Un estudio de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) evidenció cómo las empresas tabacaleras utilizan memorándums de entendimiento, una forma de acuerdo sin efectos obligatorios, para evitar controles más estrictos sobre el comercio ilícito por parte de las autoridades gubernamentales en todo el mundo.
“Para reemplazar los controles gubernamentales efectivos, las compañías transnacionales de tabaco promueven su deficiente sistema de rastreo y trazabilidad (…) y establecen colaboraciones voluntarias con las aduanas y agencias de impuestos”, detalla la investigación, publicada en la revista científica British Medical Journal.
El estudio lo desarrolló un equipo interdisciplinario de ciencias políticas y de la salud, compuesto por los investigadores Eric Crosbie, Stella Bialous y Stanton Glantz. Ellos recopilaron memorándums firmados por compañías como British American Tobacco (BAT), Philip Morris International (PMI), Imperial, Gallaher, entre otras, desde los años 90.
De los más de 124 documentos de este tipo identificados en la investigación, el contenido de la mayoría no ha sido divulgado abiertamente. “El hecho de que estos acuerdos continúen negociándose sin transparencia y sin la publicación de su texto final hace imposible confirmar que sean ejecutables o potencialmente efectivos para reducir el contrabando”, explican los autores.
Situación en Costa Rica
La vicepresidenta de la Red Nacional Antitabaco (RENATA), Dra. Nydia Amador, comenta algunos casos en los que se ha visto este tipo de influencia por parte de la industria tabacalera, incluso en Costa Rica.
Los investigadores Crosbie y Glantz, junto con el médico Ernesto Sebrié, habían publicado en 2012 un artículo en el que ya hacían referencia a este tipo de actividades en Costa Rica. Por ejemplo, “en mayo de 2000, la BAT y la PMI hicieron un borrador de acuerdo voluntario para autorregular la publicidad del tabaco, el cual el Ministro de Salud Rogelio Pardo (…) acordó verbalmente en octubre de 2000”, detallan. “El acuerdo ‘de palabra’ nunca fue ejecutado formalmente, aliviando la obligación legal de la BAT y la PMI de cumplir con sus términos”, amplían.
Ese acuerdo, así como otras medidas voluntarias tomadas por la propia industria tabacalera, sirvieron como base para que ésta se opusiera a otras regulaciones en nuestro país, incluyendo varios proyectos para el control del tabaco, aduciendo que ya se habían tomado acciones previamente.
La Dra. Amador también manifestó la preocupación por la forma en que se llevan a cabo estos acuerdos entre gobiernos e industria.
Sin resultados
Los autores advierten que “los memorándums de entendimiento carecen de resultados medibles e independientemente ejecutables, en particular penas efectivas para el decomiso de productos ilegales”.
Esta estrategia se complementa, de acuerdo con los investigadores, con campañas para la reducción del comercio ilegal desarrolladas y promovidas por las propias tabacaleras, así como el financiamiento de estudios científicos para contrarrestar aquellos que afectan sus intereses.
La aceptación por parte de los gobiernos de estas medidas iría en contra de las disposiciones del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud. “En contraste con los acuerdos voluntarios con las tabacaleras, el Protocolo establece una guía clara de estrategias para abordar el comercio ilícito y las interacciones con la industria”, sostienen los investigadores de la UCSF.
Finalmente, advierten que “los gobiernos deberían abstenerse de aliarse con las mismas compañías que deberían estar vigilando, lo cual representa un claro conflicto de intereses”.
La investigación completa se encuentra disponible en el sitio web de British Medical Journal.
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Alejandro Portilla Navarro
Periodista, locutor, productor audiovisual y diseñador web. Bachiller en Periodismo y en Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica.
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