El prevaricato es un delito que ocurre cuando un funcionario público o una autoridad judicial dicta de manera consciente una resolución que es injusta y contraria a la ley.
Carlos Alvarado, presidente de la República, ha sido denunciado en al menos dos ocasiones por este delito. Recientemente el abogado penalista Jorge Mario Marín, presentó una demanda por esa causa e incumplimiento de deberes, coacción y delitos contra la humanidad.
De acuerdo con el abogado, el mandatario por medio de decretos está dictando órdenes que son contrarias al derecho. Asimismo, aseguró que Alvarado comete el delito de prevaricato al no hablar sobre los convenios internacionales que tiene Costa Rica en materia de salud.
Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Daniel Salas, ministro de Salud, también fueron demandados por los mismos motivos.
Según Marín, su principal motivación para realizar la demanda, son los casos de personas con efectos secundarios graves tras la vacuna contra Covid-19 y las muertes por la misma razón. También, asegura que el número de personas muertas por Covid-19 está inflado.
Caso UPAD provocó otra demanda por prevaricato
El abogado Juan Diego Castro presentó hace 20 meses una demanda por el mismo delito contra el presidente Alvarado. En ese caso fue por la creación y funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Cuando lo hizo, mencionó que el presidente, si la fiscal general cumplía con su deber, debía responder como imputado de los delitos de prevaricato y violación de datos personales sensibles y de acceso restringido.
Este lunes Castro publicó en sus redes sociales que “la inútil fiscalía general es la principal cómplice de este gobierno corrupto y arbitrario. Ahora va la siguiente fase de la dictadura, el código QR”.
Abogados realizaron demanda colectiva por fraude alrededor del Covid-19
Un grupo de abogados de tres continentes prepararon en junio pasado una demanda colectiva por fraude alrededor del Covid-19. Específicamente, se basaron en la ruina económica que provocaron las medidas aplicadas por los gobiernos ante la pandemia, y que es un crimen de lesa humanidad vacunar masivamente con dosis experimentales.
Otro de los motivos de la demanda es que la prueba PCR no se diseñó para el uso que se le ha dado durante la situación sanitaria. Con evidencia sobre esto y otros datos, el alemán Reiner Fuellmich, el Dr. Justis P. Hoffmann, Antonia Fischer, Marcel Templin, Cathrin Behn y alrededor de 100 abogados más hicieron la demanda.
Lo abogados afirmaron que el principal objetivo de la cooperación internacional es evidenciar que el objetivo de la situación sanitaria actual, es abastecer de riqueza a élites políticas y corporativas.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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