Según el Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2023-2025, América Latina enfrenta un aumento de ésta, lo cual preocupa a representantes de la sociedad civil dado que la XI Conferencia de las Partes (COP11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) está próxima a celebrarse.
El Índice revela que en 11 países de la región la interferencia aumentó entre el 2023 y el 2025, amenazando los avances alcanzados en la reducción del consumo de tabaco y en la protección de la salud de millones de personas.
Tendencia preocupante de interferencia
El estudio de sociedad civil, basado en información pública disponible, evalúa cómo los gobiernos aplican las directrices del Artículo 5.3 del CMCT, que obliga a los Estados Parte a proteger las políticas de salud pública de los intereses comerciales y creados de la industria tabacalera. Los resultados muestran una tendencia desigual: mientras algunos países consolidan mecanismos de transparencia, otros retroceden frente a la influencia política, económica y mediática de las tabacaleras.
Entre los países con menor nivel de interferencia destacan México, Uruguay, Chile, Perú y Panamá, gracias a medidas de transparencia y limitación de contactos con la industria tabacalera.
En contraste, República Dominicana, Colombia, Paraguay y Argentina figuran entre los más afectados, debido a la persistencia de vínculos políticos, falta de rendición de cuentas y promoción de actividades de supuesta “responsabilidad social” por parte de las tabacaleras.
El informe también documenta retrocesos significativos en Colombia, Paraguay, Bolivia, Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, donde las corporaciones tabacaleras han reforzado su presencia en espacios de decisión pública aprovechando vacíos legales o programas de cooperación institucional.
Casos nacionales: avances y desafíos
Costa Rica (con 64 puntos) se encuentra más cerca del país mejor ranqueado, que sería México con 48 puntos que de República Dominicana con un 98% de interferencia de la industria de tabaco. Sin embargo, entre el 2023 y el 2025 aumentó la interferencia de la industria tabacalera en el país.
La Dra. Nydia Amador, presidenta de la Red Nacional Antitabaco (RENATA), aseguró:
El Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT) de la Organización de la Salud es un tratado mundial que Costa Rica ratificó desde el 2008, y el Índice de Interferencia mide el cumplimiento de este tratado respecto a la influencia que la industria tabacalera tiene en los gobiernos.
El artículo 5.3 del CMCT indica que se deben proteger las políticas de salud pública de la interferencia de la industria. En este Índice latinoamericano en donde participamos 11 países, incluido Costa Rica, se sigue viendo la falta de transparencia y la presencia del conflicto de interés, especialmente en República Dominicana, Colombia y Paraguay. Por otro lado, México, Chile y Uruguay destacan por adoptar medidas preventivas y normativas que limitan la industria.
Costa Rica desde el 2021, ha realizado este Índice. Es muy lamentable que ha empeorado, o sea la industria ha tenido mayor influencia en acciones que el gobierno desarrolla.
Es importante establecer campañas institucionales dirigidas a los sectores de gobierno para proteger las políticas de control de tabaco frente a esta industria conforme al artículo 5.3 y también obligaciones con política gubernamentales transparentes que impidan que el Estado realice alianzas con la industria tabacalera o limite sus interacciones a lo estrictamente necesario. RENATA hace un llamado al gobierno para que impulse este tipo de estrategias para proteger nuestras políticas públicas.
Durante el lanzamiento del Índice, la Dra. Vera Luiza da Costa e Silva, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Implementación del CMCT (CONICQ) de Brasil, destacó avances en materia de integridad institucional: resaltó que la CONICQ adoptó una declaración para descontinuar sesiones informativas con la industria, un protocolo de conducta para funcionarios públicos y un árbol de decisión para las interacciones con la industria tabacalera. Asimismo, señaló que el Servicio de Impuestos Internos o Agencia Tributaria de Brasil (Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil) emitió la disposición (Portaria RFB nº 605/2025) que establece normas estrictas para reuniones oficiales, exigiendo entre otros actas y la presencia de al menos dos funcionarios, cuando se realicen intercambios con representantes de la industria tabacalera. Igualmente, mencionó que “persisten desafíos ante la bancada del tabaco en el Congreso y los litigios judiciales de fábricas deudoras, que buscan obtener privilegios pese a incumplir sus obligaciones fiscales”.
Por su parte, Pablo Analuisa, del Ministerio de Salud de Ecuador, informó que el país ha convertido la aplicación del Artículo 5.3 en prioridad de la cartera de salud.
La Dra. Sophia Mus, asesora del Ministro de Salud Pública de Guatemala, dijo que su país enfrenta un escenario más complejo. Puntualizó que en el Ministerio de Salud, la falta de legislación específica sobre el artículo 5.3 del CMCT facilita la influencia de las tabacaleras en el Congreso, incluso durante la discusión de leyes sobre cigarrillos electrónicos. No obstante, manifestó que el país aprobó en 2024 una Norma de Conducta y Ética que incluye un capítulo sobre conflicto de interés, y nuevas leyes —como la de Atención Integral de Cáncer— que comienzan a incorporar disposiciones para proteger los espacios de salud pública de la interferencia corporativa.
Michell Castillo Trejo, de la oficina del Subsecretario de Políticas de Salud de México, aseguró que las autoridades sanitarias reafirmaron su compromiso político y ético de colocar la salud por encima de los intereses comerciales. El país se ha convertido en referente regional por su aplicación efectiva de las directrices del Artículo 5.3 del CMCT, la adopción de códigos de conducta para servidores públicos y su vigilancia permanente frente a los intentos de la industria tabacalera de influir en decisiones regulatorias. No obstante, enfatizó que la industria se reinventa con tácticas cada vez más sofisticadas, lo que exige una respuesta institucional constante y adaptativa.
La Dra. Reina Roa, punto Focal CMCT de la OMS del Ministerio de Salud de Panamá, comentó que su país figura entre los casos destacados:
El Índice es una herramienta clave para evaluar desde una perspectiva externa el abordaje de la interferencia y orientar estrategias de mejora en los mecanismos de control conforme a los Artículos 5.3 y 4.2 del CMCT y su Protocolo.
Un desafío regional compartido
Expertos y representantes de la sociedad civil libres de conflictos de interés, coincidieron en que la interferencia de la industria tabacalera se ha sofisticado, diversificando sus canales de influencia y extendiéndose más allá del sector salud.
Laura Salgado, del Centro Global para la Buena Gobernanza en Control del Tabaco (GGTC), señaló:
El Índice Regional 2025 evidencia que la industria continúa ejerciendo una influencia indebida sobre las políticas públicas, aprovechando vacíos en la gobernanza y la transparencia para proteger sus intereses a costa de la salud.
Los gobiernos deben actuar de forma conjunta para cerrar estos vacíos y proteger el derecho a la salud frente a la interferencia corporativa.
Por su parte, Daniel Dorado, de Corporate Accountability, afirmó:
Urge consolidar sistemas de monitoreo y eliminar los incentivos fiscales que benefician a las tabacaleras para avanzar hacia un futuro libre de adicción y de impunidad corporativa.
Proteger las políticas públicas frente a la interferencia de la industria tabacalera requiere fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación regional.
La COP11: una oportunidad decisiva
Los hallazgos del Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera 2023-2025 llegan en un momento crucial: la COP11 en Ginebra-Suiza, donde los Estados Parte del CMCT debatirán medidas para proteger la integridad de las negociaciones internacionales frente a la interferencia de la industria y reforzar los mecanismos de transparencia y responsabilidad en todos los niveles de gobierno.
Dorado y Salgado coincidieron en que:
El aumento de la interferencia en América Latina demuestra que las tabacaleras siguen utilizando estrategias sofisticadas de captura política y diplomática. La COP11 es una oportunidad para reafirmar el espíritu del Convenio y asegurar que ninguna corporación tenga influencia sobre las políticas de salud pública.
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