Por: Lorena de la Garza Jiménez, Master en Derechos Humanos
La violencia obstétrica es una forma de violencia que sólo sufren las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya que son la únicas posibilitadas para quedar embarazadas y dar a luz. Este tipo de violencia es claramente una violación a los derechos humanos de este género, y se ven vulnerados sus derechos a la salud, la libertad, la integridad, la dignidad, la información, la igualdad y la intimidad. Atentar contra los derechos humanos de las mujeres es considerado violencia de género.
Violencia institucionalizada
Lamentablemente, este tipo de violencia se encuentra institucionalizada en los centros de salud de Costa Rica y es normalizada, perpetrada por el personal de salud, con el silencio de las autoridades que en principio deberían velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las pacientes, pero en este tema en particular, quedan la mayoría de estos casos en la impunidad.
El personal médico actúa como dueño de los cuerpos de las mujeres, brindándoles un trato despectivo, denigrante, violento y discriminatorio. Además, en muchas ocasiones son las mismas enfermeras obstetras quienes son partícipes de esta cultura machista y muestran poca solidaridad y respeto hacia su propio género. Esta realidad reafirma la posición de inferioridad de las mujeres, así como el despojo y ultraje a sus derechos humanos.
La violencia obstétrica es una realidad que se vive en los centros médicos y la cual refleja la falta de conocimiento con respecto al deber de garantizar los derechos a una vida sin violencia, donde la dignidad y la salud sean una prioridad, así como el hecho de decidir sobre su propio cuerpo y reproducción. Por lo tanto, es de suma urgencia promover sensibilización sobre los temas con respecto a las prácticas en salud y su inminente vulneración a los derechos de las mujeres.
Adicionalmente, las mujeres -sin importar su condición socioeconómica- deben contar con toda la información con respecto al derecho de recibir un buen trato de parte del personal de salud. El papel del Estado es garantizar los derechos a través de políticas y programas, incorporando los derechos humanos, y por ende, la atención adecuada antes, durante y después del parto.
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