Para el 2010 en Costa Rica la flotilla de vehículos eléctricos era de 233 unidades, para junio de 2024 llegó a 16531, según datos del Ministerio de Ambiente y Energía. La mayoría son automotores, le siguen los carros especiales como montacargas y cuadraciclos, luego motos y bicimotos y en menor cantidad los de trabajo de carga Liviana, pickup, autobuses, microbuses y camiones pesados.
Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA) aseguró:
Cada vez son más las personas que optan por este tipo de transporte y para aquellos que aún lo están pensando tenemos un Autoshow este fin de semana, en el Centro Comercial Aleste en Curridabat y los asistentes podrán no solo ver los 30 modelos en exhibición, sino que también podrán conducirlos.
El crecimiento de la industria automotriz eléctrica también se refleja en los datos de importación: durante el 2023 ingresaron al país más carros eléctricos que en el período comprendido entre los años 2018 (año de promulgación de la Ley de Incentivos a la Movilidad Eléctrica) y el 2022. Además, la cifra de importación del año pasado: 6.739 vehículos eléctricos, fue prácticamente alcanzada durante el primer semestre de este año, según datos de AIVEMA.
Según Aguilar:
Esto significa que cada día más consumidores se suman a la movilidad eléctrica, pues toman conciencia de la reducción de las emisiones de gases en beneficio del ambiente, pero también se benefician desde el punto de vista económico de la reducción de gastos derivados de su uso diario ya que la carga eléctrica es más barata que el combustible fósil, y en el largo plazo el mantenimiento del vehículo eléctrico es menor y menos frecuente que en los de combustión.
Se asoma nueva ley para disminuir precio al consumidor
En relación con este tipo de autos, el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), está proponiendo un proyecto de ley para establecer un margen máximo de comercialización de un 20%, con el objetivo de hacer accesibles los beneficios fiscales al consumidor final.
Según Jiménez, la Ley de Incentivos a la Movilidad Eléctrica del 2018 proporciona exenciones fiscales para estos vehículos, pero su aplicación ha sido objeto de “abuso” por parte de algunos distribuidores, por ello busca que estos beneficios fiscales influyan también en el límite máximo de margen bruto de comercialización.
Jiménez asegura que algunos distribuidores han estado aplicando márgenes de comercialización superiores al 40%. Si se aprobara el proyecto de ley -que aún no ha sido presentado- los distribuidores que ganasen más de un 20% del valor de nacionalización del vehículo serían multados con el 100% de los impuestos no pagados correctamente.
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