La comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudia la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), presentó recientemente un informe que incluye las posibles razones de la crisis que vive la institución, así como una serie de soluciones para generar nuevos ingresos sin aumentar impuestos o edades para la jubilación.
Sin embargo, dos diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN): Paola Valladares y Yorleny León, junto con los congresistas de la fracción oficialista: Catalina Montero y Víctor Morales, no aprobaron el informe presentado por el presidente de la comisión, el diputado Walter Muñoz del Partido Integración Nacional (PIN).
De acuerdo con quienes votaron en contra, “la comisión se alejó de los objetivos encomendados por el Plenario Legislativo, que definió como meta del órgano parlamentario, investigar y rendir un informe de la situación de las finanzas de la CCSS”.
Sostienen además, que el informe no tiene argumentos ni pruebas suficientes para respaldar sus conclusiones, y que las propuestas de ley reasignadas a la comisión han tenido trámite deficiente.
Ante esto, el congresista del PIN manifestó: “La Asamblea debe decir la verdad al país sobre lo que ocurre con la CCSS. Este informe que querían sacar de la vía legislativa recopila datos de suma relevancia en temas financieros, el padre de Cochinilla, un daño social a los seguros de salud y de invalidez, vejez y muerte (IVM) de ¢217,5 mil millones”.
Omisión de información
El documento contiene los testimonios de funcionarios de la CCSS, los cuales concluían que: el Seguro de Salud sería solvente hasta el 2026 o a lo mucho al 2031, si la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas concreta lo previsto; la reserva del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte se agotará en el 2037; las causas que generaron las insolvencias financieras son factores internos de los regímenes, como el envejecimiento de la población y la morosidad Estatal (¢5,9 billones).
No obstante, el informe indica que al contrastar las declaraciones con los documentos recopilados por la comisión, se determinó la omisión de importantes elementos, producto del ocultamiento y no del desconocimiento.
Por ejemplo, que en el 2012 Luis Guillermo López, director actuarial y económico de la CCSS, durante su comparecencia en la comisión de la CCSS, suministró información errónea para impulsar un proyecto de política salarial considerado uno de los detonantes de la crisis financiera de la institución.
Debilitamiento desde el 2000
Según informes de la auditoría interna de la CCSS, en el 2000 el gasto por “Servicios Personales” y la relación salarios extraordinarios/salarios ordinarios crecieron por encima de los límites dispuestos por la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Financiera. En el 2002, hubo un crecimiento reiterado de partidas salariales y de salarios extraordinarios y ordinarios, por encima de los topes anuales.
En el 2004, un informe del auditor interno de la institución, el Lic. Jorge Arturo Hernández, alertó sobre el manejo riesgoso de las finanzas institucionales, tras ser más los gastos que los ingresos, razón por la que se utilizaron excedentes de periodos anteriores y cubrir las erogaciones realizadas -acción que produjo la disminución de los saldos de caja-.
“Las unidades integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario, así como la Dirección de Recursos Humanos, posteriormente denominada Dirección de Administración y Gestión de Personal, auspiciaron ante la Junta Directiva abruptos crecimientos en los salarios base y en las anualidades remuneradas a los trabajadores, así como en el número de plazas nuevas y en los años a reconocer en el pago del beneficio de cesantía”, dice el informe.
Soluciones propuestas
El diputado Muñoz enfatizó la imposibilidad de sostener la CCSS si no se hacen cambios en el sistema administrativo donde: el presidente ejecutivo lo nombre el Presidente de la República; el presidente ejecutivo nombra un gerente general que hace una duplicidad de funciones sin modificar la ley constitutiva de la institución, y se nombra una gerencia logística que no tiene ninguna función lógica dentro del esquema organizativo.
Además, en el informe se brindaron otras recomendaciones como:
- Formular un Plan Nacional de Seguridad Social que establezca las políticas nacionales de salud y seguridad económica de corto y mediano plazo realmente integradas con prevención atención y rehabilitación a toda la población costarricense.
- Modificar la composición de la Junta Directiva de la CCSS incluyendo la participación de los asegurados, únicos dueños de la institución, de acuerdo con lo declarado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
- Eliminación de la Gerencia General por duplicidad de funciones con la Presidencia Ejecutiva sin haber sido modificada la ley constitutiva de la CCSS.
- Eliminación de la Gerencia de Logística cuyas funciones no están claramente en la ley constitutiva de la CCSS, generando duplicidad de funciones en general.
- Impulsar un proyecto de ley para la inversión de Fondos de Pensiones en la construcción de Infraestructura Pública con mayor rentabilidad y seguridad al IVM.
- Impulsar un proyecto de ley para que la recaudación parcial de algunos peajes pueda ser destinada a fortalecer los regímenes de la CCSS.
- Apoyo al expediente nº 22.290. Ley de traslado del seguro de riesgos del trabajo a la CCSS, con el propósito de garantizar recursos y una atención integral a los asegurados.
- Solicitar a la Junta Directiva de la CCSS facilitar acuerdos de moratoria con trabajadores independientes y pequeños empresarios, con el propósito de que les permita continuar en la formalidad y seguir fortaleciendo con sus cuotas ambos regímenes.
- Fortalecer la atención primaria preventiva en los todos los EBAIS con el propósito de evitar la saturación de clínicas y hospitales.
- Elaborar un plan a corto y mediano plazo que permita la formación del recurso humano necesario para la atención más oportuna y eficiente de los asegurados.
El proyecto de ley fue votado a favor por Muñoz, su compañera de bancada Patricia Villegas, la diputada independiente (ex socialcristiana) Shirley Díaz y el legislador de Nueva República Ignacio Alpízar.
Melvin Núñez de Restauración Nacional, podría desempatar la votación del informe, pues estuvo ausente durante su discusión y podría ejercer su voto; sin embargo, la diputada León sugirió al departamento de Servicios Técnicos no considerar el informe mayoritario aun si el legislador ausente da su apoyo.
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Marianela Sanabria Leandro
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