Tras estudiar la denuncia de un ciudadano sobre las implicaciones del glifosato en la salud de las personas y el ambiente, la Defensoría de los Habitantes pidió al Ministerio de Salud prohibir de manera inmediata cualquier uso no agrícola de la sustancia y su utilización como herbicida en los espacios públicos y zonas urbanas.
Un grupo de trabajo interinstitucional entre los ministerios de Trabajo, Agricultura y Ganadería (MAG), Ambiente y Energía (MINAE), Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Colegio de Médicos y la Defensoría, analizó el caso y recopiló información técnica y científica.
Basada en el criterio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la investigación concluyó que el glifosato puede ser considerado como un plaguicida de alta peligrosidad, especialmente por los posibles efectos graves o irreversibles en la salud que puede provocar.
Prohibición
La Comisión de trabajo consideró que es necesario y oportuno prohibir el uso del glifosato, las sales y las formulaciones que las contengan; principalmente porque existen alternativas químicas y no químicas de esta sustancia.
Ante la evidencia científica ya analizada, la Defensoría considera que el principio precautorio debería ser clave al tomar decisiones respecto a este herbicida que fue declarado cancerígeno por un jurado estadounidense el pasado 19 de marzo.
Glifosato en productos
Según datos del Servicio Fitosanitario del Estado, existen 28 ingredientes activos y 79 productos formulados que contienen la sustancia, mismos que están autorizadas para su uso en 32 cultivos agrícolas distintos.
Aunque es legal únicamente para usar en cultivos, es aplicado también para el control de malezas en zonas públicas urbanas como cementerios, parques, aceras, caños, rondas de calle y demás zonas verdes.
“Nos preocupa que la exposición de la población en general a los productos que contienen glifosato es extendida y recurrente. Exposición que aumenta por el uso incompleto o incorrecto del equipo de protección personal, que además, no se adapta a las condiciones climáticas del país”, indicó la Defensoría a través de un comunicado de prensa.
Además, resaltó que existe un vacío en cuanto a capacitaciones, así como deficiencias en licencia del manejo y uso de plaguicidas y en la falta de exámenes médicos pre exposición y periódicos.
La institución pidió a los ministerios que conformaron el equipo de trabajo emitir un informe en un plazo de 15 días, en el que se detallen las medidas que se pueden adoptar para hacer efectiva las recomendaciones sobre esta problemática.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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