Las condiciones de pobreza que afrontan los habitantes de las regiones Huetar Caribe y Pacífico Central, se ven reflejadas en situaciones como: hombres y mujeres sin empleo que recurren al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para subsistir, personas adultas mayores que fijan su esperanza en una pensión del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y decenas de familias que viven en condición precaria.
Esas circunstancias son solo algunos hallazgos de una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes, que partió de las quejas planteadas ante esta institución por parte de los ciudadanos que habitan en ambas regiones.
De acuerdo con la Defensoría, en el periodo 2011-2016, del total de quejas registradas en estas zonas, 4.036 se trataron de atenciones irregulares de instituciones como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la CCSS, el Fondo Nacional de Becas (FONABE), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), IMAS, entre otras que debían lograr buenas gestiones en alguno de los programas de política social selectiva.
En el 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), determinó que el porcentaje de hogares en pobreza del Pacífico Central aumentó. Pasó de 28,2% en el 2016 a 29,9% en el 2017. Por el contrario, esta condición en la región Huetar Caribe disminuyó; pasó de 27,6% en el 2016 a 26,7% en el 2017.
Necesidad de mejorar atención
Tras la investigación, uno de los resultados que más alarma a la Defensoría, es que varias de las familias consultadas aseguraron que deben racionar los alimentos y limitarse algunas de las comidas básicas.
Según la institución, este tipo de situaciones son inaceptables si se es consciente de que el país destina gran cantidad de dinero para invertir en temas sociales. A pesar de la existencia de esos múltiples programas que funcionan para erradicar la pobreza, el 62% de las familias entrevistadas en la Huetar Caribe y el 29% en el Pacífico Central, afirmaron que no habían recibido beneficios de política social selectiva en los últimos cinco años.
Los hallazgos evidencian también la necesidad de mejorar la atención a las personas usuarias de los servicios y de mejorar el sistema para brindar información clara y oportuna sobre los programas, así como de los procedimientos y requisitos.
El Defensor de los Habitantes en funciones, Juan Manuel Cordero, indicó que “la Defensoría evidencia que las solicitudes de intervención que presentan los habitantes de estas zonas dan cuenta de que existen problemáticas estructurales donde las instituciones competentes del Estado han fallado u omitido identificar y atender adecuadamente las necesidades de sus pobladores”.
Soluciones
Basada en los resultados de la investigación, la Defensoría determinó una serie de acciones puntuales que considera que deben adoptar las instituciones del Estado responsables del combate y la superación de la pobreza.
Estos son los consejos que brindó la Defensoría a cinco instituciones públicas:
- Consejo Presidencial Social:
Elaborar directrices a las instituciones correspondientes para que diseñen y apliquen, revisen y fortalezcan el sistema de control interno, con el fin de que puedan brindar el adecuado seguimiento y fiscalización de los beneficios sociales que brindan a la ciudadanía; como becas, bonos de vivienda, transferencias monetarias, entre otros.
- Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS):
Valorar la incorporación a la Ficha de Información Social (FIS) de la Región Huetar Caribe, de criterios específicos para la calificación de la población afrodescendiente respecto de sus particularidades culturales.
- Instituto Costarricense de Turismo (ICT):
Diseñar y ejecutar campañas de promoción turística en conjunto con pequeños y medianos empresarios de las regiones. Además, implementar medidas para fortalecer la presencia en las regiones por medio de un trabajo conjunto y directo con actores del sector empresarial turístico.
- Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA):
Realizar un estudio en conjunto con el IMAS, del costo-beneficio del subsidio que se brinda a las personas en pobreza coyuntural, con ocasión del decreto de veda que anualmente se aplica entre mayo y julio. Con ello se estima que se puede determinar las acciones que pueden incluirse a fin de que la veda cumpla con los fines para los cuales fue hecha.
- Ministerio de la Presidencia:
Dar seguimiento e incentivar el cumplimiento de la directriz presidencial relativa al deber de todo ministerio e institución autónoma debe elaborar un plan de acción con políticas afirmativas dentro del marco del “Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, 2015-2024”.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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