Los jubilados del Magisterio Nacional solicitan a las candidaturas a la Presidencia de la República un pronunciamiento público y fundamentado sobre el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), en el marco del conversatorio convocado por la Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA) que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre.
Los pensionados, organizados bajo la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA), señalan que el RTR es un régimen jurídica y operacionalmente distinto al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con cotizaciones históricamente más altas que oscilaron entre el 5% y el 16% del salario, en algunos periodos incluso superiores a las del resto del sector público.
Además, recuerdan que las personas jubiladas del Magisterio continúan cotizando una parte de su pensión después de retiradas, lo que evidencia el carácter contributivo y solidario del régimen.
Entre 1958 y 1992, el personal docente cumplió con su responsabilidad de formar a la población costarricense y, simultáneamente, cotizó para su retiro conforme a la ley. Sin embargo, los recursos aportados no fueron consolidados como un fondo autónomo, sino utilizados para otros fines estatales, lo que trasladó el pago de las pensiones al Presupuesto Nacional. Esta situación provocó que, con el tiempo, las pensiones del Magisterio fueran injustamente clasificadas como pensiones de gracia, desconociendo el origen contributivo que las sustenta.
Esta distorsión propició una narrativa errónea, que presenta a los jubilados del Magisterio como beneficiarios de “pensiones de lujo”. No obstante, las pensiones del RTR son el resultado de cotizaciones continuas durante toda la vida laboral, de aportes superiores al promedio y de una labor docente que sostuvo la educación pública en todo el territorio nacional, incluyendo zonas rurales y comunidades de difícil acceso. Los jubilados del Magisterio siguen pagando cotización, contribución solidaria y seguro social aún después de pensionados con deducciones de hasta 50% de su pensión bruta, a diferencia del IVM que no paga esas deducciones.
“No estamos pidiendo privilegios ni excepciones. Estamos solicitando respeto a la base contributiva que dio origen a estas pensiones y al derecho adquirido, conforme lo reconoce la Constitución Política y múltiples resoluciones constitucionales”, señaló Jorge Danilo García, vocero de AJA.
Frente a este panorama, los jubilados del Magisterio Nacional solicitan a las candidaturas presidenciales definir con claridad:
- Que se reconozca nuestros derechos a recibir una pensión digna para la cual cotizamos, sin recortes discriminatorios.
- Que se condene el manejo patrimonialista por parte del estado de nuestros fondos y reconozca que el pago que se nos hace corresponde a una indemnización por el desvío de fondos realizados por las administraciones anteriores
- Apoyo público para una ley que defina que los aportes de los fondos de pensiones son inviolables y sus violaciones constituyen un delito sin prescripción en el tiempo.
AJA recuerda que cerca de 30.000 pensionados no han recibido ajustes por costo de vida en más de cinco años, a pesar del Convenio 102 de la OIT, que garantiza la preservación de la capacidad adquisitiva de las pensiones.
A esta situación se suma la Ley 9796, aprobada en 2019, que estableció contribuciones solidarias y topes sobre las pensiones del Magisterio ya en curso de pago. Estas reducciones, aplicadas de manera porcentual sobre el monto bruto de la pensión, tienen carácter permanente y acumulativo, lo que ha disminuido de forma sostenida la capacidad adquisitiva de las personas jubiladas.
El conversatorio con los candidatos presidenciales se llevará a cabo el 12 de noviembre en la sede central de JUPEMA, con la participación de AFUP y representantes del Magisterio Nacional. Se espera que las candidaturas presidenciales definan con claridad su posición y compromiso respecto al Régimen Transitorio de Reparto (RTR).
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