Por: Dorian Camilo Valladares Varela, docente e investigador
Por casi ochenta años, Costa Rica ha sido la excepción a la regla en un continente de contrastes. Mientras nuestros vecinos entregaban sus recursos estratégicos a la lógica implacable del mercado, nosotros construimos algo único: un modelo eléctrico basado en la solidaridad, la planificación de Estado y la convicción de que la electricidad es un bien común. Hoy, presumir un 99,4% de cobertura eléctrica con una sólida matriz renovable no es un accidente geográfico; es el triunfo de una decisión política que entendió la electricidad como un derecho humano, no como una mercancía.
Sin embargo, ese orgullo nacional —el corazón del ICE, la CNFL, JASEC, la ESPH y nuestras cooperativas rurales— enfrenta hoy un ataque frontal. Bajo el seductor nombre de "Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional", se esconde el intento de desmantelamiento más artero de nuestra historia reciente.
No nos llamemos a engaño. Esto no es una "modernización técnica". Es un despojo planificado de nuestra riqueza colectiva. Es el intento de convertir un derecho social en un simple balance contable para el lucro privado. Lo que se esconde detrás de esa jerga de "eficiencia" y "modernización" es la puerta de entrada para que los grandes consumidores y generadores privados negocien entre ellos, creando un mercado paralelo que fragmentará la planificación centralizada, el pilar que ha hecho de Costa Rica una excepción en la región.
El caballo de Troya institucional
El proyecto propone crear el ECOSEN (Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional), una estructura donde la toma de decisiones quedaría peligrosamente influenciada por actores privados. Esto no es un detalle técnico: es arrebatarle al Estado el timón de nuestro futuro energético. Es permitir que quienes buscan el lucro dicten las reglas del juego para quienes debemos pagar los recibos mes a mes.
Pero la trampa más perversa es financiera. El proyecto pretende que el ICE, la CNFL, JASEC, la ESPH y nuestras cooperativas rurales sigan obligadas a llevar luz al último rincón del país —donde no es rentable—, mientras les quita a los grandes clientes industriales, que son los que hoy sostienen la solidaridad del sistema.
Es, literalmente, obligar a nuestras instituciones públicas a correr una maratón con las piernas amarradas, mientras se les deja el camino libre a los generadores privados para que se lleven la crema del negocio.
¿Modernización o retroceso?
No es casualidad que esta iniciativa tenga el aplauso entusiasta de la UCCAEP y la Asociación de Productores Privados de Energía (ACOPE). Son los mismos intereses que durante años han presionado para abrir el sector al capital privado, los mismos que perdieron la batalla del "Combo ICE" en el año 2000. Hoy, más hábiles, han aprendido a usar un lenguaje más seductor. No hablan de privatización, hablan de "armonización". No eliminan al ICE de un tajo, lo dejan compitiendo con las manos atadas, para que muera lentamente, desangrado por la falta de recursos.
Nos dicen que somos "ineficientes", pero las cifras los desmienten. Cuando miramos a países como Chile, Colombia o El Salvador, que liberalizaron sus sectores eléctricos hace décadas, el panorama es desolador: según datos de la CEPAL y la OLADE, las tarifas residenciales en mercados eléctricos liberalizados de la región crecieron entre un 30% y un 60% en la primera década posterior a la apertura, mientras que la cobertura rural se estancó. ¿Es ese el "progreso" que nos quieren vender?
Costa Rica tiene derecho a debatir cómo mejorar su sector eléctrico. Pero ese debate debe hacerse con honestidad, con evidencia de lo que ha pasado en los países que tomaron este camino, y con claridad sobre cuáles son los valores que queremos preservar. Un sistema que sirve a todos, a un precio justo, con energía limpia, no se armoniza: se cuida.
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