Los gobiernos locales solicitan al Gobierno incorporarse a la Mesa Nacional para la atención de las personas en situación de calle, conocer los recursos disponibles y avanzar de respuestas asistencialistas hacia vivienda permanente, salud mental, tratamiento de adicciones y reinserción laboral.
Diez municipalidades solicitaron al Gobierno de Costa Rica ser incorporadas a la Mesa Nacional para la atención de las personas en situación de calle, al considerar que esta problemática supera la capacidad de respuesta individual de los gobiernos locales y requiere una política pública coordinada a nivel nacional.
La Municipalidad de San José, junto con los gobiernos locales de Grecia, Alajuelita, Aserrí, Moravia, Curridabat, Turrialba, Alajuela, Coronado y Pérez Zeledón, remitió un oficio a la Presidencia de la República y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para solicitar formalmente su participación.
La petición ocurre pocas semanas después de que el Gobierno anunciara una nueva estrategia interinstitucional para atender a las personas en situación de calle en Costa Rica.
Gobierno identificó a 7.132 personas en situación de calle
Según información publicada por aDiarioCR.com en agosto, el Gobierno contabiliza 7.132 personas en situación de calle en Costa Rica, de las cuales ocho de cada diez son costarricenses. De ese total, 3.590 se encuentran en San José.
La estrategia gubernamental contempla acciones de prevención, atención, recuperación, convivencia comunitaria e incorporación al empleo, mediante la coordinación de instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales y comunidades.
La iniciativa establece tres horizontes de trabajo: una respuesta inmediata para atender puntos críticos, una etapa de recuperación mediante rutas integrales y una fase de prevención dirigida a evitar nuevos ingresos a situaciones de vulnerabilidad.
Entre las instituciones contempladas están el IMAS, Ministerio de Salud, IAFA, Ministerio de Seguridad Pública, CCSS, Instituto Costarricense sobre Drogas, IFAM, PANI, Migración, Conapdis, UNGL y ANAI.
Sin embargo, las municipalidades consideran necesario tener una participación más directa en la definición y ejecución de las políticas.
Municipalidades: “No podemos trabajar solos”
El alcalde de San José, Diego Miranda, afirmó que los gobiernos locales han trabajado durante dos años en la articulación entre municipalidades porque la habitabilidad de calle no puede ser resuelta por un solo gobierno local o institución.
Los municipios solicitan que la política nacional establezca claramente qué institución debe hacer cada tarea, con cuáles recursos y cómo se medirán los resultados.
La preocupación central es que las respuestas no se limiten a atender temporalmente a las personas que viven en las calles, sino que permitan construir rutas para que puedan recuperar su autonomía y salir de esa condición.
Cuestionan el asistencialismo sin seguimiento
Uno de los principales planteamientos de los gobiernos locales es la necesidad de superar las intervenciones exclusivamente asistencialistas.
En el oficio remitido al Gobierno, las municipalidades mencionan iniciativas como la Carpa Anzuelo y advierten sobre el riesgo de crear una especie de “puerta giratoria” cuando servicios como alimentación, ropa, barbería o valoraciones médicas no están acompañados de mecanismos de referencia, seguimiento y continuidad.
Este planteamiento coincide con la necesidad de complementar la atención inmediata con servicios que permitan abordar las causas y circunstancias que llevan a una persona a permanecer en situación de calle.
En esa línea, las municipalidades proponen fortalecer la atención de salud mental y adicciones, ampliar las alternativas de tratamiento residencial y desarrollar mecanismos de reinserción social y laboral.
La experiencia de atención médica en San José
La atención sanitaria constituye uno de los componentes que ya desarrollan organizaciones sociales en la capital.
Una de ellas es +Humanos, iniciativa impulsada por la Fundación Pro Mundo y su programa Chepe se Baña, que brinda atención a personas en situación de calle, migrantes, adultos mayores y personas en extrema pobreza.
De acuerdo con información publicada por aDiarioCR.com, +Humanos atiende entre cuatro y cinco días por semana en San José y durante 2025 brindó más de 790 servicios de atención médica integral. El proyecto también trabaja en la ampliación de sus servicios, incluyendo atención odontológica, trabajo social y laboratorio.
Este tipo de iniciativas evidencia el papel que pueden desempeñar organizaciones sociales y alianzas público-privadas, pero también plantea el desafío de articular estos esfuerzos con una política nacional de largo plazo.
Municipalidades piden conocer recursos para 2027
Otro de los puntos centrales de la solicitud es conocer cuánto dinero se destinará a la atención de las personas en situación de calle durante 2027 y cómo serán distribuidos esos recursos entre los territorios.
Los gobiernos locales solicitan información sobre la estrategia denominada Puertas Abiertas, sus objetivos, metodología, instituciones participantes y recursos asignados. Según señalan, hasta ahora han conocido principalmente detalles de esta iniciativa mediante declaraciones y publicaciones en medios de comunicación.
También quieren conocer cómo se coordinarán las nuevas inversiones nacionales con los programas que ya desarrollan las municipalidades, con el objetivo de evitar duplicidades y que se trasladen responsabilidades a los gobiernos locales sin los recursos necesarios.
Hacia un modelo de vivienda permanente
Las municipalidades plantean avanzar hacia modelos de Vivienda Primero (Housing First), acompañados de atención psicosocial, salud mental, tratamiento de adicciones y procesos de reinserción social y laboral.
El objetivo sería pasar de respuestas temporales a soluciones habitacionales permanentes que permitan a las personas recuperar estabilidad y autonomía.
La solicitud de los diez gobiernos locales coloca nuevamente la atención de las personas en situación de calle como un desafío que requiere coordinación entre Gobierno Central, municipalidades, instituciones de salud, organizaciones sociales y comunidades.
Para los municipios, la incorporación a la Mesa Nacional permitiría aportar el conocimiento adquirido directamente en los territorios y diseñar una política pública que considere las diferencias entre cantones, tanto en necesidades como en capacidades presupuestarias y operativas.
El reto, ahora, será convertir esa coordinación en acciones sostenibles que permitan atender la emergencia, pero también crear caminos reales para que más personas puedan salir de la situación de calle y recuperar su autonomía.
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