Los diputados oficialistas rechazaron hoy cinco mociones en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa presentadas al proyecto de ley 24170, que reforma a la Ley General de Telecomunicaciones con el fin de establecer la obligación de dar acceso a las autoridades judiciales a registros de información. Sin embargo sí aprobaron una modificación que podría eliminar la potestad de la Fiscalía de apoyarse en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para intervenir comunicaciones.

Según explicó el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, el proyecto de ley:

Refuerza la competencia, la posibilidad de que las autoridades judiciales, como el OIJ y sobre todo el Ministerio Público en su dirección funcional de las investigaciones penales, puedan tener acceso a los registros de información que tienen las compañías de telecomunicaciones cuando se ha hecho un proceso de intervención de las comunicaciones en el marco de investigaciones penales por delitos muy graves”.

De varias mociones tramitadas, cinco fueron rechazadas y la única aprobada fue la propuesta por el diputado del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos.

Cuando se discutió la moción, el diputado Villalta explicó que -actualmente- el Ministerio Público es la instancia que ejerce la dirección funcional de intervención de las comunicaciones, pero como no hay suficientes fiscales para estar ahí sentados todo el día practicando las intervenciones telefónicas, delega la tarea en el OIJ. Sin embargo, la moción de Villalobos elimina la posibilidad de que el Ministerio Público delegue en el OIJ ese delicado trabajo, según explicó Villalta:

Esto significaría un bloqueo de esta actividad, porque el Ministerio Público por sí solo no tiene capacidad de gestionar todo esto sin el apoyo de la Policía. Entonces, quiero alertar que esta moción debilita más bien la capacidad de investigación de estos casos”.

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Por otra parte la diputada del FA, Sigrid Segura, se refirió a una disposición en la reforma planteada sobre el acceso a metadatos tales como quién se comunicó, cuándo, de dónde, con qué IP, etc. La propuesta permitiría al Ministerio Público delegar la tramitación de estas solicitudes en cuerpos de policía de investigación. La moción presentada -que no fue aprobada- buscaba limitar esa potestad a “cuerpos de policía judiciales específicamente”, típicamente OIJ. Para ella:

Otros cuerpos policiales, administrativos, municipales, tránsito, no tienen ese mismo vínculo funcional ni de investigación penal, ni necesariamente el mismo nivel de garantías sobre el manejo de información sensible. Y aquí quiero reiterar, estamos hablando de información sensible”.

José Miguel Villalobos defiende a acusados de presunto narcotráfico

Es importante recordar que Villalobos se ausentó el lunes 27 de julio pasado de la Asamblea Legislativa, según dio a conocer La Nación, para representar a un hombre de apellido Sánchez González, alias Pana, a quien le dictaron seis meses más de prisión preventiva en un caso por presunto narcotráfico. Según la nota de La Nación, el operativo de julio del 2025 involucró 400 agentes, 22 allanamientos y la captura de siete personas, incluidos dos funcionarios públicos, siendo Pana uno de los principales imputados.

Ni Villalta ni Villalobos pertenecen a la comisión mencionada. La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa está integrada por nueve diputados, cinco de ellos del Partido Pueblo Soberano: Gonzalo Ramírez Zamora (Presidente), Kattia Calvo Cruz, Nogui Acosta Jaén, Fernando Obaldía Álvarez, Daniel Siézar Cárdenas. Mientras que dos pertenecen al Partido Liberación Nacional: Eder Francisco Hernández Ulloa y Rafael Ángel Vargas Brenes; y Sigrid Violeta Segura Artavia es del Frente Amplio y Abril Gordienko López del Partido Unidad Social Cristiana.