El Poder Judicial propuso reforma en aspectos puntuales y concretos al Código Procesal Penal para potenciar procesos más rápidos y eficientes, en respuesta al contexto de inseguridad que atraviesa el país.

El 29 de julio pasado, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, el magistrado presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre Gómez, y la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera), Patricia Solano Castro, expusieron la iniciativa que plantea dicha reforma, la cual se tramita bajo el expediente 24.913.

De qué trata el proyecto del Poder Judicial

La propuesta, desarrollada por la Sala Tercera, forma parte de una serie de cambios que buscan mejorar la respuesta del sistema judicial ante la delincuencia, combatir la impunidad y garantizar mayor protección a las víctimas.

Se trata de modificaciones puntuales que generarían cambios de alto impacto:

Si una persona imputada no se presenta a la audiencia preliminar sin justificación, será declarada en rebeldía.
En delitos castigados con penas de hasta 10 años, un solo juez (tribunal unipersonal) podrá conocer el juicio, lo que permitirá resolver más casos en menos tiempo.
Se eliminará la práctica de posponer audiencias porque el abogado litigante tiene la agenda llena. Si el defensor no puede asistir, la persona imputada tendrá un máximo de cinco días para nombrar a otro, o se le asignará un defensor público para evitar retrasos innecesarios.
Se establece que la audiencia preliminar será el último momento procesal para acceder a una solución alterna o a un procedimiento especial abreviado. Por ello, se hace obligatoria la asistencia de la persona imputada y se convoca también a la víctima.

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El magistrado Aguirre destacó que este proyecto de ley evidencia el compromiso y la proactividad del Poder Judicial para enfrentar el fenómeno de inseguridad:

No se trata solo de discursos y diagnósticos, sino de acciones concretas que incidirán directamente en un mejor sistema de justicia.

Por su parte, la magistrada Solano enfatizó en que el proyecto se enfoca en eliminar trabas y prácticas procesales abusivas, siempre respetando las garantías y el debido proceso.

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