
“Ya era hora”, así comenzó Eliécer Feinzag, jefe de la bancada legislativa del Partido Liberal Progresista (PLP) su presentación, y es que desde marzo 2019, se declaró en EE.UU. cancerígeno al herbicida Roundup, que utiliza como base el Glifosato, y en Costa Rica se sigue usando.
En mayo 2019, la Defensoría de los Habitantes solicitó en Costa Rica prohibir el uso de este herbicida declarado cancerígeno por un jurado estadounidense, pero aún no se prohíbe en el país. También el Ministerio de Salud solicitó no utilizar herbicidas en espacios de convivencia humana, pero se quedó en solicitud.
Y es que, según un estudio de la Universidad Nacional, publicado por aDiarioCR en marzo 2019, el uso del herbicida glifosato en Costa Rica en el periodo 2007 a 2015 se incrementó vertiginosamente de pocas toneladas en 1982 a 1.761 toneladas en 2013. Esto fue hace más de 10 años y la situación ha empeorado.
Es una lucha mundial
En una victoria histórica para los trabajadores agrícolas de EE.UU., en junio 2022, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. se puso del lado del Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS) y sus representados -los trabajadores agrícolas y los conservacionistas- al revocar la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) de que el pesticida tóxico glifosato era seguro para los humanos y no ponía en peligro la vida silvestre.
En octubre de este mismo año, aDiarioCR informaba que investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana encontraron glifosato en el 99% de las mujeres embarazadas y confirmaron que los niveles químicos tóxicos estaban asociados con un menor peso al nacer y posiblemente también con un mayor riesgo de ingreso en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

¿Se logrará en Costa Rica?
En Costa Rica, el uso de herbicidas y pesticidas al parecer sigue por la libre, y es por ello que la diputada del PLP, Kattia Cambronero junto con ocho congresistas presentaron este 8 de junio en conferencia de prensa el proyecto de ley Nº23783 que busca la prohibición y regulación de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente.
Esta ley prohibiría agroquímicos como el Glifosato, Clorotalonil, Paraquat, Fipronil, Dimetoato, Carbosulfán, Bromuro de metilo, Estreptomicina, Gentamicina, Oxitetraciclina, Kagugamicina, Bromacil, Carbofurán, Endosulfán, Aldicarb y Alachlor. Algunos de estos ya se encuentran prohibidos vía decreto ejecutivo, sin embargo, se pretende elevar esta condición a rango de ley.
El proyecto de ley también incluye un paquete de incentivos para facilitar a los agricultores la transición hacia formas más sostenibles de producción, con lo que esperan fomentar el emprendimiento asociado con mejores moléculas.
Asimismo, busca que el Ejecutivo, en coordinación con las instituciones del sector agrícola y agroexportador, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), centros de investigación de las universidades públicas y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), impulse la investigación, el desarrollo y la asistencia técnica para la agricultura sostenible.
Cambronero agradeció a los habitantes de Cipreses de Oreamuno de Cartago quienes inspiraron este proyecto de ley en su lucha como víctimas de la contaminación con clorotalonil de dos de sus acueductos y miles de personas están recibiendo agua potable en cisternas desde el año pasado.
En su presentación Cambronero fue enfática en que:
El uso excesivo de agroquímicos nos está matando. Está matando a nuestros agricultores, está contaminando nuestras fuentes de agua y no estamos haciendo nada al respecto.
Además de buscar la prohibición de agroquímicos como el glifosato, estamos proponiendo una receta digital para que los ingenieros agrónomos deban llevar un registro digital de los productos que están usando.
Señores agricultores: esto no se trata de hacerles una prohibición para complicarles la vida. Se trata de obligar al gobierno a que registre moléculas menos contaminantes y que beneficien más. Que ustedes no tengan que usar tantísimo agroquímicos para obtener los resultados que esperan.
No es posible que en este país se tarden tantos años en lograr registros de nuevas moléculas menos contaminantes.
Ya me han comunicado que al proyecto lo van a bombardear (de mociones). No tengo ningún problema porque debemos romper el status quo por el beneficio de los costarricenses.
Estudio del PNUD marca la cancha
Cambronero agradeció al PNUD y resaltó el trabajo realizado con el informe Uso aparente de los plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, realizado por Elídier Vargas.
La primera conclusión de este estudio es que Costa Rica tiene un alto uso de plaguicidas en la agricultura, que ronda en promedio los 34,45 kg de ingrediente activo por hectárea por año.
Otras 10 conclusiones son:
- El uso promedio de plaguicidas en Costa Rica es, significativamente mayor al de los países OCDE, pero también al de otros países con similares condiciones agrícolas, incluyendo Colombia, Ecuador y Guatemala.
- Una de las causas en el alto uso de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica es la dependencia de los agricultores de la asistencia técnica de las comercializadoras de plaguicidas.
- El alto uso de plaguicidas está también relacionado con el debilitamiento de los servicios de extensión agrícola y de investigaciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a partir de 1995.
- Una gran cantidad de los plaguicidas que se continúan utilizando en la agricultura de Costa Rica ya están prohibidos o no permitidos en otros países, por ejemplo, en los países OCDE de la Unión Europea.
- Se mantienen en el mercado 1.884 plaguicidas con más de 10 años de haber sido registrados y hasta con 37 años con los plazos de registro vencidos o que nunca han tenido fecha de vencimiento, en contra de la débil normativa que incluso no contemplaba procesos de evaluación de riesgo sanitario o ambiental.
- A partir del año 2004, a raíz de la intervención de la Contraloría General de la República en el registro de plaguicidas del Servicios Fitosanitario del Estado (SFE), se empezó a generar nueva normativa para el registro con mayor respaldo técnico; sin embargo, debe tener menor injerencia política, especialmente, de parte de las empresas comercializadoras de plaguicidas.
- El país precisa del registro de nuevas moléculas de plaguicidas para uso agrícola, pero sin dejar de hacer las evaluaciones de riesgo sanitario y ambiental, con base en los procedimientos internacionales.
- No existe normativa que regule los residuos de plaguicidas en cuanto a sus valores de referencia para proteger los cuerpos de agua superficiales. Es necesario actualizar las características de peligrosidad para los consumidores, trabajadores agrícolas, residentes de zonas agrícolas y ambiente.
- El SFE reporta un alto nivel de contaminación de alimentos con residuos de plaguicidas.
- En algunas zonas del país con una agricultura muy intensa en el uso de plaguicidas, se han detectado acueductos rurales contaminados con residuos de plaguicidas, así como la contaminación de cuerpos de agua superficiales. Esto ha obligado al cierre de fuentes de agua, a la construcción de acueductos y a la elaboración de estudios técnicos sumamente caros.
Tal vez pronto veamos en Costa Rica el tipo de revolución tecnológica amigable con el ambiente, como la que reporta Jacob Ward de NBC News: robot que mata la mala hierba mediante láser en un campo sembrado de kales en los EE.UU.
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