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Defensoría determina que equipo de la UPAD operaba sin respaldo legal

Investigación de la Defensoría de los Habitantes constató que el Sistema Único de Beneficiarios del Estado fue utilizado por la UPAD para acceder a datos sensibles

Por medio del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), la Comisión Especial de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) tuvo acceso a información sensible.

Así lo determinó la Defensoría de los Habitantes por medio de una investigación realizada sobre el caso, que también dio como resultado que no hubo análisis de riesgos en protección de datos, incluyendo protocolos de actuación, seguridad, custodia de datos, identificación y manejo.

La institución señala que en al creación de la UPAD se contempló una serie de especialidades profesionales, pero no a una persona especialista en la protección de datos, o bien, en ciberseguridad.

“Se determina la necesidad de conocer qué otra información estaba en la computadora utilizada por el equipo y la naturaleza de la misma”, dice el informe de la Defensoría.

El primer punto abordado en el informe, menciona que el Decreto Ejecutivo No. 41996-MP-MIDEPLAN era contrario al ordenamiento jurídico, pues no cumple con el procedimiento al carecer de estudios técnicos y consulta experta en materia de protección de datos.

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Con respecto al tema legal, se indica que el equipo de asesores que trabajó en el análisis de datos en Casa Presidencial, lo hizo sin respaldo legal que justificara sus alcances y responsabilidades.

“Se requiere de personal técnico jurídico especializado, y quienes estaban realizando dicha labor eran asesores presidenciales sin especialización. Las competencias y responsabilidades en las funciones propias y ordinarias de un asesor presidencial difieren de las correspondientes a una persona que se avoque a la gestión y administración de bases de datos”, incluyó la Defensoría dentro de sus hallazgos.

Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, manifestó: “La protección de datos sensibles y confidenciales es una garantía que debe ser tutelada por el Estado Social y Democrático Derecho, para impedir actos arbitrarios desde el poder público en perjuicio de los habitantes”.

La Defensoría considera que se deben dejar sin efecto los convenios suscritos entre la Presidencia de la República y las instituciones a las que se les requirió información.

Además, informó que brindó al Ministerio Público una relación de hechos que dieron paso a la investigación que mantiene este órgano con respecto al caso UPAD.

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Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Sobre el autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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