Las actuaciones del sector público siempre estarán en la mira de los ciudadanos y darán de qué hablar. Esta semana hubo dos casos particulares en los que nuestros lectores tomaron la palabra para proponer una solución drástica: el cierre de instituciones cuya labor ha sido cuestionada.
Quitar o cambiar el CTP
En una de nuestras notas de esta semana le comentamos cómo Uber está dispuesta a compartir tecnología para mejorar el servicio de transporte. La empresa considera que el actual proyecto para su regulación promovido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) va en la dirección equivocada, y que se requiere una mejora en los servicios de transporte, su calidad y seguridad. Al respecto, Juan Efraín Lobo comenta:
Lo que hace falta en este país es quitar o cambiar el Consejo de Transporte Público (CTP) actual que está corrompido, por un organismo que realmente se preocupe por el usuario y no solamente favorezca a ciertos empresarios con poder económico.
La idea de don Juan Efraín es compartida por varios legisladores de distintas fracciones del anterior periodo (2014-2018), quienes presentaron un proyecto de "Ley marco de movilidad segura y sostenible de personas" (expediente 20.171), atendiendo la recomendación de organizaciones como la Asociación Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA), el colectivo Chepecletas, la Asociación de Deportistas contra la Violencia Vial y el Irrespeto (Aconvivir) y el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena).
En la justificación del proyecto los ex diputados afirman que "la crisis de vialidad y transporte es un problema estructural de décadas y demanda una rectoría fuerte del Poder Ejecutivo mediante acciones públicas, esto con el propósito de motivar a la sociedad costarricense a no usar su vehículo y trasladarse en modos de transportes más sostenibles. Es decir que las personas tengan las opciones de hacer la transición hacia el transporte público y movilidad activa, sin pretender forzarlo a dejar el vehículo".
El principal aporte de dicho proyecto es la sustitución del CTP y otras instancias del MOPT por una "División de Movilidad Segura y Sostenible", que se encargaría de englobar y regir todos los medios regulados de transporte público y de movilidad activa. El proyecto, sin embargo, data del 2016 y no contemplaba a Uber y otras plataformas similares. Además, su paso por la Asamblea se estancó desde el 2017 y la actual Comisión de Ambiente no ha retomado su discusión.
¿Cerrar Recope?
La noticia que generó más comentarios esta semana fue la intención de Recope de cobrar la pérdida por robo de combustible a través de aumento en tarifas. La gran mayoría de nuestros lectores no está de acuerdo en que ese costo se le traslade al usuario, pues a su criterio se debe a las deficiencias de Recope al proteger el combustible y controlar su distribución. Muchos lectores sugieren, entonces, el cierre de la empresa estatal, pues cuestionan además el alto costo que le generan al país los salarios y convenciones colectivas de la misma.
En cuanto a ese último punto, la semana anterior la Sala IV anuló varios beneficios incluidos en la convención colectiva por no ajustarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, entre ellos los topes de cesantía que superaban los 12 años, así como varios incentivos salariales, subsidios y servicios que en algunos casos beneficiaban incluso a toda la familia de los trabajadores.
Por otra parte, una de las principales razones de ser de un ente como Recope es, en principio, la protección del ciudadano ante un mercado tan inestable como el de los hidrocarburos, cuyos productos son indispensables para el día a día. Las instituciones estatales de combustibles, en los países donde existen, tienen la misión de garantizar la importación y reserva de combustibles, mantener a lo interno un precio más estable, transportarlos de forma segura y combatir el contrabando. En un mercado sin regulación, las variaciones internacionales de precios y disponibilidad de petróleo afectarían de forma más directa al usuario.
Por estas razones, no se ha considerado un cierre total de Recope como alternativa a los problemas de distinta índole en que se ha visto involucrada. Por el contrario, lo que se anunció en los últimos días es el proyecto de "Ley de transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para la contribución a la transición energética" (expediente 21.343).
Dicha ley, de aprobarse, mantendría la misma base de la empresa actual, con otro nombre: Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas. Su función sería "desarrollar energías químicas alternativas y productos asociados, para la descarbonización de la economía". Es decir, la visión va encaminada en un mercado energético menos dependiente del petróleo.
Educación para el bienestar animal
En noticias más positivas, también esta semana le contamos que Costa Rica es un país muy interesado por los perros, según Google. Esa información llevó a algunas lectoras a cuestionar si de verdad estamos tan interesados en el bienestar de estos y otros animales. Resaltamos el aporte de Erika Astúa:
Necesitamos educar a los niños, que sean conscientes que los animales sienten y sufren y necesitan cuidados, una gota de agua llega a romper una piedra.
Nuestro país cuenta con una Ley de Bienestar de los Animales, que precisamente señala que las familias e instituciones educativas deben fomentar en los niños y jóvenes la protección de los mismos. Pero además, establece que las multas recaudadas por casos de maltrato a animales de compañía serán destinadas a las labores de educación, control y fiscalización, por medio de Senasa y en conjunto con las municipalidades.
Algunos cantones ya cuentan con iniciativas de educación para el bienestar animal, entre ellas destaca como pionero el Centro para la Educación en Cuido Animal (CMECA) de la Municipalidad de Cartago, y algunas otras como la de Desamparados ya han suscrito convenios con Senasa en esa misma línea.
Asimismo, la administración anterior presentó una propuesta educativa en bienestar animal, para su inclusión en los planes de estudio de escuelas y colegios.
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Alejandro Portilla Navarro
Periodista, locutor, productor audiovisual y diseñador web. Bachiller en Periodismo y en Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica.
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