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Diputada reprocha silencio de exfuncionarios vinculados con caso UPAD

Abogado especialista en protección de datos asegura que si fueran culpables podrían tener penas de 1 a 4 años de cárcel y sanciones de 1 a 30 salarios base

Diputada Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional

La diputada Silvia Hernández, presidenta de la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), reprochó el silencio de los exfuncionarios de Casa Presidencial vinculados a esta Unidad: Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, durante una sesión que mantuvieron el pasado miércoles.

¿Cuál era la importancia de los datos al momento de tomar decisiones? ¿La UPAD estaba funcionando antes del decreto? ¿Ustedes eran pagados por el presupuesto de Casa Presidencial? ¿Recibía órdenes de Rodolfo Piza o Víctor Morales? fueron preguntas que realizaron los congresistas de la comisión. Sin embargo, Fernández, Madrigal y Villalobos se acogieron a su derecho constitucional de abstenerse a declarar.

“A pesar de que los diputados que conformamos la unidad investigadora llevamos una batería de preguntas para que ellos le rindieran cuentas a Costa Rica, para que aprovecharan la oportunidad de hablar con transparencia y poder aclarar qué fue lo que sucedió en el uso de datos sensibles de los costarricenses, se abstuvieron de declarar, no rindieron cuentas al país”, explicó Hernández.

Para la congresista es reprochable el silencio sistemático de funcionarios del Gobierno cuando de rendir cuentas se trata. “Hemos hecho un trabajo serio de poder recabar mucha prueba documental y testimonial para poderle asegurar a los costarricenses que vamos a poder dar con qué fue lo que sucedió con la UPAD”, afirmó la diputada.

UPAD fue conformada para diseñar políticas públicas, según exfuncionarios

En el caso de Fernández y Madrigal, hicieron una intervención inicial durante la sesión. Fernández señaló que él siempre ha trabajado en apego a la ley y aseguró que su formación profesional lo faculta para el análisis de datos, pues realizaba un trabajo técnico y no político.

Madrigal por su parte puntualizó que los datos utilizados se apegaron a la legalidad, sin violentar la privacidad de las personas. También comentó que la UPAD fue conformada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, para tener claro el panorama para diseñar políticas públicas.

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Ante las preguntas, Madrigal contestó: “Me encantaría responder y dar explicaciones, pero por recomendaciones de mi abogado no responderé por estar el tema judicializado”.

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Responsables podrían ir hasta cuatro años a la cárcel

De acuerdo con Miguel Rodríguez, abogado especialista en protección de datos, las sanciones que podrían recibir los vinculados al caso, dependen de qué tipo de información manejaron.

“Se dice que tuvieron acceso a datos económicos, financieros, de vivienda y demás, pero para mí los más preocupantes son los referentes a religiones. Estos últimos si bien tienen medidas de protección en el ordenamiento político, propiamente están declarados como sensibles. Si se vulneraron este tipo de datos, la pena va de dos a cuatro años de cárcel”, aseveró Rodríguez.

El experto explicó que cuando se vulneran otros tipos de datos a través de acciones ilegítimas, la pena va de uno a tres años de cárcel. Desde la perspectiva administrativa de la Ley 8968, se habla de sanciones económicas que van de uno a 30 salarios base.

Existen posibilidades técnicas de que no sean sancionados

Con respecto a las posibilidades que existen para que los vinculados no sean sancionados, Rodríguez detalló que hay varias posibilidades técnicas, como por ejemplo, que no se recopilaran las pruebas pertinentes.

“Me preocupa la forma en que se recopilan los datos, porque también si la prueba no se ha recopilado de manera legal o hay algún vicio en la cadena de custodia, sobretodo desde la perspectiva de que son pruebas digitales, eso podría conllevar a dificultar con respecto a una posible sanción”, manifestó el especialista en protección de datos.

La reacción de las autoridades competentes para realizar los allanamientos e investigaciones también es un aspecto preocupante según Rodríguez. “El secuestro de teléfonos y todo el equipo fue muy lento. Habría que ver qué contenían estos dispositivos, porque cuando hablamos de pruebas en formato digital, el tiempo es esencial, en cuestión de 15 minutos se pueden destruir todas las pruebas”, añadió.

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Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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