En distintos países se han implementado políticas para controlar los productos de tabaco y la influencia de esta industria. Costa Rica por ejemplo, ratificó desde el 2008 ser parte del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aprobó la Ley 9028 de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud en el 2012.
Medir cómo se protegen estas medidas de la influencia de la industria tabacalera para que puedan cumplir con su fin, es el objetivo del 2º Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera, elaborado por Stopping Tobacco Organizations & Products (STOP) y Corporate Accountability, con el apoyo de organizaciones como la Red Nacional Antitabaco de Costa Rica (RENATA).
La encuesta -en este segundo año que incorpora a Latinoamérica- evaluó a 34 países a nivel mundial, que de acuerdo con los resultados, se ubica en el puesto 15, tras determinarse que existe una interferencia de 48 puntos por parte de las tabacaleras.
“Queda en evidencia que aún hay mucho por hacer. Instamos al gobierno a avanzar en esta materia empezando por la revisión del decreto ejecutivo que integra tres cámaras empresariales a la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito, que representan los intereses de la industria del tabaco. Asimismo, que adopte las recomendaciones que se derivan de este informe”, manifestó Teresita Arrieta, coordinadora del Índice para RENATA.
Precisamente, esa modificación fue el incumplimiento de la protección de la influencia de las tabacaleras determinada en el índice, “representa un lugar de incidencia y lobby para minar avances en la regulación y control de tabaco”, comentó Damián Reyes, consultor del informe para Costa Rica.
Mayor control en la interacción entre oficiales gubernamentales y tabacaleras
Para mejorar en este campo, entre las recomendaciones que se brindaron para Costa Rica, se encuentra la elaboración de un código de conducta con normas y procedimientos que deben seguir los oficiales gubernamentales al interactuar con las tabacaleras, según el artículo 5.3 del CMCT.
Lo anterior específicamente porque se documentó la participación de oficiales de gobierno en actividades de responsabilidad social, organizadas por compañías de esta línea o sus representantes.
Asimismo, aconsejan la disponibilidad de un Plan Nacional de Control de Tabaco que abarque en sus acciones estratégicas, la educación del aparato estatal sobre el Convenio.
“Se documentó el tratamiento especial por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo hacia la industria tabacalera al protegerla durante una reforma fiscal. En un mismo ejercicio legislativo, se benefició mediante un artículo especial para el cálculo menor de la base imponible del impuesto y en una amnistía en el cobro de multas por parte del Ministerio de Salud”, informó RENATA.
Fortalecimiento de las políticas públicas es una necesidad
Adriana Bacelar, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), apuntó durante el lanzamiento del Índice, que existe una necesidad de fortalecer las políticas públicas para hacerle frente a la interferencia que provoca esta industria.
“La interferencia es una de las principales amenazas del control de tabaco en toda la región americana, por lo que precisa que se aborde esta situación”, aseguró Bacelar.
Gabriela Friedrich de Alianza Juvenil – CLAS, recomendó que se implemente un registro público de las reuniones de las tabacaleras con funcionarios.
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Últimas entradas de Marianela Sanabria Leandro (ver todo) - Feria Brete GAM ofrece 5.800 puestos de empleo - 25 de noviembre de 2024
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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