La cuarta reunión (MOP4) de los países miembros del “Protocolo contra el Comercio Ilícito de Tabaco”, finalizó en Ginebra, Suiza, con la adopción de decisiones para fortalecer la cooperación internacional y acelerar la aplicación de ese tratado, que a 13 años de acordado y a ocho de quedar vigente, requiere ser fortalecido.
El protocolo fue suscrito por 71 partes, de los cuales solo fue ratificado por 54, números que contrastan con las 183 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), del cual aquel es parte integral. Costa Rica es una de las 54 Partes desde 2016, según el Decreto Ejecutivo N°40152 del 7 de noviembre de 2016 y la aprobación de la Asamblea Legislativa
En la conferencia realizada del 24 al 26 de noviembre participaron 60 partes y entre los asuntos tratados, destacan “las medidas para aumentar la cooperación internacional en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, los mecanismos de asistencia y movilización de recursos financieros para apoyar la aplicación del Protocolo, la concesión de licencias y las medidas para controlar la cadena de suministro de los productos de tabaco”, señaló la declaración.
Comercio ilícito de tabaco es de un 11%
Se estima que el comercio ilícito de tabaco representa alrededor del 11% del mercado mundial del tabaco, y que su eliminación podría incrementar los ingresos tributarios mundiales en torno a US$47.000 millones.
Andrew Black, Jefe Interino de la Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, mencionó:
El comercio ilícito de productos de tabaco no es un delito sin víctimas. Priva a los gobiernos de recursos vitales, socava la salud pública y erosiona los cimientos del desarrollo sostenible. Alimenta la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada. No podemos permitir que quienes se benefician del comercio ilícito de tabaco escapen de la justicia.
Se acordó que la Secretaría del Convenio, en coordinación con la Organización Mundial de Aduanas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sistematice los datos existentes sobre incautaciones de tabaco, productos del tabaco y equipo de fabricación, información que se utilizará para fundamentar la toma de decisiones sobre la lucha contra el comercio ilícito de tabaco.
También constituir un grupo de trabajo sobre las investigaciones basadas en la evidencia y promover el intercambio de experiencias relacionadas con medidas de control, mejores prácticas, estudios de casos conexos, tecnología y fortalecimiento de la capacidad.
También un segundo grupo de trabajo para determinar las buenas prácticas y preparar un informe sobre mecanismos eficaces para reforzar la asistencia y la cooperación en materia de investigación y persecución de infracciones.
Adicionalmente, “redoblar los esfuerzos para vigilar y recaudar las tasas que se fijen en concepto de licencias, y que se utilicen en la administración y aplicación eficaces del sistema de concesión de licencias, o con fines de salud pública o en cualesquiera otras actividades conexas. También se instó a las Partes a cooperar entre sí y a través de las organizaciones internacionales y regionales competentes para proporcionar capacitación, asistencia técnica y ayuda en la implementación de medidas relacionadas con la concesión de licencias”.
El Protocolo se elaboró en respuesta al creciente comercio ilícito de tabaco, que supone una grave amenaza para la salud pública. El comercio ilícito aumenta la accesibilidad y asequibilidad de los productos de tabaco, lo que alimenta la epidemia de tabaquismo y socava las políticas de control del tabaco. También causa pérdidas sustanciales en los ingresos públicos y, al mismo tiempo, contribuye a la financiación de actividades delictivas transnacionales.
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