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Contraloría y TSE consultan constitucionalidad de Ley Jaguar ante Sala IV

Conozca quiénes apoyan y quiénes están en contra del referéndum o Ley Jaguar. ¿Agilizaría proyectos o limitaría la fiscalización efectiva de la Contraloría?

Rodrigo Chaves, Presidente de Costa Rica

El pasado 5 de junio el presidente de la República, Rodrigo Chaves presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”.

La propuesta se basa en tres temas que se relacionan con reformas a la ley orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), modificaciones a la Ley General de Contratación Pública y a la Ley Orgánica de Japdeva.

Chaves solicitó a la Asamblea aprobarlo por medio de un referéndum, que se realizaría bajo la modalidad mancomunada que requeriría de 29 votos de los 57 diputados para que se convoque.

Ayer, 4 de julio, la Contraloría General de la República (CGR) presentó ante la Sala Constitucional, con base en lo dispuesto por el artículo 96 c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, consulta de constitucionalidad del proyecto de ley No. 24.364 en la modalidad de referéndum por iniciativa ciudadana. Dicha consulta se suma a la presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la cual fue acogida por la Sala IV el 27 de junio.

Marta Acosta, Contralora

PLN en contra del referéndum

Sin embargo, desde entonces la propuesta ha sido puesta en la mesa de discusión de expertos y diputados. Recientemente el secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén, llamó a rechazar el referéndum:

Choca con criterios de la Sala y por eso es inconstitucional. Hay jurisprudencia vigente al respecto, como la contenida en el voto 998. Además, reconocidos expertos han opinado así. Liberación Nacional ha sido un defensor histórico de nuestro estado de derecho.

Contador explica que agiliza proyectos pero limita fiscalización de la Contraloría

De acuerdo con Marco Vargas, especialista en contabilidad y auditoría de la firma VV&A, la intención descrita en el proyecto es buena, pero las modificaciones en las funciones de la CGR merman su trabajo de fiscalización preventiva y efectiva:

Las modificaciones propuestas que incluyen restricciones para la intervención preventiva y la necesidad de órdenes judiciales para suspender actos administrativos, representan un cambio importante en cómo la CGR podrá ejercer su labor de fiscalización.

Por otra parte, mencionó que adoptar enfoques preventivos y proactivos, relacionados con las tendencias internacionales, fortalecería la transparencia y la rendición de cuentas en Costa Rica, beneficiando a toda la sociedad, que ha sido testigo de casos de corrupción:

Esta modificación simplemente sería una oportunidad más para enterarnos de estas situaciones a posteriori.

La corporación Bank of America alertó sobre el debilitamiento de la CGR en caso de que el proyecto sea aprobado tal y como está planteado, pues aseguran que afectaría los controles y equilibrios del sistema político. Así se lee en el informe de Bank of America:

Una de las preguntas del referéndum sería si los ciudadanos están de acuerdo o no con despojar a la Contraloría General de la facultad de revisar la legalidad de los contratos de contratación pública antes de que se ejecuten. Así, la Contraloría solo estaría facultada para inspeccionar los gastos después de que ocurran. 

Qué busca el referéndum

Específicamente, la reforma a la Ley Orgánica de la CGR indica la potestad de fiscalización de la institución sobre la eficiencias de los controles interlomas, y la ejercerá según la disponibilidad de sus recursos.

También, añade un párrafo final al artículo 22 que indica que en ningún caso el ejercicio de esta potestad podrá suspender la ejecución de actos y contratos del Estado o sus instituciones. La suspensión solo se podrá llevar a cabo por medio de una orden judicial si hay un ordenamiento jurídico aplicable.

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El proyecto también modifica el artículo 9 de la Ley de Control Interno:

La administración activa y la auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta ley, serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad.

Con respecto a la modificación de la Ley General de Contratación Pública, el texto señala una modificación al artículo 67:

La Administración podrá comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios.

Para esto deberá haber estudios que demuestren que la opción elegida es la más rentable y viable; un avalúo hecho por el órgano especializado de la Administración respectiva; un estudio de mercado de las cuotas o eventuales cuotas de arrendamiento que lleven a determinar la idoneidad del bien que se pretende adquirir o alquilar, y un acto motivado adoptado por el máximo jerarca de la institución involucrada.

En cuanto a la reforma al artículo 5 Bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA, se indica que dentro de las competencias de la institución estará acordar las alianzas estratégicas y cualquier forma de asociación empresarial, con entidades públicas o privadas para desarrollar inversiones de infraestructura, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y cualquier otra actividad relacionada con sus competencias.

Asimismo, deberá incluir bienes inmuebles propiedad o bajo administración de las partes en las alianzas estratégicas, con excepción del patrimonio natural del Estado, así como el desarrollo de infraestructura necesaria para llegar a los objetivos de la alianza.

Las condiciones de estas alianzas serán definidas por el Consejo de Administración de Japdeva, y el plazo máximo de cualquiera de estas uniones, será de 50 años.

Sector alimentario apoya propuesta

La Cámara Costarricense de Industria Alimentaria (CACIA) compartió su acuerdo con el ajuste a la normativa, en busca de un equilibrio entre fiscalización y gobernanza.

Según Juan Ignacio Pérez, presidente de la Cámara, la reforma coincide con las propuestas de la industria alimentaria relacionadas con la búsqueda de mayor eficiencia estatal:

Hemos sido coherentes en señalar la necesidad de impulsar iniciativas tendientes a darle mayor eficiencia y celeridad a la administración pública. La cultura democrática tiene a las instituciones como herramientas para facilitar la mejora en la calidad de vida de las personas, y facilitar entornos que garanticen los equilibrios y contrapesos, propios de una democracia madura como la nuestra.

La congresista de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, defendió que es relevante llevar el proyecto por medio de referéndum:

En primer lugar porque creo que no hay un instrumento más democrático que el referéndum y en segundo, porque no hay certeza de que estos cambios del ejecutivo, van a tener tierra fértil en la Asamblea Legislativa.

Consulte aquí el proyecto de Ley Jaguar.

Marianela Sanabria Leandro
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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.

 

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Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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