Perú ha tenido una alta inestabilidad política, con seis presidentes en los últimos 6 años (desde 2018 hasta inicios de 2026), debido a renuncias y vacancias presidenciales. Los mandatarios en este periodo incluyen a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (noviembre 2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y José Jerí (quien asumió el cargo a fines de 2025).
Ningún presidente desde Ollanta Humala (quien finalizó en 2016) ha completado su mandato de cinco años, reflejando una profunda crisis de gobernabilidad.
Los más de 27 millones de electores peruanos debieron haber decidido el domingo 12 de abril por cuál de los 35 candidatos votar. Sin embargo, no todos pudieron hacerlo. Un total de 13 centros de votación en Lima no lograron abrir sus puertas el domingo. A pesar de que las cifras iniciales hablaban de 63.000 ciudadanos afectados, el ajuste posterior de 52.561 electores sin votar, no disminuye la gravedad del asunto. En una elección donde los márgenes suelen ser estrechos, impedir que más de 50.000 personas ejerzan su derecho en el tiempo previsto es un atentado contra la representatividad.
Las elecciones en Perú se extendieron por un día más
Ante la magnitud del desastre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se vio forzado a improvisar soluciones. La extensión del horario dominical hasta las 6:00 p.m. y el plazo para la apertura de mesas hasta las 2:00 p.m. fueron medidas de alivio necesarias, pero insuficientes para quienes ya habían abandonado las colas por cansancio o compromisos. Sin embargo, la decisión inédita de la jornada electoral fue la orden de ampliar el sufragio hasta el lunes 13 de abril. Esta decisión no solo afectó a los centros cerrados en Lima, sino que se extendió a jurisdicciones en el extranjero, como Orlando y Patterson en Estados Unidos, donde el material electoral simplemente no llegó a tiempo. La decisión de continuar el proceso el lunes es una anomalía democrática que rompió con la unidad del acto electoral y genera una incertidumbre logística y política sin precedentes. ¿Cómo se garantiza que el flujo de información del domingo no condicione el voto del lunes? Todavía son interrogantes que quedan en el aire.
La Policía Anticorrupción detuvo al exgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE, subrayando la negligencia en la gestión pública con consecuencias legales directas, pero el foco fiscalizador también se desplazó hacia el sector privado. La ONPE ha señalado directamente a la empresa Servicios Generales Galaga como la responsable. La contratista no cumplió con la entrega de los suficientes camiones para distribuir el material electoral. Una empresa con penalidades por retrasos previos.
La extraña privatización de un servicio clave
El Ministerio Público del Perú inició investigaciones por presunto delito de colusión. Sin embargo, resulta difícil explicar por qué la tarea de seguridad nacional -que era cumplida por las Fuerzas Armadas- se confió una a una empresa con un historial de ineficiencia documentado. Se trata no solo de un problema de la ineptitud sino posiblemente de la corrupción. Como era de esperar, candidatos como Rafael López Aliaga han llevado el caso a los tribunales, denunciando penalmente al jefe de la ONPE (Piero Corvetto). Por su parte, Fuerza Popular ha capitalizado el descontento exigiendo castigos severos para lo que denominan la "ineptitud del Estado".
Los expertos coinciden en que estos incidentes dañaron la credibilidad de los organismos electorales. En un clima de desconfianza ciudadana, cualquier fallo técnico es interpretado como un intento de manipulación o fraude. En ese sentido, la percepción de ilegitimidad de los resultados es una sombra que perseguirá a las autoridades electas, alimentada por la incapacidad de la ONPE para garantizar un proceso impecable.
Lo ocurrido con la empresa Galaga y las detenciones de funcionarios son solo el inicio de un largo proceso judicial, pero el juicio social fue emitido. La confianza ciudadana requiere mucho más que extensiones de horario o notas de prensa para ser reparada. La reforma del sistema de contratación pública en materia electoral y una fiscalización más rigurosa no son solo necesidades administrativas, son imperativos de supervivencia para cualquier democrático. La segunda vuelta electoral (junio 2026) no puede permitirse el lujo de repetir los errores que convirtieron un domingo de civismo en un lunes de incertidumbre.
Hoy lunes, las votaciones en Perú continúan, pero muchos aseguran que lo sensato sería repetirlas con las lecciones aprendidas.
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