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ONG denuncia conflicto de interés en Ministerio de Hacienda

Mediante decretos, los gobiernos del PAC han cambiado totalmente la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito dando voz y voto a empresas

Diputada Nielsen Pérez

Los conflictos de interés en alianzas público-privadas se dan cuando hay un conflicto entre la función pública y el interés privado del funcionario público o del empresario.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), deben fomentarse la transparencia y la ética en la función pública, incluyendo regulaciones de carácter preventivo.

Precisamente, en noviembre del 2019 varios diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) presentaron un proyecto de ley que pretendía que los funcionarios declararan a la Contraloría los cargos en empresas privadas que ocuparon antes de su cargo público.

El expediente Nº 21.678, asignado a la Comisión de Asuntos Jurídicos, o “Ley de resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altos funcionarios y funcionarias públicas”, sancionaría con multas hasta de 300 salarios base, dependiendo de la falta que cometa el funcionario.

Por ejemplo, la multa más baja es de 50 a 100 salarios bases a un alto funcionario público que incumpla la obligación de declarar que anteriormente ejerció su actividad profesional en empresas privadas o públicas en competencia, y cuyo negocio esté directamente relacionado con las funciones del cargo público que ocupan.

La sanción más alta es de 200 y 300 salarios bases a un empleador que contrate o subcontrate un alto exfuncionario público para actividades sobre las que se encuentra restringido o impedido durante los dos años posteriores a su cese. A estos funcionarios se les rescindirán los contratos que tenga con la administración pública sin responsabilidad.

Según la diputada Nielsen Pérez, los conflictos de interés aumentan los riesgos de corrupción, ya que los funcionarios poseen gran conocimiento. “Este conocimiento sería grave que estuviera en las manos equivocadas”, aseguró Pérez.

Conflicto de interés en la Comisión Mixta Contra el Comercio Ilícito

En julio pasado, aDiarioCR.com denunció el intento de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit) de influir en las políticas del control de tabaco en Costa Rica. Este ente es un grupo financiado por tabacaleras que ha insistido en que la Comisión Mixta Contra el Comercio Ilícito del Ministerio de Hacienda, tenga más influencia en la toma de decisiones.

Para la redacción de este reportaje, tuvimos acceso a algunas actas del Ministerio de Hacienda que corroboraban que la única empresa invitada a las sesiones de la Comisión Mixta fue Philip Morris International (PMI), socia de Tracit. A la sesión del 2 de mayo de 2019 acudieron dos gerentes de Asuntos Externos y de Anticomercio Ilícito para Costa Rica y Centroamérica: Susana Salas y Arturo Fernández.

Asimismo, el representante de la Cámara Norteamericana de Comercio (AmCham) ante la CM, Gerardo Lizano, es exgerente de Asuntos Corporativos y Regulatorios de British American Tobacco Centroamérica (BATCA).

El fin de la Comisión Mixta está siendo transformado

Nydia Amador y Teresita Arrieta, RENATA
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La Comisión Mixta fue constituida por Decreto Nº38410-MEIC-G-SP-S-H en mayo 2014. Sin embargo, en agosto de 2016, se reformó el decreto vigente y se incorporaron representantes de dos cámaras: AmCham y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Asimismo, en junio pasado se hizo otro cambio a la Comisión vía decreto, mediante el cual se introdujo a la Cámara de Comercio de Costa Rica y se les dio voz y voto a las tres cámaras.

Para la Red Nacional Antitabaco (RENATA), estas cámaras representan los intereses de la industria tabacalera: “AmCham y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector Empresarial Privado (UCCAEP) tienen entre sus agremiados a las tabacaleras”, aseguró la Dra. Nydia Amador, presidenta de la institución.

“Tenemos instancias privadas con voto en asuntos públicos y eso no puede ser de ninguna manera, porque antes podían influir, pero ahora pueden influir y votar. Nos preocupa que en la búsqueda de acciones contra el contrabando y en acciones de control de tabaco ligadas a comercio ilícito en tabaco, estén tomando decisiones estas instancias privadas”, comentó Amador.

La representante de RENATA recordó que el fin de la Comisión es luchar contra el comercio ilícito y que hay una serie de funciones que son exclusivas del Estado, en las que la participación de las cámaras con voz y voto, pueden comprometer la Convención Marco de Control de Tabaco, pues el reciente cambio en la Comisión, iguala a los representantes de ministerios que constituyeron la Comisión, con las cámaras que representan intereses de sus agremiados.

“Desde la Red Nacional Antitabaco enviamos una carta al ministro de Hacienda, Elian Villegas, con el fin de que deroguen los decretos que transformaron a la Comisión Mixta de la Administración Chinchilla para controlar el contrabando, a lo que es hoy: una reunión quincenal donde los representantes de las empresas le dicen al Gobierno qué hacer y cómo hacerlo para probablemente evadir todo tipo de regulación”, explicó Amador.

En la misiva de RENATA se puede leer que es “de alto interés recordar que órganos de entidades públicas, como esa Comisión, deben actuar con pleno sometimiento al deber de probidad, y en su seno, no pueden participar sujetos (o entidades) que comprometan una resolución de sus asuntos con reparo en la objetividad, y procura del interés público. Por tanto, la participación de sujetos, que representan intereses privados, donde, debe decirse así de claro, está representado con voz y voto indirectamente la industria tabacalera, puede comprometer, en las decisiones que adopte esa Comisión, lo expuesto, lo que, sin duda, es una infracción al ordenamiento jurídico”.

Modificación en la Comisión es contraria al principio de legalidad 

Abogado de RENATA, Lic. Christian Campos

Para el abogado de RENATA, el Lic. Christian Campos, un Gobierno no debe someter a votación del sector privado decisiones que son de su absoluta responsabilidad porque tienen que ver con la política pública, así como el decreto publicado en junio es contrario al principio de legalidad y al marco normativo internacional adoptado por el país.

“El sector privado podría impedir, influenciar e incidir una potestad pública a favor de intereses privados, y eso hay muchas maneras en que se puede dar. Por ejemplo, que se presenten mociones en un plan de política pública, o que no lleguen a sesionar, impidiendo la votación que ese plan se pueda votar. Hay muchas formas en que pueden influir de forma positiva o negativa para que el Gobierno deje de cumplir temas donde él es el único responsable”, detalló Campos.

Añadió que hay algunos temas que se pueden poner a opinión de la sociedad y empresas, “pero una cosa es escuchar lo que piensan y otra es darles la potestad de votar, ya que esto compromete y podría obstaculizar que el Gobierno honre acuerdos que haya tomado”.

En este aspecto mencionó el compromiso que tiene el Gobierno de avanzar a través de políticas públicas y regulaciones, en la desestimulación del consumo de tabaco. “Cómo es posible que en una comisión pública donde las políticas públicas están sobre la mesa, el sector privado tiene tres sillas con voz y con voto. Si en una sesión donde votarán un plan llega solo un ministro y tres del sector privado, evidentemente la votación será sesgada a los intereses del sector privado”, concluyó el abogado de RENATA.

También le puede interesar: TRACIT, grupo financiado por tabacaleras, intenta influir en políticas del control del tabaco.

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Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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