Desde el momento en que la empresa estadounidense Uber comenzó su expansión por el mundo, no se han detenido las manifestaciones de taxistas que denuncian la supuesta ilegalidad del servicio. Costa Rica no es la excepción, el 3 julio cientos de taxistas solicitaron -una vez más- frente a Casa Presidencial, la salida de las operaciones de Uber.
En un documento que se presentó al presidente de la República, Carlos Alvarado, y a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los taxistas subrayaron, entre otras cosas, la pérdida del 70% de sus clientes y un aumento en el desempleo de su gremio.
El pasado 1 de agosto -a casi un mes de la manifestación- el secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), Rubén Vargas, entregó al Gobierno un recordatorio en donde indica que el 20 de agosto se vence el plazo de los 45 días que negociaron para dar una resolución al conflicto.
Vea las declaraciones del secretario de la Unión de Taxistas Costarricenses, Rubén Vargas.
“No queremos una respuesta de evasivas, ni de buscarle la comba al palo, porque el taxista ha creído en el diálogo y la legalidad, pero si se da una regularización de esta aplicación, no habrá más diálogo ¡Uber se tiene que ir!”, dijo a aDiarioCR el secretario de la UTC.
Además Vargas señaló que existe un contrato de concesión por 10 años firmado con el gobierno en el 2014, “si se regula la empresa de Uber habría que hacer una variación de las leyes 3503, 7969 y 8955, lo que implica una ruptura de contrato. Automáticamente el Estado estaría obligado por medio de un perito a reconocer los daños y perjuicios que se le ocasionarían al grupo de taxistas”.
Por su parte el gerente general de Uber Costa Rica, Andrés Echandi, en una entrevista con El Financiero, publicada el 10 de julio, expresó su disposición para negociar una regulación con el Gobierno, ya que durante el mandato de Luis Guillermo Solís, no se pudo concretar ninguna acción.
"Estamos muy a favor de una regulación. Nosotros estamos legalmente constituidos en Costa Rica, cumplimos con todos nuestros deberes como compañía", afirmó Echandi.
Según Echandi la regulación para Uber debe ser completamente diferente a la que rige para los taxis. “Los taxis son un servicio de transporte público, mientras que los viajes que ofrecen los conductores de Uber son contratos privados entre dos personas bajo un sistema de economía colaborativa”.
Qué ha pasado en otros países
Cuando en México se legalizó el uso de Uber la noticia le dio la vuelta al mundo. El anuncio posicionó a la Ciudad de México como la primer ciudad de América Latina que fijaba las condiciones a este servicio.
El acuerdo estableció reglas sobre las condiciones físicas de los automóviles, permisos anuales de transporte privado con un costo de US$101,29, el pago de 1,5% por cada viaje y la cancelación obligatoria anual de US$292 por operar su servicio de geolocalización en la Ciudad de México.
En octubre de 2017, el gobierno el gobierno de Panamá publicó el Reglamento para las Plataformas de Transporte en donde se incluyen una serie de regulaciones para Uber.
El presidente de este país, Juan Carlos Varela por medio de la Secretaría de Comunicación del Estado, indicó que se le daría un plazo de 6 meses a esta aplicación para volver exclusivamente al cobro electrónico y eliminar la opción de pago en efectivo.
Además creó, dentro de su legislación, una nueva categoría de transporte, denominada transporte de lujo ofrecido a través de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), que no se podrá ofrecerse en la vía pública ni podrá tener una central física en donde los usuarios soliciten el servicio, al igual que lo hacen los taxistas.
El decreto estableció que los conductores asociados a la plataforma deben ser mayores de 21 años, contar con licencia E1 (exclusivo para personas con nacionalidad panameña que permite realizar transporte público) y se restringió el servicio exclusivamente en las provincias de Panamá Oeste, ciudad Panamá, Colón y Coclé.
En Colombia Uber lleva todas las de perder, desde el 2013 múltiples disputas para legalizar esta App de transporte se han llevado a cabo con entes reguladores y autoridades de movilidad.
Uber opera en Colombia en medio de un vacío jurídico, debido a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asegura que no puede bloquear la aplicación, mientras que el Ministerio Transporte indica que prestan ilegalmente el servicio aunque solo puede imponerles multas a los choferes Uber.
Aunque el gobierno de Chile está tratando de establecer una regularización por medio de un proyecto de "Ley Uber", los taxistas siguen disconformes.
La iniciativa pretende pedir a los conductores la licencia A1 de carácter profesional (el chofer debe haber tenido por dos años una licencia clase B que es la que obtienen los conductores de vehículos livianos), ser mayor de 20 años y pagar los seguros de responsabilidad civil para proteger a los pasajeros, además de una declaración jurada de que el solicitante no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas prohibidas.
También la plataforma debe estar inscrita como empresa de transporte remunerado de pasajeros y pagar impuestos.
En Argentina la provincia de Mendoza fue la primera en legalizar el sistema virtual como un servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas de interés público.
Esta semana en la Cámara de Diputados de este país se debate si aplicar reglas similares en Buenos Aires. El proyecto que se analiza exige no conducir el vehículo por más de 8 horas seguidas, estar al día con los impuestos y figurar en el registro oficial de prestadores. En tanto los dueños de los autos deberán contar con la verificación técnica vehicular, un seguro para el auto y un seguro para terceros.
Al otro lado del mundo, las multitudinarias huelgas de taxistas en Barcelona y Madrid han encendido la polémica contra Uber a principios de esta semana. Esto se debe a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de suspender de manera cautelar el reglamento metropolitano que restringe la concesión de licencias VTC (licencias de vehículos con conductor), las cuales aplican para choferes de Uber.
El reglamento del Área Metropolitana de Barcelona prevé una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Sin embargo, esta normativa fue suspendida por la justicia de manera cautelar a petición de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Por el momento en Costa Rica el gremio de taxistas, los 800 mil usuarios y 21.000 conductores de Uber, esperan una pronta respuesta del Gobierno que establezca las reglas claras para las nuevas plataformas de transporte.
- La canasta básica ha puesto de cabeza a Costa Rica - 21 de septiembre de 2018
- Operación antiplástico - 20 de septiembre de 2018
- Proyecto navideño por los niños de Upala - 20 de septiembre de 2018
Arturo Padilla Chinchilla
Periodista y productor audiovisual. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo y producción audiovisual de la Universidad de Costa Rica.
1 Comment