades laborales.

Entonces, ¿es suficiente el crecimiento económico para concluir que el país ya no necesita determinadas formas de cooperación?

¿Dejará Costa Rica de recibir todos los fondos internacionales?

Es importante aclarar que graduarse de la Ayuda Oficial al Desarrollo no significa que Costa Rica dejará de recibir cualquier tipo de financiamiento internacional.

La medida afecta específicamente la elegibilidad para recibir recursos contabilizados como AOD bajo las reglas del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

Esto no implica que desaparezcan automáticamente los préstamos de organismos multilaterales, la inversión extranjera directa, los financiamientos comerciales, las alianzas público-privadas o los programas de cooperación que no están sujetos a esas condiciones.

Tampoco significa que Costa Rica dejará de ser miembro de la OCDE, organización a la que ingresó en 2021.

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El Banco Mundial, por ejemplo, mantiene una importante cartera de operaciones activas en el país. A setiembre de 2026, esta alcanzaba US$1.520 millones en nueve operaciones, entre proyectos de inversión y préstamos de apoyo a políticas públicas.

Esto demuestra que el país puede continuar accediendo a financiamiento internacional, aunque no necesariamente en las mismas condiciones de la cooperación tradicional.

La diferencia es relevante: una donación, una asistencia técnica o un préstamo concesional no tienen el mismo impacto sobre las finanzas públicas que un crédito contratado bajo condiciones comerciales o financieras distintas.

Por eso, no basta con afirmar que los recursos que se dejarán de recibir representan un porcentaje pequeño del financiamiento externo. También hay que analizar cuánto costará sustituirlos y qué condiciones tendrán las nuevas fuentes de financiamiento.

Una economía de ingreso alto con necesidades que todavía no están resueltas

Uno de los principales cuestionamientos que debe plantearse Costa Rica es si su crecimiento económico está llegando a todos los sectores de la población.

Mientras el país fortalece su posición internacional y atrae inversiones de alto valor agregado, siguen existiendo comunidades rurales y costeras con importantes necesidades de infraestructura, educación, empleo y servicios públicos.

También persisten desafíos en inclusión social, transformación digital, formación de talento humano y protección ambiental.

Precisamente, estos son algunos de los campos en los que la OCDE identifica necesidades de cooperación para los próximos años.

El estudio establece tres grandes prioridades para la transición: infraestructura sostenible, innovación y transformación digital, e inclusión social. A estas se suman aspectos transversales como gobernanza, integridad institucional y sostenibilidad ambiental.

Resulta contradictorio que el país deba fortalecer precisamente esas áreas mientras se prepara para perder el acceso a una modalidad de cooperación que ha contribuido a desarrollarlas.

La graduación podría ser una oportunidad para mejorar la capacidad nacional de financiamiento y diversificar las alianzas internacionales. Pero también podría convertirse en un problema si el Gobierno no logra garantizar la continuidad de los programas que dependen de estos recursos.

El Gobierno debe explicar qué sustituirá y cuánto costará

La presentación del estudio de la OCDE estuvo acompañada por declaraciones de la canciller Ana Elena Pinto y de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Carla Morales Rojas, quienes destacaron la oportunidad de fortalecer las alianzas internacionales y avanzar hacia un modelo de cooperación basado en el intercambio de conocimientos y el beneficio mutuo. (MIDEPLAN: informe sobre cooperación internacional 2024)

nueva canciller de costa rica
Ana Elena Pinto Lizano, nueva Canciller de Costa Rica

Ese objetivo es válido, pero requiere algo más que buenas intenciones.

Costa Rica necesita conocer cuáles proyectos dejarían de recibir recursos, qué instituciones podrían resultar afectadas, cuánto costaría sustituir la cooperación que actualmente recibe y cuáles serán las nuevas condiciones de financiamiento.

También debe explicar cómo garantizará que los sectores con mayores necesidades sociales no terminen pagando las consecuencias de una transición que se presenta como un logro económico.

La OCDE reconoce que la exposición financiera directa del país es limitada, pero advierte que conservar la asistencia técnica, el diálogo sobre políticas públicas y las alianzas de conocimiento será fundamental.

Además, el propio organismo señala que la transición debe acompañarse de nuevas modalidades de colaboración, como programas regionales, cooperación triangular y mecanismos de financiamiento innovadores.

Costa Rica tiene razones para sentirse orgullosa de haber alcanzado indicadores que la ubican entre las economías de ingreso alto. Sin embargo, ese reconocimiento no debería utilizarse para ocultar las brechas que todavía enfrenta ni para presentar como una ventaja automática la pérdida de acceso a determinados recursos internacionales.

La verdadera medida del desarrollo no debería ser únicamente la categoría económica que obtiene un país, sino la capacidad de convertir ese crecimiento en mejores condiciones de vida para toda su población.

Por eso, antes de celebrar que Costa Rica dejará de ser receptora de Ayuda Oficial al Desarrollo, el Gobierno tiene la responsabilidad de demostrar que está preparada para hacerlo, que cuenta con alternativas viables y que la transición no significará menos oportunidades para quienes todavía necesitan el respaldo del Estado y de la cooperación internacional.

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