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Desalojo de Cadena Mayor coincide con inicio de UPAD en Casa Presidencial

Al director de la Fundación Cadena Mayor le indicaron que Presidencia necesitaba el lugar para una nueva unidad especial

Olga Calderón, presidenta de la Fundación Cadena Mayor

En enero del 2019, la presidenta de la Fundación Cadena Mayor, Olga Calderón, afirmó que el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, no permitió la presencia en Casa Presidencial de la Fundación, donde habían trabajado desde el mandato de Miguel Ángel Rodríguez en 1999.

Con respecto al caso, la Fundación señaló que la Presidencia de la República les dio como plazo el 31 de enero de 2019 para desalojar su oficina en el Edificio Langer, anexo a Casa Presidencial, pues no renovó el convenio que se había mantenido durante las últimas cinco administraciones y necesitaban el espacio para un nuevo equipo de personas.

“El vicepresidente Rodríguez nos dijo que el desalojo se debía a que necesitaban el espacio para poner varias oficinas correspondientes a una unidad especial que estaban armando y que sería para apoyar al Ministerio de la Presidencia y al presidente Alvarado”, explicó Alex Rojas, director de la Fundación Cadena Mayor.

Juan Alfaro López, exviceministro de Hacienda

Rojas indicó que la carta de desalojo la recibieron del exviceministro de Hacienda, Juan Alfaro López y que la noticia impactó a los funcionarios de la Fundación.

“Nos quedamos con la boca abierta. Primero nos dijeron que iban a devolver el edificio donde estábamos porque se pagaba un dineral y después que necesitaban el espacio para un grupo de asesores”, dijo el director de Cadena Mayor.

La descripción de la razón de desalojo coincide con las acciones que realizaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), cuya creación se dio a conocer hace dos semanas.

Precisamente el diputado socialcristiano Rodolfo Peña, dijo durante la sesión legislativa de ayer jueves, que Alejandro Madrigal (quien fue la cabeza de la UPAD) había publicado en el 2018 las maravillas de tener información de todos los costarricenses por medio de datos.

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El legislador ante su argumento, cuestionó desde cuándo vienen trabajando los asesores.

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Diputado asegura que desenmascaró pequeña UPAD funcionando en Presidencia

Diputado Rodolfo Peña

Tras el anuncio de Casa Presidencial sobre el funcionamiento de un centro de llamadas para estudiar la opinión pública mediante sondeos, el diputado Peña, aseguró que desenmascaró una vez más al gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Durante la misma sesión en Plenario, Peña denunció la existencia de un centro de llamadas que opera desde el Edificio Langer y está conformado por cinco personas: Eliot Montero, Jorge Madrigal, Lucrecia Celiciano, Priscilla Quirós, Cristian Navarro y Alejandro Madrigal.

Lo preocupante, según el socialcristiano, es que estas personas no han vuelto a Casa Presidencial desde el jueves 27 de febrero, un día antes de que estas instalaciones fueran allanadas y que a pesar de ello, aún siguen en planilla.

“Hay muchas preguntas que se deben contestar y hago un llamado a Emilia Navas, porque son cinco personas que manejaron esto a la sombra de la UPAD y todos tenían conocimiento en Casa Presidencial”, manifestó Peña.

También el diputado pidió a sus compañeros de Plenario que conforman la comisión para investigar el caso UPAD, que incluyan en su plan de trabajo a este centro de llamadas.

Presidencia asegura que el centro de llamadas es para generar políticas públicas

La creación de los sondeos telefónicos, de acuerdo con Presidencia, se hizo para construir y generar políticas públicas con la opinión ciudadana.

“Un equipo de cinco personas elaboraba llamadas para aplicar sondeos que permitían conocer la percepción de la población sobre diversos temas de la realidad nacional, políticas públicas, proyectos de ley, gestión de gobiernos, entre otros”, informó Casa Presidencial mediante un comunicado de prensa.

Según indicaron, a las personas contactadas no se les pedía información personal, como: nombre, cédula, dirección exacta ni información financiera específica, por lo que desconocen la identidad de las personas entrevistadas.

“Las funciones administrativas asignadas se enfocaban en la realización de llamadas telefónicas y nunca accedieron a bases de datos ni tampoco realizaron monitoreo o investigaciones en redes sociales”, afirmó Casa Presidencial.

Para el diputado Peña, esta justificación no es bien recibida, ya que hay instituciones estatales que se dedican a hacer ese trabajo, entre ellas mencionó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

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Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

Acerca del autor Marianela Sanabria Leandro

Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

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