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Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate el Proyecto de Ley 21.141, que pretende regular, promover e implementar el teletrabajo como una medida para generar empleo y modernizar las organizaciones públicas y privadas.
Esta iniciativa fue impulsada por legisladores de distintas fracciones y en la votación de este martes, obtuvo el apoyo de los 52 diputados presentes en el Plenario a la hora de debatir el avance del proyecto.
Durante la misma sesión se aprobó
una moción de fondo para el mismo proyecto, presentada por el diputado frenteamplista
José María Villalta para que las personas que trabajen por medio de esta
modalidad, cuenten con las mismas pólizas previstas para el empleado que cumple
su jornada de forma presencial.
Iniciativa brinda seguridad jurídica
El texto aprobado del Proyecto Ley
para regular el teletrabajo, indica que esta opción será voluntaria tanto para
el patrono como para el trabajador y regirá a través de un acuerdo entre ambas
partes, según las disposiciones del Código de Trabajo.
Para el diputado Pablo Heriberto Abarca del Partido
Unidad Social Cristiana (PUSC), esta es una medida que va a incidir en la
generación de empleo y especialmente, en la reactivación económica del país.
Abarca asegura que la ley generaría un marco para que ese acuerdo entre patrono y trabajador se genere. Especialmente para el sector privado donde faltaba la seguridad jurídica de esta modalidad.
Diputado Pablo Abarca
La aplicación en el sector público es centralizada y descentralizada, es decir, incluye a los entes pertenecientes al régimen municipal, así como a las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas.
Avance de ley provocó reacciones positivas
El avance a segundo debate generó reacciones positivas entre varios sectores, ya que dentro de los beneficios estimados que traería su implementación, se encuentra la disminución de 24.000 vehículos diarios en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Asimismo, el teletrabajador ahorraría en promedio ¢320.000 anuales, mientras que para las empresas e instituciones sería de ¢270.000 anuales por cada teletrabajador.
Tanto
la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial
(UCCAEP) como la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), se mostraron
complacidos ante la decisión unánime de los diputados al aprobar el proyecto.
Ambos sectores afirman que esta ley es una herramienta importante que aumentaría la productividad y además, mejoraría la calidad de vida de los trabajadores.
De acuerdo con la diputada liberacionista María José Corrales, a través de la iniciativa están generando un marco jurídico adecuado y una vía para las empresas que tienen colaboradores jóvenes.
Diputada María José Corrales
El presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, indicó que el segundo debate se llevará a cabo el martes 6 de agosto.
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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