El Convenio marco servicios de infraestructura con fondos propios del Ministerio de Hacienda, puesto en marcha el 7 de junio pasado, ha causado inconformidad en el sector construcción.
La razón, es que se obliga a los ministerios y órganos desconcentrados de la administración central a consultar y utilizar -antes de tramitar otro procedimiento para la adquisición de bienes y servicios- el convenio, es decir, a hacer contratos de inspección, remodelación, construcción, reparaciones, diseño y dirección técnica únicamente con 14 empresas.
A pesar de que la directora general de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA) de Hacienda, Maureen Barrantes, aseguró que el convenio permite a las instituciones adquirir los bienes a precios favorables, para el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) esto afecta a prácticamente el 99% de las empresas constructoras y consultoras de Costa Rica inscritas a él.
En una carta del CFIA dirigida a Barrantes se indica que los agremiados manifiestan que el convenio no puso limitaciones en el contenido presupuestario, por lo que abarca desde contratos de un colón hasta las grandes obras del gobierno central, lo que estiman contrario al interés público.
Además, consideran que existe un debilitamiento del principio de la libre competencia, sumado a que se deja prácticamente sin trabajo a las varias empresas que se dedican en un 100% a la contratación con el Estado.
Basado en los anteriores argumentos y en que el hecho de que existan compras por catálogo sin un precio definido para servicios de construcción, no tiene explicación técnica, el CFIA solicitó a esta dirección de Hacienda aclarar cuál es el fundamento jurídico y técnico para aplicar el convenio marco a los servicios de ingeniería y de arquitectura.
Asimismo, pidió conocer el estudio técnico, científico y financiero que comprueba y garantiza que las 14 empresas adjudicadas podrán realizar todos los servicios de ingeniería y arquitectura que se requieren en el país de manera simultánea y eficaz.
Entre las empresas que forman parte del convenio se encuentran: Constructora Navarro y Avilés, América Ingeniería y Arquitectura, Compañía Constructora INGESUR, Consultora Estructural G.A., Asociados CEGA, GN Estructuras & Infraestructuras, VIM, Construcciones Peñaranda, Consorcio Guidi Guidi Moreno, ICICOR-Costa Rica, Valdesol, Ingenierías Jorge Lizano & Asociados y Mantenimiento Cubero.
Hacienda asegura que todo interesado tuvo posibilidad de participar
Barrantes aseveró que con el objetivo de no inducir a error a la opinión pública, vale señalar que este proceso licitatorio inició desde el 2018 y 2019, “cuando se llevaron a cabo estudios de mercadeo y técnicos para determinar su viabilidad”.
Agregó: “A partir de la publicación efectuada, todo interesado, sin distinción alguna, tuvo la posibilidad de participar en la licitación de marras, en todas y cada una de las etapas, consolidándose de esa manera la aplicación del principio de concurrencia. Según el sistema de SICOP se realizaron 1.428 invitaciones, entre ellas al CFIA”.
Hacienda por medio de una circular comunicó el 31 de mayo pasado a los ministros y jerarcas de los órganos desconcentrados de la administración central, la Adenda al inicio de ejecución de la licitación pública.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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