Desde que el Gobierno del presidente Carlos Alvarado anunció que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o Plan Fiscal, incluiría un impuestos del 2% a la canasta básica, parte importante de la población pegó el grito al cielo por considerar que la medida afecta a los más pobres.
“Sería mucho mejor gravar productos que no son de consumo cotidiano ni de primera necesidad, como lo es el caso de las bebidas alcohólicas o los cigarros”, José María Villalta, del Partido Frente Amplio.
El diputado ha insistido en que este impuesto afecta a quienes no tienen las herramientas legales para defenderse, y que con costos pueden llevar a su mesa el plato de arroz y frijoles.
El impuesto al alcohol es apoyada por el 91,5% de los encuestados por aDiarioCR.com
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La Asamblea Legislativa consideró que un 2% a la canasta básica era excesivo y decidió bajar el impuesto a un 1%, con la condición de que se destine parte de los ¢5.000 millones -que se espera recaudar- al otorgamiento de pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Sin embargo, diversos grupos siguen en oposición y esta molestia ha causado que hoy se cumplan 12 días de huelga, movilizada por parte de los sindicatos de diferentes instituciones del Estado que -entre otras cosas- exigen la exoneración de la canasta básica.
Por su parte, la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, asegura que el impuesto a la canasta permitiría al Estado tener mejor control sobre la cadena de producción de alimentos. Sin embargo, muchos se preguntan por qué un impuesto a la canasta básica y no a otros productos o servicios. El economista de la UCR, Rudolf Lucke, coincide con Aguilar y explica por qué.
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Qué es la canasta básica
Según explicó a aDiarioCR.com el economista Lucke, la canasta básica es un grupo de bienes definidos por el Ministerio de Hacienda que han estado exentos del pago de impuesto de ventas. Una de las principales razones por las que se creó fue para beneficiar a las poblaciones en extrema pobreza del país y de esta manera poder definir qué productos deben mantenerse al alcance de las personas menos favorecidos económicamente.
Para definir su contenido es necesario el trabajo de dos instituciones: por un lado, el Ministerio de Salud se basa en aspectos nutricionales; y por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se basa en sus encuestas para precisar qué consume mayoritariamente la población. Parte del principio de universalidad el cual consiste en que para que un producto ingrese a la canasta debe ser consumido por mínimo un 10% de la población.
“Luego de analizar los dictámenes institucionales del Ministerio de Salud y del INEC se hacen los cálculos para informar a la población el Índice del Precio al Consumidor (IPC), el cual es un indicador estadístico que mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares costarricenses en un mes”, dijo Lucke.
En otras palabras, el IPC mide únicamente las variaciones de los precios de un producto con el mes anterior y no compara precios de un artículo entre establecimientos. Por ello, un producto de la canasta básica no cuesta lo mismo en todo el país.
Según datos del INEC, este indicador es una fuente de información para estimar la inflación, actualizar la política monetaria y, en general, para la planificación económica del país. También es utilizado en los ajustes de salarios, reajustes de contratos de alquiler, cálculo de los modelos tarifarios, para estimar el cambio en el poder de compra, entre otras.
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Qué productos incluye la canasta
El INEC de manera mensual actualiza las cifras referentes a la canasta básica con base en los alimentos consumidos por más del 10% de la población. Son un total de 315 productos de 18 secciones alimenticias (lácteos, carne de res, cerdo, pollo y pescado, embutidos, leguminosas, hortalizas, frutas, tubérculos y raíces, pan y galletas, cereales, azúcar, huevo y grasas y bebidas no alcohólicas).
Si se aplicara el 1% del IVA, hoy un kilo de papa pasaría de ¢1460 a ¢1475; una bolsa de arroz pasaría de ¢1310 a ¢1323. Según Lucke, aunque la diferencia puede parecer baja, el cambio de precios golpearía gravemente a los habitantes que viven en extrema pobreza, el 6,2% de la población.
Esta cifra corresponde a 306.510 personas que perciben ingresos per cápita inferiores al costo de la Canasta Básica Alimentaria (Encuesta Nacional de Hogares, INEC, julio 2017).
No obstante, el experto asegura que el gravamen del 1% es necesario, no solo para la canasta básica, sino que se debería aplicar un impuesto a todo lo que se mueva en la economía nacional y que en este momento no cuente con un sistema de trazabilidad.
“Supongamos que tenemos un producto exento, quien lo vende no está obligado a acreditar los impuestos que pagan los diferentes servicios. Con el IVA se va a generar ese interés que va a hacer que cuando yo vendo un producto y pago impuestos y compro un producto y pago impuestos no quiera pagar doble, entonces para no pagar doble voy a estar pendiente de entregar y recibir facturas. Por lo que la razón de gravar la canasta básica es poder generar sistemas de trazabilidad para lograr el control tributario”, aseguró Lucke.
“El problema actual de Costa Rica es la evasión fiscal, si a mi me dicen ponemos el IVA, pero dejamos exento un montón de cosas, yo diría, ¿entonces para qué el IVA? La idea es generar una conexión en la economía de modo que Hacienda pueda generar cruces, lo cual le permitiría verificar si los impuestos de venta que pagaron los contadores, seguridad privada, economistas, abogados, profesionales liberales, pequeña y mediana empresa, entre otros sectores están calzando con lo que reportan en ingresos a la hora de pagar renta”, explicó Lucke.
Vea las declaraciones del economista y especialista en canasta básica de la UCR, Rudolf Lucke.
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Arturo Padilla Chinchilla
Periodista y productor audiovisual. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo y producción audiovisual de la Universidad de Costa Rica.
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