La tarde de este jueves 35 diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley 20.961 contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico.
El proyecto se tramita desde hace año y medio en la Asamblea Legislativa, y de acuerdo con Daniel Ulate, diputado que impulsa la iniciativa, busca dar más herramientas al Estado para atacar el contrabando de licor desde la perspectiva de evasión fiscal y de salud pública.
“Con este plan se pretende dar potestad a las municipalidades para que puedan realizar operativos en los que puedan detectar contrabando de licor, ayudándole de manera paralela al Ministerio de Hacienda y a la Policía de Control Fiscal a atacar de manera eficaz y conjunta la problemática”, dijo el congresista.
Ulate explicó que la propuesta de ley tomó en cuenta todas las observaciones del Ministerio de Hacienda. “Esta cartera desea hacer un estudio de costo-beneficio para implementar un mecanismo tecnológico. Estoy de acuerdo con eso, ya que hay estudios que indican que en Costa Rica el 60% del licor que se consume es ilegal”, aseveró.
38 personas han muerto por consumo de licor adulterado
Para el diputado liberacionista, es preocupante cómo las muertes por consumo de licor adulterado van en aumento. Al 13 de noviembre la Unidad de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud contabilizaba 76 casos sospechosos de intoxicación por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, de los cuales han fallecido 38.
“Este proyecto le permitiría al país tener un repositorio único de bebidas alcohólicas, donde mediante un sistema de trazabilidad, Hacienda podría verificar qué tipo de licor es legal o ilegal. Verificar mediante el sistema cuáles comercios están vendiendo licor adulterado permitirá a las autoridades correspondientes imponer sanciones y rastrear más fácilmente a las personas que se dedican a este tipo de negocio ilícito”, dijo el verdiblanco.
Ulate agregó que el mercado negro del licor es un excelente negocio porque por ejemplo, mientras una botella de 365 ml de Guaro Cacique, fabricado y distribuido por la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) tiene un costo al detalle de aproximadamente ¢1.900 (de los cuales ¢1000 se destinan al pago de impuestos), una botella con contenido similar y de la misma presentación pero de marcas contrabandeadas y envasada en condiciones insalubres, se puede conseguir en ¢600.
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Organizaciones respaldan proyecto
La Red Nacional Antitabaco (RENATA) ha reconocido en varias ocasiones que este es un proyecto de alta incidencia en el combate del comercio ilícito y la promoción de la salud.
Nydia Amador, presidenta de la organización defendió que establecer este sistema daría paso al seguimiento de productos desde que sale de la fábrica o del almacén fiscal, hasta su destino final: el consumidor. “Se ha comprobado que los sistemas de trazabilidad de alta tecnología e independientes de la industria, permiten reducir los riesgos de contrabando, adulteración y evasión fiscal”, acotó.
La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) también manifestó varias veces que esta propuesta es una alternativa para solucionar la problemática de intoxicaciones.
“Recordemos que nuestra Constitución Política establece que el Estado tiene que garantizar la salud de las personas, específicamente en el artículo 46. Por lo tanto, el Estado y sus instituciones tienen que asegurarse por un tema de derechos, de lo que los consumidores vayan a comprar, proteja su salud e intereses económicos con información adecuada”, recordó Jonathan Espinoza, director ejecutivo de la ANAI.
Se estima que el proyecto de ley sea votado en segundo debate el 26 de noviembre.
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Marianela Sanabria Leandro
Periodista Licenciada en Producción de Medios de la Universidad Latina de Costa Rica. Locutora comercial formada en el Instituto Nacional de Aprendizaje.
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