El empleo en el sector construcción aún no corre peligro, ya que según la Cámara Costarricense de Construcción (CCC), los proyectos que estaban en proceso se encuentran actualmente en su fase final.
Lo que sí representa una amenaza para el sector y puede ser una bomba de tiempo en su estabilidad, es que no se han generado nuevos desarrollos constructivos.
De acuerdo con la Cámara, desde enero plantearon al Gobierno una serie de acciones urgentes, que abarcaban temas como la ampliación de la gradualidad en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), mejora regulatoria y simplificación de trámites, entre otros aspectos relacionados con la reducción de costos y acceso al crédito.
“Ante la inacción del Gobierno para atender la problemática del sector, se visualiza una pronta ralentización de la actividad, con consecuencias nefastas en el país a partir del aumento del desempleo”, manifestó Esteban Acón, presidente de la CCC.
Magnitud de la afectación
La Cámara alega que la construcción ha sido uno de los sectores más golpeados por la situación económica nacional desde hace 17 meses, pero que se ha agravado con la emergencia sanitaria que ocasionó el Covid-19.
Entre los datos que la institución mencionó como muestra de la afectación, puntualizó que en el 2019 la construcción mostró el peor comportamiento de todas las actividades económicas del país, que se vio reflejado en un decrecimiento de 10,7% en el Producto Interno Bruto (PIB).
También señalaron las cifras de empleo publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que muestran que en entre el II trimestre del 2018 y el I trimestre del 2020, la cantidad de ocupados en el sector disminuyó 16,3%, que se traduce en 28.292 personas.
Los metros tramitados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) también fueron mencionados. De enero a abril de este 2020, la institución reportó una baja de 11,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.
“No cabe duda sobre la urgencia de tomar medidas para atender las necesidades del sector construcción, para mantener a las empresas operando y proteger el empleo de sus colaboradores”, finalizó Acón.
Medidas se basan en siete ejes clave
En enero pasado, la CCC propuso las medidas al Gobierno, ya que según explicaron, el dinamismo y el crecimiento del sector dependería del compromiso que tuviera con él.
Se centraron en siete acciones:
- Reforma fiscal: Aplicar adecuadamente el encadenamiento y garantizar la progresividad en la aplicación del IVA que se negoció. Añadir un transitorio a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para evitar el incremento de golpe del 10% en el costo de los proyectos.
- Facilitar acceso al crédito para vivienda de clase media: Disminuir las tasas de interés, reducir los costos financieros como comisiones y servicios notariales, y ampliar condiciones que están otorgando a viviendas de un valor menor al límite de interés social.
- Acelerar mejora regulatoria en el sector: Transformación real de SETENA y SENARA que no se ha logrado a la fecha.
- Frenar participación ilegal y desleal del ICE en consultorías, diseños y construcción de obras públicas: Promulgar una directriz que obligue a esa entidad a limitar su participación solo a las actividades para las que está facultada por ley. También se planteó dar la orden al ICE para que no firme convenios interinstitucionales para diseño, construcción y supervisión de obras.
- Garantizar la disponibilidad del agua para el desarrollo del país: Intervenir el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para tener una adecuada planificación y control que asegure el término de proyectos en los plazos definidos.
- Impulsar reformas sostenibles en la gestión de obra pública: Atender el rezago en infraestructura, ya que persiste la necesidad de trabajar en fortalecer la planificación de mediano y largo plazo.
- Gasto público: Impulsar una verdadera reforma de empleo público, que garantice el aumento en la eficiencia del gasto público y asegurar el cumplimiento de la regla fiscal sin excepciones.
Diputada se unió a la solicitud de la Cámara
La diputada liberacionista Paola Valladares, hizo un llamado este martes para que se tomen decisiones que ayuden al sector a seguir operando ante la situación económica que atraviesan.
“Consciente de estas necesidades es que desde la Comisión de Infraestructura hemos impulsado una serie de proyectos que activarán las actividades económicas del sector construcción que evidentemente ayudan a la generación de empleo”, dijo la congresista.
El proyecto de Ley 21.420 para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas es uno de las iniciativas, al igual que el 21.637, que promueve la ampliación del pago escalonado del nuevo impuesto en los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil. “De esta manera se evitaría la caída del sector construcción”, indicó Valladares.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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